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a audiencia de mediación convocada por el Superior Tribunal de Justicia parece haber logrado el objetivo buscado, ya que los representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo arribaron a un principio de acuerdo que pondría fin a la controversia judicial por el presupuesto 2011.
El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, reseñó que durante el encuentro –que se prolongó por cerca de 90 minutos–, “el Ministro de Economía planteó los efectos negativos y la imposibilidad práctica de aplicar el presupuesto insistido”, en tanto que hacia la Legislatura, “ratificamos que actuamos en el marco de nuestras facultades constitucionales”, pero a pesar de ello “lo positivo es que se encontraron puntos en común, como la necesidad de modificar algunas cuestiones del proyecto insistido” señaló el funcionario gubernamental, que se “planteó que hay disposición de los legisladores a rever todo aquello que afecte que el Gobierno pueda dar repuestas en materia de salud, educación y seguridad, y que tenemos las puertas abiertas de la comisión para analizar la cuestión”, agregó el presidente de la comisión de Economía, Damián Löffler.
Ante este principio de acuerdo se dispuso un cuarto intermedio de la instancia de mediación hasta el jueves de la semana entrante.
El parlamentario del MPF indicó que en los próximos días, antes del 28 de abril, “seguramente el Ejecutivo nos va a plantear cuáles son los escollos más importantes que tiene para cumplir con el presupuesto aprobado por insistencia, y veremos de qué manera establecemos los consensos necesarios para abordar estas cuestiones”.
Sostuvo que “los mayores inconvenientes no estarían centrados en la cuestión numérica, ya que el déficit cuestionado por el Ejecutivo estaría cubierto con los mayores recursos, del orden de los 300 millones de pesos, generados a partir del presupuesto nacional, así que básicamente lo que estarían planteando está relacionado más con el texto del presupuesto”.
Por su parte, el ministro de Economía coincidió a medias con esa apreciación, ya que sostuvo que si bien es cierto que los ingresos actuales son superiores respecto de los previstos, consideró que para equilibrar el presupuesto y encuadrarlo a la ley de responsabilidad fiscal, resulta necesario que el Parlamento autorice algún mecanismo de endeudamiento, como podría ser la posibilidad de emitir letras del tesoro por hasta 300 millones de pesos. De todas maneras aseguró que “las modificaciones que necesitamos hacer son mínimas, son tres o cuatro, para hacer operativo el presupuesto reconducido”.
Cristian Ruiz dejó en claro que bajo ningún aspecto es factible avanzar en un recorte de los gastos estimados “porque básicamente en ese caso estaríamos hablando de una reducción de salarios porque la mayor erogación que afronta la Provincia es en salarios, sobre todo con el aumento otorgado en enero y complementado en abril, así que descartamos la posibilidad del recorte de gastos, por lo que se va a hacer es buscar en función a los recursos esperados de qué manera se pueden conjugar los gastos”.
Tanto desde el Ejecutivo como de la Legislatura, se coincidió en que para poder avanzar en esta posibilidad de acuerdo, el primer paso a dar los constituye que se publique la ley de presupuesto insistida el pasado 17 de marzo, ya que de otro modo resulta legalmente inviable plantear modificación alguna a esa norma. En ese entendimiento, el ministro Aramburu adelantó que “en los próximos días vamos a publicar el presupuesto 2011, ya que para que pueda haber una modificación legislativa la norma tiene que estar publicada”.
A modo de autocrítica, el funcionario reconoció que el camino de la judicialización resultó apresurado y tal vez no el más adecuado, “cuando es cierto que no se habían agotado otras instancias previas”.
De todas maneras defendió la decisión adoptada por la gestión Ríos ya que fue la que posibilitó abrir “nuevas instancias de diálogo” que parecían vedadas “porque habíamos llegado a un punto donde cada parte estaba muy cerrada en su postura”.
Si bien auguró “un buen resultado” a esta negociación que culmine, tal vez, con la probación de las reformas propuestas durante la sesión legislativa del próximo jueves 28 de abril, Aramburu dejó en claro que de no concretarse esa alternativa, desde el Ejecutivo “no se descarta presentarse” la acción de inconstitucionalidad anunciada.
Del encuentro de ayer tomaron parte por la Corte los jueces María del Carmen Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume; por el Ejecutivo los ministros de Gobierno y Economía, integrantes del gabinete económico y funcionario de la secretaría Legal y Técnica, y por el Parlamento los legisladores Marinello, Löffler, Urquiza, Wilder, Furlan y Fernández.
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