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on la designación de Guillermo González como nuevo juez Ejecución de Ushuaia y la adopción de una serie de medidas administrativas, el Poder Judicial se propone avanzar en la aplicación de la ley de flagrancia que estaba frenada por falta de presupuesto.
El Consejo de la Magistratura eligió a González el lunes por unanimidad, luego de un concurso en el que también participaron Juan Carlos Assan, Alberto Marotta, Fernando Ballester Bidau, Ana Martínez Torcivia, Juan Carlos Núñez, Salvador Scarso y Diego Martín González.
Sin embargo, el Consejo no avanzó en la selección del juez de Ejecución de Río Grande porque ninguno de los postulantes logró el consenso necesario. Aún así, el Superior Tribunal de Justicia dictó el 4 de este mes la acordada 81/10 donde menciona que la decisión del Gobierno de ampliar el presupuesto judicial en 8 millones de pesos permite “superar parcialmente” las dificultades económicas y poner en marcha el régimen de flagrancia.
“En tal sentido, se encuentran en trámite los concursos para la designación de los Funcionarios del Ministerio Público Fiscal previstos por la Ley Nº 792 que regula dicho procedimiento. Lo propio se realiza respecto a los empleados que la implementación del régimen requiere”, sostiene la acordada.
También se mencionan medidas para profundizar la aplicación del régimen de mediación judicial (“se dispuso el llamado a concurso para la designación de dos abogados y un psicólogo”) y para mejorar la infraestructura de la Justicia (“la adquisición de un edificio para el Superior Tribunal de Justicia, que se estima financiar, de manera parcial, con fondos propios provenientes de la recaudación de tasas de justicia”).
La acordada fue suscripta por los jueces Carlos Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik y María del Carmen Battaini.
