U
n llamativo caso de presunta incompatibilidad de funciones involucra al abogado de Río Grande Jorge Federico Greve, quien por un lado intervino como apoderado del Municipio de esa ciudad para obtener información judicial que podría derivar en un sumario contra un agente municipal procesado, y por otra parte asumió la defensa judicial del mismo empleado.
Para peor, no se trata de cualquier empleado, sino del ex concejal José Luis Tela, el mismo que en 1992 fue expulsado de su cargo tras las denuncias sobre la compra de la banca a la dirigente de su mismo partido que había resultado electa para esa misma función.
Greve es el mismo que el año pasado apareció en los medios como abogado de la familia de Marianela Rago, la joven riograndense asesinada en Buenos Aires, sin que quedara claro si la representación legal era un aporte del Municipio a los familiares de Rago o si se trataba de una tarea particular del letrado.
Además, la situación del ex concejal Tela es particular por sus supuestos vínculos con allegados a la causa Glisud, un escándalo que investiga la Justicia sobre compra de propiedades subvaluadas durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
Lo curioso es que a pesar de contar con un procesamiento judicial, y del antecedente de la eventual compra de la banca, Tela sigue siendo empleado de la Municipalidad, y el abogado al que le encomendaron interiorizarse del caso para iniciarle un sumario administrativo, terminó defendiéndolo en la misma causa penal mientras a su vez sigue siendo también empleado del Municipio.
Paso a paso
Tras el affaire de la banca de concejal en 1992, Tela volvió a ser noticia en abril del año pasado, cuando se informó que el juez del Juzgado de Instrucción en lo Criminal N°5 de Buenos Aires, Manuel De Campos, lo procesó junto al ex titular del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Gustavo García Casanova, por el presunto delito de estafa, en una causa donde se investiga una presunta maniobra para apropiarse de cien hectáreas de terrenos en la comuna de Tolhuin.
A pesar de ello (y del caso compra de la banca) Tela continúa aún hoy siendo empleado de la Municipalidad de Río Grande, con categoría 23 y un sueldo neto de $6797 por servicios que presta en la Delegación de Buenos Aires, según surge del sitio web oficial del Municipio.
El 24 de junio del año pasado, el abogado Greve se presentó como apoderado de la Municipalidad, adjuntando un poder firmado por el intendente Jorge Martín, en la causa judicial donde había sido procesado Tela. Allí argumentó que atento a la condición de empleado del ex concejal, necesitaba saber la situación procesal del mencionado “a fin de poder evaluar la situación y poder tomar una decisión respecto de la continuidad o no del empleado municipal en cuestión” e “iniciar el sumario correspondiente”.
Hasta allí, parecía la intervención natural de la autoridad ante el caso de un trabajador procesado por estafa en causa penal.
Sin embargo, el 19 de noviembre del mismo año, Tela presentó un escrito ante el juez, esta vez designando como abogado defensor en el caso donde estaba procesado, al propio Greve y a la abogada Verónica Cicchi.
Es decir que el letrado pasó de recolector de información para sumariar a Tela, a su abogado defensor en la misma causa penal.
Podría suponerse que en ese período, el abogado se pudo haber desvinculado de la Municipalidad, pero ello no es así. Según la liquidación de haberes de enero de 2011 (disponible en el mismo sitio web oficial antes mencionado) Greve figura como empleado categoría 23, con $7039 de sueldo neto y desempeñándose en la Delegación Municipal de Buenos Aires.
¿Qué es Glisud?
Glisud es el nombre de una sociedad fantasma que se dedicó a comprar, a precios subvaluados y en bonos, varios juicios hipotecarios que se encontraban en el Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego. Mediante estas maniobras se adquirieron propiedades valiosas a precios irrisorios con la presunta complicidad de funcionarios políticos de la época, abogados, contadores, escribanos y testaferros de toda índole.
En el plano judicial, el escándalo se investiga en tres causas penales diferentes: la N° 16687, caratulada “Da Fonseca Javier sobre denuncia”, la N°16536 (“García Casanovas y otros sobre defraudación”) y la N°13846 (“Plasenzotti sobre denuncia”). Además, una cuarta causa N°22741 fue girada a Buenos Aires por razones de jurisdicción y estaría en condiciones de ser juzgada en juicio oral.
En todos los casos se repiten nombres y metodologías, lo que ha llevado a que en tribunales se haya bautizado a los involucrados como “la banda de Glisud”, si bien ninguno de ellos está detenido y ni siquiera ha sido juzgado todavía, a pesar de que las investigaciones tienen ya cuatro o cinco años de antigüedad y los hechos a los que se refieren sucedieron hace ocho años. |
