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Guillermo Worman
Los días que están por venir son una excelente oportunidad para replantear el ejercicio de la representación. La democracia, tal como está acotada legalmente, se ejerce a través de una elite de representantes electos legítimamente (en el mejor de los casos), que concentran muy altas cuotas de poder discrecional, con escasas posibilidades de control por parte de quienes los posicionan en situación de administrar lo público-estatal. La dinámica tiene riesgos cada vez más evidentes, ya que la tendencia demuestra el distanciamiento entre elegidos y electores luego del acto de votación.
La vida pública transita entre épocas de debates, en donde los temas de agenda se conversan ante la comunidad, y de extensos encierros para tomar decisiones mal llamadas “políticas”. Los meses preelectorales son los espacios de seducción en donde los candidatos se muestran abiertos a expresar sus propuestas, receptivos a las preocupaciones de los electores y permeables a debatir las decisiones con diversos sectores de la ciudadanía. La otra faceta inicia apenas pasado el rito propio de la elección. A partir de entonces, los electos tienden a romper los lazos con sus votantes y mutan hacia posiciones aisladas y de encierro. En efecto, se recluyen a tomar decisiones que impactan, en la gran mayoría de las veces, en un amplío espectro de la sociedad. Así, bajan los niveles de debate y comienza la era de la negociación.
Nuestras democracias, además de representativas, son formas de gobierno basadas en la negociación entre diminutas facciones con altas cuotas de poder. La lejanía que reina entre representantes y representados, en más de 3 años y medio de cada gestión, es la verdadera cara de una democracia que cumple con el mínimo de formas, mientras que desnaturaliza la cuestión de fondo: no hay ejercicio de representación. Un sector de politólogos llama a este proceso como “democracia delegativa”. Entre otras cosas, los electos perciben que en ellos se ha delegado poder para ser ejercido con altos niveles de discrecionalidad y muy bajas dosis de rendición de cuentas. Las frases que se corresponden con estas lógicas son re–nombradas: “el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes” (ideas pensadas a fines del siglo 18) “ y la multifamosa “es una decisión política”. Política se usa como eufemismo para no decir discrecional o arbitraria o negociada a puertas cerradas. Nada de esto es la política.
Los elegidos, por cuestiones ajenas a la vida representativa, encuentran mayor comodidad en la autodefensa de negociar entre ellos que en construir vínculos permanentes y directos con la comunidad.
¿Cuál hubiera sido el resultado de una consulta pública sobre la permanencia del legislador Velázquez en el parlamento provincial?
Tal como aclararon muchos legisladores, ellos no pueden erigirse en jueces. Una obviedad. Son políticos; representantes. Nadie esperaba de ellos una resolución jurídica (que está en trámite y que ha dispuesto el procesamiento confirmado del parlamentario) sino, muy por el contrario, una toma de postura democrática.
Los electores no pueden quedar relegados a roles pensados hace más de 200 años cuando existen infinidad de oportunidades de contacto y comunicación por medios cada vez más tecnificados. Por ejemplo: ¿algún candidato contrató una encuesta para conocer la percepción de la ciudadanía para el caso comentado y opinar o actuar al respecto?
El 67bis y las separaciones de hecho
Había un club social famoso a mediados de los 80. Eran las personas separadas que se vinculaban entre sí. No habiendo divorcio legal, la separación era la forma de concretar el alejamiento de cónyuges. Los separados se auto aislaban como un presunto mecanismo de defensa de una sociedad que no había incorporado la legalidad del divorcio.
Hay un punto de encuentro entre aquellos ochentosos y quienes entienden que su rol es distanciarse de sus representados: ninguno contaba con reconocimiento social.
Nuestra organización constitucional no plantea el divorcio entre electores y elegidos. Muy por el contrario, con las sucesivas reformas, se han incorporado mecanismos ideados para favorecer la participación semidirecta de la sociedad en asuntos de alto interés público. Algo similar sucede con la propiedad de las bancas. Los redactores de constituciones y cartas orgánicas no imaginaron que los electos (que necesitan de un partido para acceder a ellas) puedan apropiarse del ejercicio de representación y privatizarla. Privatizarla porque la ejercen para sí, y no para quienes los han elegido o los respectivos partidos.
El voto, en definitiva, es entendido por la gran mayoría de los candidatos como una autorización amplia para actuar en nombre la sociedad. Es lo que denomina el jurista Roberto Gargarella como “autorización abierta para ejercer el poder más o menos discrecionalmente”.
Un grupo interesante de sectores periodísticos locales han asumido la decisión de promover debates entre candidatos y discusiones públicas sobre grandes asuntos públicos. Son decisiones que fortalecen a nuestras desvirtuadas democracias.
Los electores, muy por el contrario a los prejuicios de determinadas elites, no son masas inútiles sin capacidad de comprensión y análisis. A la inversa, una ciudadanía cada vez más informada necesita de la apertura de nuevos espacios para poder deliberar junto con aquellos que terminarán llevando su voz en temas que impactan directamente sobre la sociedad.
