E
l cambio de postura de los legisladores Gabriel Pluis (UCR) y Marceo Fernández (UCT) permitió ayer que el denominado “núcleo duro” de la oposición legislativa consiguiera los 10 votos necesarios para insistir en la sanción de la ley de presupuesto 2011, dejando sin efecto así el veto total que el Poder Ejecutivo había dispuesto sobre el proyecto que originalmente había aprobado el Parlamento el 21 de diciembre pasado.
En aquel entonces, los bloques del MPF, FPV y MO respaldaron la aprobación de un proyecto de presupuesto al que se le habían que contemplaba diversas modificaciones respecto del que había sido elaborado y remitido por el Poder Ejecutivo. La reformulación propuesta no contó en esa oportunidad con el visto bueno de los legisladores de la UCR, UCT, EP y PSP, por lo que la norma resultó aprobada en reñida votación por 8 a 7.
La Gobernadora resolvió entonces hacer uso de las facultad que le confiere la constitución de vetar el proyecto, argumentando que “el proyecto sancionado no ha respetado las facultades constitucionales adjudicadas a cada uno de los Poderes del Estado provincial, en el proceso de formulación y sanción de la ley de presupuesto”, por cuanto el artículo 67 de la Constitución de la Provincia “adjudica expresamente al Poder Ejecutivo la iniciativa legislativa en materia de presupuesto” y que “esa prerrogativa legislativa que posee el Ejecutivo es única y excluyente, y es la que entendemos no ha sido respetada ante el proyecto en vista, que no se corresponde con la aprobación o rechazo del proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo, sino con el tratamiento de un proyecto propio o alternativo”.
Las divergencias entre ambos proyectos no eran menores, ya que el que fue aprobado en diciembre e insistido ayer, no contempla autorización de endeudamiento alguno; no incorpora al cálculo de recursos los potenciales ingresos por renegociación de contratos petroleros, licitación de CA 12, Aportes del Tesoro Nacional y otras transferencias. Establece que la aplicación de mayores recursos deberá contar con autorización legislativa previa, además afecta el 100% de los ingresos provenientes de la primera cuota de la venta de gas de regalías al pago de la deuda con el IPAUSS y eleva, de manera escalonada, en un 3% los aportes a cargo del empleador al sistema de seguridad social, a razón de un 1,5% por los próximos dos años.
Si bien el tratamiento del veto en cuestión no había sido acordado en labor parlamentaria -por lo que no integraba el orden del día-, al contar con los 10 votos necesarios la oposición logró habilitar el tratamiento y la insistencia sobre tablas, a pesar del frustrado intento del bloque de Encuentro Popular por obstaculizar esa decisión, argumentando que la iniciativa presentaba “un obstáculo constitucional que considero insalvable”. La Legislatura “no es un poder constituyente sino constituido” ya que “no podemos hacer todo sino que tenemos el poder que la Constitución nos otorga” y con esta insistencia “estamos avanzando en algo que no tenemos competencia”, precisó Osvaldo López.
Desde su perspectiva, el Parlamento tiene competencia “para tratar durante un año el Presupuesto del mismo año, no existe la competencia para tratarlo al año siguiente”, por lo que el 31 de diciembre “feneció nuestra competencia para tratar el Presupuesto del año en curso”.
Este argumento fue compartido por su par de bancada Manuel Raimbault, quien aseguró que el artículo 67 de la Constitución determina que el Presupuesto se establecerá por ley “antes del inicio del año presupuestario” y “el artículo 105, inciso 16, que dice que es para el período siguiente”. Por lo que interpretó que “en este caso no se está cumpliendo ninguno de los dos requisitos, por lo que parece que no estamos respetando la letra de la Constitución”. Agregó que la carta magna contempla el remedio para este tipo de casos; “la reconducción automática” del presupuesto del ejercicio anterior.
El mopofista Damián Löffler defendió la facultad legislativa de reformular el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo. Recordó que esta potestad fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2005, cuando el destituido gobernador Colazo cuestionó el presupuesto sancionado por el parlamento.
Este argumento fue refutado por Raimbault. Dijo que el presente es un caso distinto al referido por Löffler ya que en el 2005 “no estaba en discusión si se hacía en el mismo período o en el siguiente, sino que se basaba en si la Legislatura, cuando la Constitución dice que las facultades se limitan a aprobar o desechar, también tiene la posibilidad de modificar lo que propone el Ejecutivo” y lo que dijo la Justicia fue que “la Legislatura podía modificar el contenido del texto enviado por el Ejecutivo”.
Al margen de estas objeciones legales, cuestionó también que el presupuesto insistido aumenta los gastos y reduce los recursos, con lo que “estamos instalando una bomba, ya que todos los poderes nos agrandamos los gastos y le establecimos al presupuesto general un déficit presupuestario de 420 millones de pesos”.
Mónica Urquiza (MPF) disintió con esta afirmación. Sostuvo que la Legislatura no generó en su proyecto de presupuesto el déficit planteado por Raimbault. Señaló que, en todo caso, “el Presupuesto que nosotros sancionamos el año pasado es el correcto, porque es el que refleja realmente el verdadero déficit que tiene la Provincia”, y que el Ejecutivo había pretendido enmascarar al incorporar “endeudamiento, recursos extraordinarios que son los recursos que probablemente se originen de la renegociación de los contratos petroleros. Es decir, de alguna manera estaban cerrando el gasto que no les cerraba y eso es lo que nosotros plasmamos en la ley que sancionamos en diciembre e insistimos ahora”.
“Lo vamos a judicializar por inconstitucional”
El minsitro de Gobierno, Guillermo Aramburu, aseveró ayer que el Poder Ejecutivo va a judicializar la decisión legislativa adoptada en torno a la ley de presupuesto.
Señaló que se va a presentar ante el Superior Tribunal “una acción de inconstitucionalidad devenida de un conflicto de poderes”, y no descartó que se solicite, de manera conjunta, “una cautelar” que suspenda los efectos de la ley aprobada ayer hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Indicó que el cuestionamiento abrevará tanto en cuestiones de orden legal como técnica. Por un lado, dijo, “vamos a sostener los mismo que argumentamos en el veto, que tiene que ver con el hecho de que la Legislatura está violentando el texto constitucional desde el momento que elaboró un nuevo presupuesto”, posibilidad esta no contemplada en el plexo constitucional de la provincia.
Por el otro, que al “no contemplar los recursos previstos no cierra la ecuación, lo que viola la ley de responsabilidad fiscal porque el presupuesto es deficitario, y además se afecta la prestación de los servicios básicos. Es decir, hay ilegalidades por el lado que se lo mire”, apuntó.
Al igual que lo manifestado por Raimbault, el funcionario gubernamental consideró que la situación actual “es sustancialmente distinta” a la que se planteó en 2005. “En aquella oportunidad se objetaba que la Legislatura hubiera modificado el presupuesto presentado por el Ejecutivo. En cambio, en este caso no hubo una modificación sino que desecharon el proyecto y votaron otro que elaboraron ellos. O sea, generaron otro presupuesto, por lo que ese fallo (Colazo) no es aplicable a este caso”. |
Si al trámite preferencial no al tratamiento sobre tablas
Tal lo adelantara EDFM, ayer no se habilitó el tratamiento sobre tablas de ninguno de los proyectos de reforma a la ley electoral para incorporar el sistema de voto electrónico. De todas maneras se acordó mantener el trámite preferencial sin fecha fija que se había dispuesto para los mismos el año pasado, a pesar de lo cual fracasó la pretensión de los bloques de EP, UCR y del legislador Wilder (FPV) de tratar alguno de ellos en esa sesión.
Vale destacar que el vicepresidente 1º, a cargo de la presidencia de la Cámara, no participó de la sesión. Es que Fabio Marinello, único representante legislativo del oficialismo, quedó a cargo del Poder Ejecutivo por haberse ausentado de la provincia la Gobernadora. |
