E
l acto de entrega de 214 viviendas correspondientes a la urbanización “1017 viviendas” de Río Grande, que debía realizarse en el día de hoy, debió ser postergado. La decisión, según indicó la Gobernadora, fue producto de que el paro del personal del IPV imposibilitó “inscribir a la gente para que se le puedan entregar las llaves. Esas cosas dan rabia”, afirmó la mandataria.
Ríos lamentó que “porque los empleados estatales están reclamando porque no están de acuerdo con un aumento salarial” que ofreció el Gobierno, 214 familias que están esperando “desde hace 10 años” una solución habitacional deban seguir aguardando.
Si bien dijo que desde el Ejecutivo “se entiende el reclamo”, pidió a los empleados del IPV ”se pongan en la piel del otro que está esperando una casa y que sabe que el viernes 26 no se la entregarán”.
“Me parece que estas son las cosas que tenemos que poder pensar como sociedad y que no nos pueden seguir pasando”, advirtió la Mandataria tras llamar a los gremios a ”poner en algún lugar las cuestiones importantes, aunque esas cuestiones importantes no nos pasen solo a nosotros, le estén pasando a otros”.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se indicó que el personal del IPV de Río Grande se encuentra desde la semana pasada en estado de asamblea ante la falta de una respuesta concreta de parte de la Presidencia de ese organismo a la definición de una nueva grilla salarial.
Carlos Almirón responsabilizó de la prolongación del conflicto a las autoridades del Instituto, ya que indicó que la propuesta presentada a los empleados contemplaba remuneraciones inferiores a las que perciben en la actualidad.
Indicó que estaba previsto que ayer los delegados de ATE en el IPV mantuvieran una reunión con José Luís del Giudice para tratar de arribar a un acuerdo, pero dijo desconocer si el encuentro se había concretado.
