U
n grupo de docentes del Colegio Provincial de Educación Técnica de Río Grande (CPET) denunció un grave conflicto que afecta la institución y que persiste hace más de un año y medio, pese a la intervención de la Fiscalía de Estado y una resolución oficial dictada desde el Ministerio de Educación de la Provincia, que resultó favorable al reclamo de los trabajadores.
Los docentes denunciantes Carlos Balbo y Marcelo Romero entregaron documentación a EDFM, donde consta que luego de dieciocho meses y a raíz de los recursos, denuncias, entre otras diligencias formalizadas ante el Ministerio y la Fiscalía de Estado, la ministra de Educación Amanda del Corro dictó la Resolución Nº 1.700/10 el día 21 de julio pasado. En esta disposición –que le dio la razón a los docentes denunciantes– la funcionaria reconoció que “... dada la gravedad institucional de lo denunciado...”, y que: “... se han corroborado las irregularidades denunciadas en varios actos administrativos por cuanto la ex Subsecretaria Cristina Argañaráz así como las autoridades irregularmente designadas por ella” (Director Juan C. Ale y Vicedirectores Néstor Saenz, Juan Vilca, Juan Ghigliotti y Pablo Caliva) “..., han desconocido de manera manifiesta el procedimiento legal establecido por la normativa vigente”. Por este motivo instruyó a la Subsecretaría de Educación Secundaria –que se encuentra a cargo de Agustín Borthyri– con el fin de que proceda a revocar por razones de ilegitimidad todos los actos administrativos desde el 10 de marzo del año 2009 en adelante que hayan sido firmados por estos funcionarios.
Consultados los docentes denunciantes, manifestaron a este medio: “No obstante la instrucción de la Ministro, el propio Fiscal de Estado de la provincia mediante la Resolución Nº 53/10 exhortó a Del Corro para que fije el plazo concreto en el cual se llevará adelante la instrucción y además le hace saber que debido a tales irregularidades admitidas por Educación, deberá ordenar el inicio de las informaciones sumarias a efectos de determinar las responsabilidades que pudieran caberle a aquellos que intervinieron en los actos a revocar.”.
Así Balbo junto a Romero sostuvieron que: “Sin embargo, luego de transcurridos 70 días de la Resolución 1700/10 nada se ha hecho hasta la fecha, siendo el principal responsable de esto el Subsecrtetario Borthyri, que desoye una orden de la ministra Del Corro.”
En ese sentido Romero advirtió “La escuela es un caos administrativo conducido por autoridades irregulares lo que genera un ambiente pésimo de trabajo y mucha incertidumbre sobre la documentación que aún continúan firmando el Director y los Vicedirectores del establecimiento”. Por ello los docentes se plantean que seguridad jurídica tendrá tal documentación si quienes la firman carecen de legitimidad desde que fueron nombrados”.
Agregaron que el 15 de Setiembre presentaron un escrito ante el Ministerio de Educación en la ciudad de Ushuaia, incorporando más denuncias sobre irregularidades en la institución escolar pero que a la fecha no han tenido respuesta alguna. Entre estas denuncias resaltan el mal trato recibido por el personal no docente como PayT y Auxiliares Administrativos; la incorrecta y sospechosa designación del esposo de la actual Directora de Educación Mónica Luengo, violando la Ley de acumulación de cargos y, la designación del Vicedirector Ghigliotti como Miembro de la Junta Electoral, contrariando el Decreto del PEP Nº 1.673/10 y la Resolución del Ministerio de Educación Nº 1.927/10.
“A esta altura de los acontecimientos y sin que se expidan las autoridades en Río Grande, apelamos a la Ministro Del Corro para que hasta tanto se analice el tema, sean apartados de sus funciones el Director y los Vicedirectores de la escuela a fin de no entorpecer las investigaciones”, expresó Carlos Balbo y continuó “Hay mucha documentación importante –Legajos personales, Disposiciones y documentos que hacen al desenvolvimiento profesional y a la historia laboral de los docentes para su jubilación – que corren riesgo sino se interviene rápidamente”.
“Aún así, no descartamos la posibilidad de alguna medida adicional de fuerza o de recurrir a la justicia provincial a fin de restablecer la institucionalidad de nuestra escuela”, coincidieron los dos denunciantes.
