E
n cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la ley que regula el proceso de juicio político, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y 8 legisladores prestaron juramento como integrantes de la Sala Juzgadora.
En la sesión especial de ayer se resolvió, además, fijar para el viernes 8 de octubre la fecha de realización de la sesión pública en las que los legisladores acusadores Wilder, Urquiza y Deheza expondrán los argumentos de la acusación formulada por la Sala Acusadora contra el vocal del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciuti.
En tanto que se acordó que el lunes 1 de noviembre el acusado presente su descargo respecto de las imputaciones en su contra. A partir de ayer comenzaron a correr los 2 meses que la constitución establece como plazo máxime para la Sala Juzgadora se expida, por lo que el 20 de noviembre –a más tardar– deberá conocerse la sentencia. En caso contrario el acusado será considerado absuelto y volverá al ejercicio de sus funciones.
A esta instancia del proceso, iniciado por la denuncia presentada por el senador Martínez contra los tres miembros del órgano de control por percibir salarios que exceden el tope fijado en ley orgánica del Tribunal de Cuentas y la Constitución, se arriba luego de que los 7 legisladores que integraron la Sala Acusadora resolvieran por unanimidad acusar a Ricciuti, y en votación dividida desvincular a los vocales Caballero y Longhitano.
La sesión de ayer comenzó con una hora de retraso y con la ausencia del presidente del bloque del FPV, Ricardo Wilder.
Recién a las 15:07 el ministro de la Corte Gonzalo Sagastume juró como presidente de la Sala Juzgadora, para posteriormente tomar –en ese orden– el juramento de rigor a los legisladores Fabio Marinello (PSP); Ana Lía Collavino (FPV); Verónica De María (ARI); Adrián Fernández (FPV); Marcelo Fernández (ARI); Roberto Frate (MPF); Damián Löffler (MPF) y Gabriel Pluis (UCR). Por último juró como secretaría de la Comisión la Directora de Secretaría General de la Presidencia de la Legislatura, Edith Del Valle.
Por moción de Frate de procedió a fijar fecha para las dos próximas sesiones, y a instancia del radical se determinó que durante el proceso de juzgamiento se aplique como norma supletoria a la ley de juicio político el Código Procesal Penal.
Excusación en análisis
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, y desde ayer de la Sala Juzgadora, Gonzalo Sagastume precisó que una vez analizada la resolución acusatoria dictada por la Sala Acusadora, con más sus antecedentes, resolverá si considera que corresponde presentar anta los demás integrantes de la Sala Juzgadora un pedido de excusación para “no seguir interviniendo como juez de este tribunal de enjuiciamiento”. Explicó que esa determinación estará directamente vinculada con el hecho que se le impute a Ricciuti. Es decir, si la acusación se sustenta únicamente en el incumplimiento del artículo 7 de la ley 50 o si también en la violación del inciso 4 del artículo 73 de la Constitución. Dejó entrever que en caso de sustentarse la imputación en el primer supuesto no existiría fundamento para su excusación. Distinta sería la situación si la acusación refiriera a la limitación salarial constitucional, ya que sostuvo que en ese caso podría cuestionarse su imparcialidad en el entendimiento de que sus conducta podría verse afectada por un interés personal, habida cuenta de las controversia que existe en torno a la aplicabilidad o no de ese tope salarial para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial. De todas maneras, la última palabra la tendrán los legisladores de la Sala Juzgadora, ya que serán estos quienes deberán aceptar o rechazar una potencial excusación de Sagastume.
Es de tener en cuenta que aún cuando la denuncia del senador Martínez hace referencia tanto a la violación de la ley 50 como de la Constitución, los dictámenes de la Sala Acusadora no son coincidentes en cuanto a los hechos imputados. Mientras los votos de Raimbault, López y Deheza hacen referencia ambas cuestiones, el firmado por Wilder, Furlan, Urquiza y Velásquez circunscribe la acusación al incumplimiento de la ley 50 y al dictado, a tal fin, de diversas normas internas.
