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al lo había anunciado la propia gobernadora el mismo día de la sesión en que la Legislatura resolvió por mayoría insistir en la sanción del presupuesto 2011, ayer el Poder Ejecutivo judicializó la decisión adoptada por el parlamento el pasado jueves 17 de marzo.
Mediante una gacetilla de prensa, el Gobierno confirmó que durante la tarde de ayer presentó hoy ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad sobre la ley en cuestión y una medida cautelar tendiente a lograr que se mantenga vigente el presupuesto reconducido 2010 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Para el Poder Ejecutivo, tal lo sostuvo en el fundamento del veto dispuesto sobre el proyecto de ley de presupuesto 2011 que había sancionado el parlamento a fines del año pasado, los legisladores excedieron sus facultades constitucionales al aprobar un proyecto elaborado por los bloques de la oposición en lugar de dar tratamiento al que había sido elaborado por ese poder. Además objetó que la norma vetada y ahora insistida presenta serias incongruencias técnicas y legales que lo tornan inviable.
El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu informó que “la medida cautelar está planteada en el marco de una acción de inconstitucionalidad” con el objetivo de que “mientras se sustancie el juicio por debido proceso, previo a esto la Justicia resuelva la posición de ‘no innovar’ y siga rigiendo el presupuesto 2010 hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”.
“Se ha agotado la posibilidad política del veto, se estaba esperando la remisión de la insistencia legislativa para judicializarlo, lo que se efectivizó en el día de la fecha”, detalló Aramburu.
El funcionario afirmó que además de la “medida cautelar” el Gobierno pidió que la Justicia “resuelva la cautelar sin necesidad de sustanciar a la otra parte, y resuelva el pedido de sostener el presupuesto reconducido 2010”.
“La motivación de esta cautelar es previa a una instancia de un juicio de inconstitucionalidad como se había anunciado, y tiene fundamento en el hecho de plantear como Poder Ejecutivo, la absoluta arbitrariedad e inconstitucionalidad que la Legislatura incurrió al insistir con su propio presupuesto hace escasos 20 días”, enfatizó Aramburu.
El ministro reveló que “esta arbitrariedad de la Legislatura está sostenida a partir de que en primer término, los legisladores han decidido imponer un presupuesto al Poder Ejecutivo, cuestión que está vedada expresamente por la Constitución de la Provincia”.
No obstante destacó que “más grave aún, es el hecho de que este presupuesto que se pretende imponer resulta deficitario, no tiene el equilibrio presupuestario que prevé la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
“En síntesis, la Legislatura está autorizando al Poder Ejecutivo que erogue gastos superiores a los ingresos previstos para este año, y eso en términos domésticos, significa que la Legislatura está ordenando al Gobierno que gaste más que los ingresos previstos, lo que es claramente violatorio de la Ley de Responsabilidad Fiscal”, advirtió Aramburu.
El Ministro reveló que en ese marco, desde el Ejecutivo provincial “esperamos que el Poder Judicial rápidamente pueda resolver esto, antes de los 10 días que empieza a regir esta imposición legal que intentó la Legislatura en los últimos días”.
“No hubo una modificación del presupuesto por parte del Legislativo, hubo un rechazo al proyecto propuesto por el Ejecutivo y la solución legal a eso es que continúe el presupuesto reconducido del año anterior, en este caso, del 2010”, insistió Aramburu.
