C
on la intención de establecer un marco legal que reglamente los sistemas de video vigilancia que ya funcionan en la Provincia y los que vayan a instalar en el futuro, la comisión de seguridad de la Legislatura continúa avanzando en el análisis del proyecto que busca regular la utilización de videocámaras y otros mecanismos de captación y grabación de imágenes y sonido en hurgase públicos.
El proyecto presentado por el bloque del MPF, que ya recibió aportes desde la Policía, fue puesto ayer a consideración de integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Los doctores Oscar Fappiano y Guillermo Mássimi coincidieron con los parlamentarios en la necesidad de contar con una norma de estas características, aún cuando a posteriori ésta deba ser modificada en función de la experiencia que surja de su aplicación práctica. Si bien indicaron que el sistema de video cámaras es “un tema delicado, porque existe una gran tensión entre lo que es el derecho a la intimidad y la seguridad”, señalaron que la realidad de Tierra del Fuego “hoy nos marca que hay muchas cámaras y no hay ninguna limitación al uso, por lo que podrían cometerse abusos”.
Destacaron, además, que este tipo de sistemas constituyen “un aporte a la seguridad ciudadana, porque aportan elementos de prueba que pueden hacerse valer en una causa penal o contravencional”.
Los funcionarios judiciales hicieron hincapié en la necesidad de establecer precisos mecanismos de control para estos sistemas, a fin de evitar de garantizar la confidencialidad del material registrado y evitar “filtraciones” del mismo.
“Tiene que haber un control del control”, indicó Fappiano, por lo que consideró que la normativa debe prever “un control ajeno al Poder Ejecutivo que pueda saber qué se hace y pueda corregir las infracciones que puedan cometerse”. Para ello precisó que debe quedar “muy bien establecido” quién manipulará el banco de imágenes.
Por su parte, Mássimi propuso, como alternativa a tal fin, que el software y hardware afectado al sistema pueda ser sometido a auditorías. Estimó que de esa manera se podría conocer quién es el operario que utiliza el sistema, los horarios, los datos almacenados, copiados o extraídos. “Si aparece una imagen no autorizada, por lo menos sabríamos quién es el usuario” que operó el sistema de administración de las video cámara, lo que a su entender daría mayores garantías de confidencialidad.
En cuanto al plazo de conservación del material fílmico obtenido a través de las cámaras de video vigilancia, el Fiscal ante el Superior Tribunal consideró que por tratarse de medios digitales de captación la información podría conservarse por tiempo indeterminado, en tanto que Mássimi consideró que en caso de resultar imprescindible limitarlo, un plazo razonable sería el de cuatro meses para hacerlo coincidir con el de instrucción de causas.
Como corolario del encuentro, del que participaron los legisladores De María, Deheza, Burlan y Pluis, los parlamentarios acordaron incorporar al proyecto las propuestas formuladas por los fiscales, y no descartaron la posibilidad de volver a convocar a representantes de la Policía y la Justicia para ir definiendo el texto definitivo de esta normativa.
La pretensión inicial es tratar de consensuar un proyecto de manera de poder aprobarlo antes de que culmine el presente período de sesiones ordinarias, que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre.
