Fundamentos del recurso extraordinario que presentó el Gobierno Los fallos del STJ “violentan el orden constitucional” Luego de diecisiete días de silencio (el primer fallo es del 2 de mayo y la primera declaración oficial fue el jueves 19) el Gobierno de la Provincia reaccionó ante la embestida del Superior Tribunal de Justicia contra la aplicación del tope salarial constitucional. A través del Ministerio de Gobierno se dio a conocer la presentación de un recurso extraordinario federal contra las sentencias que consideraron inaplicable el límite, según el cual, ningún empleado o funcionario público puede percibir una remuneración mayor a la del gobernador. El escrito elaborado por la Secretaría Legal y Técnica refuta el argumento de que la remuneración de la actual gobernadora no está determinada, como sostuvieron los jueces de la Corte en varios fallos consecutivos. Según los magistrados, el tope no puede aplicarse porque sólo se sabe el sueldo de la mandataria (lo que cobra por recibo) pero no lo que percibe como beneficios anexos (la vivienda oficial, el chofer, la custodia, etc.) En el recurso federal, el Gobierno afirma que la remuneración “incluye todo aquello que está sujeto a aportes y contribuciones”, y no los demás conceptos, a la vez que considera que las sentencias de la Corte ocasionan “un gravamen cierto, preciso y real”, por “haber dejado de lado una norma de orden público, de manera arbitraria y violentando el orden constitucional provincial”. De acuerdo al recurso judicial, la Corte “omitió considerar las normas aplicables al caso”, así como “el tratamiento de la constitucionalidad debatida” (si la ley que aplicó el tope era o no constitucional). “Es notorio la omisión de la sentencia en considerar y resolver ciertas cuestiones oportunamente propuestas, ya que el tribunal interviniente prescindió del texto legal, sin dar razón cierta, prescindiendo de pruebas decisivas (declaran la incertidumbre del sueldo del gobernador sin someterlo a medidas de prueba) y hace afirmaciones dogmáticas que sólo constituyen un fundamento aparente”, indica el escrito de la Secretaría Legal y Técnica. |
Ríos habló de los fallos contra el tope “Arbitrario y de gravedad institucional” La gobernadora Fabiana Ríos ratificó el viernes la postura del Gobierno en contra de la inaplicabilidad del tope salarial constitucional sostenida por el Superior Tribunal de Justicia. Ríos consideró como “arbitrario y de gravedad institucional” a los fallos de la Justicia provincial. A su vez, dijo que le llamó la atención “la manera en que rápidamente salieron a indicarnos qué era lo que debíamos hacer cuando estaban vencidos los plazos”. La mandataria aludió así a la nota presentada por el senador de Nuevo Encuentro José Martínez, quien le pidió que apelara los fallos del Superior Tribunal cuando, en realidad, ello ya había acontecido, si bien aún no se había comunicado a través de ningún medio oficial. “Las sentencias fueron llegando por distintos casos que se presentaron en la Dirección Provincial de Energía, en la Fiscalía de Estado del mismo Poder Judicial, en la Legislatura provincial, porque había varios empleados del Estado que tenían sus sueldos por encima del tope”, relató la mandataria provincial. En ese sentido, Ríos reveló que “a partir de esas sentencias que van llegando, se van haciendo las respuestas”, de parte del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría Legal y Técnica. “No podemos tener una sentencia que diga ni. En cualquier caso, lo que debe hacer el Poder Judicial es resolver la incertidumbre, por eso es que se le hace la presentación al Juzgado”, explicó Ríos. |
Declaraciones del ministro Aramburu “El Gobierno mantuvo la postura de siempre” El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, definió como “tirar la pelota para otro lado” a los fallos del Superior Tribunal de Justicia que consideraron inaplicable el tope salarial constitucional. El funcionario dijo que los jueces “yerran” cuando sostienen que la remuneración de la gobernadora se encuentra “indeterminada” (por eso no se puede aplicar el tope) pero no solucionan esa situación desde las atribuciones que le son propias. “Los jueces podrían haber intentado al menos determinar cuál era esa remuneración que según su criterio –no el nuestro– está indeterminada. No se puede sostener que el sueldo de la gobernadora sea algo indeterminable”, enfatizó Aramburu en diálogo con periodistas de EDFM. Según el ministro, lo que ha ocurrido es que, habiendo planteado el tribunal una duda, “judicialmente no se han tomado medidas para definir el alcance de la remuneración. Lo que no se puede es dejar de aplicar el tope, que existe y está fijado en la Constitución, so pretexto de la indeterminación del sueldo de la gobernadora”, insistió el titular de Gobierno al justificar el recurso extraordinario que ya fue presentado por este tema. En términos políticos, Aramburu afirmó que “lo que ha hecho el Gobierno no es ni más ni menos que mantener la misma postura sobre el tope que siempre tuvo. De hecho lo aplicamos desde el principio de la gestión”. Y sobre los efectos prácticos de la decisión judicial, el ministro explicó que hay que esperar si el Superior Tribunal concede el recurso extraordinario y si lo hace con carácter devolutivo o suspensivo. En el primer caso el tope será inaplicable hasta que decida la Suprema Corte de Justicia, y en el segundo se seguirá aplicando hasta que se expida el máximo tribunal argentino. Sobre la actuación de los miembros del STJ en estos expedientes, Aramburu consideró que su postura responde a “cuestiones de criterio” y negó que ameriten un pedido jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura. |
Una duda (Por Gabriel Ramonet) – Los casi sesenta mil pesos mensuales que percibirán los jueces del Superior Tribunal de Justicia con retroactividad al 1 de abril corresponden a su “sueldo” según se desprende del texto de la Acordada 26/11 que estableció el aumento. Ahora bien, siguiendo el mismo criterio de los jueces en las causas “Alamo”, “Villarreal”, “Escobar” y “Gómez”, esa cifra no es la “remuneración por todo concepto” que reciben mes a mes los integrantes de la Corte. A esos “sueldos” hay que sumarle otros adicionales, provenientes de la utilización de autos oficiales, choferes, teléfonos, gastos de protocolo y viáticos, entre otros. Por lo tanto, cabe preguntarse, ¿cuál es la remuneración por todo concepto de los jueces del Superior Tribunal? Atento a ello, los magistrados deberían zanjar de inmediato esa “laguna jurídica” y dictar alguna resolución que establezca claramente cuánto es el monto total de la retribución. De lo contrario estarían evadiendo aportes al sistema de jubilaciones y, tal vez, ganando (sin darse cuenta) más que el tope salarial constitucional. |