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a jueza María Cristina Barrionuevo desestimó por ausencia de delito la causa judicial donde se investigaba el presunto ofrecimiento de un soborno a un funcionario de la Municipalidad de Ushuaia por parte del empresario Carlos Raso, titular de las empresas Sulfaniquel y Rectificadores Fueguinos.
El caso era un desprendimiento de la declaración testimonial que prestó el intendente Federico Sciurano en el expediente donde se investigó si dos ex funcionarios del Municipio habían favorecido la firma de un acuerdo entre Raso y la Comuna que Sciurano dijo no compartir. Ambos ex funcionarios fueron sobreseídos en esa causa y, por el contrario, la jueza ordenó investigar por presunto falso testimonio al subsecretario de Servicios Públicos, Hugo Cano.
Pero cuando el intendente declaró en ese caso, deslizó un episodio referido a las mismas negociaciones, de donde surgía la posibilidad del supuesto ofrecimiento de una coima de diez mil pesos de parte de Raso a Cano.
Barrionuevo ordenó extraer fotocopias del testimonio brindado por el jefe comunal y remitirlas al Ministerio Público a los efectos de que se evalúe la presunta comisión de un delito.
Sin embargo, el fiscal Mayor Guillermo Massimi emitió un dictamen en el que concluyó que “deben desestimarse las actuaciones por no constituir delito lo referido a ellas”. Y la jueza Barrionuevo dispuso entonces el cierre del expediente.
Gastos adicionales
En su declaración testimonial, Sciurano explicó que durante varios días, Raso quiso hablar con él y él se negó porque consideraba que el tema de la propiedad de los predios en cuestión debía tratarlos con las autoridades correspondientes. De todas formas, un día el empresario lo abordó en la calle y le dijo que tenía una propuesta para realizarle a la Municipalidad, a lo que el intendente contestó que si estaba dentro del marco legal lo hiciera a través de los funcionarios del área pertinente.
Además, el jefe comunal relató que en una charla entre Raso y Cano (de la que se enteró por intermedio de su funcionario) el dueño de Rectificadores Fueguinos le ofreció “por cualquier gasto adicional que el Municipio pudiera tener, depositarle diez mil pesos en la caja de ahorro que Cano le indicara con la figura de algún gasto que teóricamente pudieran tener y que administrativamente fuera dificultoso para el Municipio poder pagar”.
Sciurano dijo también que no radicó la denuncia “porque no tenía ninguna forma de demostrar que ese acto había sido un cohecho, y siendo perfectamente consciente de lo que significa un proceso judicial, tenía perfectamente claro que era hacerle perder el tiempo al tribunal respectivo porque con el solo hecho de que el Sr. Raso lo negara y no teniendo más pruebas que el testimonio de Cano, no tenía ninguna posibilidad de prosperar”.
En tanto, el fiscal Massimi evaluó en su dictamen que “el ofrecimiento de dádiva debe tratarse precisamente de eso, de sobornar u ofrecer algo con las finalidades descriptas en la norma, y no como ocurre en el caso, con el propósito en modo alguno corruptor de cubrir simplemente “cualquier gasto que el municipio pudiera tener” y captar así su buena voluntad”. Y agrega luego que “la propuesta o promesa debe ser idónea o tener calidad de dádiva, no una mera manifestación formal o futura colaboración en gastos que podrían producirse, y nada más que eso”.
