P
or decisión unánime, el Parlamento declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación 13 macizos ubicados en la zona de la Margen Sur de Río Grande, para posibilitar así la regularización dominial de los predios que hoy ocupan de manera irregular unas 1200 familias y 300 chacareros.
Dos fueron los asuntos de expropiación sancionados por los 14 legisladores que tomaron parte de la sesión especial del pasado sábado. La única ausente por la justicialista Ana Lía Collavino por razones de salud.
Por otra parte se dio sanción a un proyecto que regula el funcionamiento de los centros infantiles integrados, y en consonancia con el reclamo sustentado desde un sector de ATE, agentes de esas dependencias y padres que envían a sus hijos a esos centros se los ubicó bajo la esfera del ministerio de Desarrollo Social. Esta decisión va a contrapelo de la decisión política del Ejecutivo de trasladarlos al ámbito de la cartera educativa, razón por la que el oficialista Fabio Marinello votó en contra de la iniciativa.
Además, y en controvertido trámite parlamentario, se declaró la emergencia laboral por 180 días para la industria textil, del vestido, confeccionistas e hilandería. Pero esta emergencia tuvo corta vida ya que ante el reclamo de los trabajadores del sector se resolvió dejarla sin efecto y reemplazarla por un proyecto que establece sanciones para las industria amparadas bajo la 19.640 cuando estas incumplan los alcances del proceso de conciliación obligatoria, adopten conductas discriminatorias de la actividad sindical o produzcan despidos masivos incumpliendo las disposiciones que rigen el procedimiento preventivo de crisis.
Una expropiación para garantizar derechos sociales
Tras un prolongado tratamiento que se remonta a más de un año, el sábado la Legislatura alcanzó los consensos necesarios para convertir en ley el proyecto impulsado por De María (EP) y Velázquez (MO), por el que se declaró de utilidad públicas y sujetos a expropiación los macizos 49, 50, 51, 52, 53 y 151 de la sección K de la Margen Sur de Río Grande. De esta manera se concretó una decisión política tendiente a posibilitar la regularización dominial a unas 1200 familias que ocupan de manera irregular desde hace años esos predios privados.
La iniciativa prevé pagar una compensación a los titulares de esos terrenos de 18,5 millones de pesos provenientes del fondo de la soja para poder trasferirlas al IPV, organismo que será “responsable de regularizar el dominio de las mismas mediante transferencia de título oneroso a sus actuales y reales ocupantes”.
El proyecto determina también la imposibilidad para los beneficiarios “de transferir, ceder o arrendar por un plazo de cinco años después de su cancelación” los lotes que adquieran en el marco de este proceso.
Habida cuenta que en la zona declarada de utilidad pública “se encuentran asentadas familias” y microemprendimientos productivos, se resolvió dar a estos últimos un tratamiento particular. En ese entendimiento se dispuso aprobar un proyecto específico para estos últimos.
En ese marco se declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en la sección K, macizo 63, parcelas 5 a 18 inclusive; macizo 64, parcelas 1 a 25 inclusive; macizo 65, parcela 1 a 23 inclusive; macizo 66, parcelas 1 a 20 inclusive; macizo 67, parcelas 1 a 3 inclusive; macizo 68, parcela 1 y macizo 69, parcelas 1 a 4 inclusive.
En este caso, por no estar determinado todavía el valor de esa tierra se autoriza al Ejecutivo a pagar como máximo en concepto de indemnización a sus actuales titulares el monto que determine el Tribunal de Tasación de la Nación.
Estos predios también serán transferidos a sus actuales ocupantes a título oneroso para “el desarrollo de un polo productivo de pequeña escala para agricultura familiar”, por lo que se determinó que los destinatarios de las parcelas, así como sus sucesores, “quedan obligados a mantener el perfil productivo del sector, quedándole prohibido ceder transferir o arrendar la tierra” por un plazo de 20 años a partir de la promulgación de la norma.
Reclamo del Municipio riograndense
La declaración de utilidad pública de la parcela 3 del macizo 67 de la Margen Sur podría derivar en un contrapunto político y legal con el municipio de Río Grande. Desde el Ejecutivo de aquella ciudad se informó por nota al parlamento que la parcela en cuestión, de 64 mil metros cuadrados, es del dominio municipal por cuanto había sido cedida por la sociedad de productores y afectada como espacio verde. Pero esta notificación no fue tenida en cuenta por la Legislatura, por lo que el estado provincial podría expropiar tierra que es del estado municipal, lo que no parece para nada lógico.
La emergencia que no fue
En atención a la conflictiva situación que se vive en la empresa textiles BADISUR y Sueño Fueguino por el despido de 109 empleados producidos en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo, la Legislatura dispuso, por unanimidad, declarar por 180 la emergencia laboral para la industria textil, del vestido, confeccionistas e hilandería.
Si bien se había indicado que este proyecto había sido acordado con el Gremio FONIVA, la sanción de la norma no dejó satisfechos a los empleados del sector los que reclamaron que fueron incorporados al proyecto aprobado una serie de modificaciones que habían sido propuestas por el bloque de Encuentro Popular pero no tenidas en cuenta por los demás parlamentarios.
El aireado reclamo se fundaba en que la emergencia declarada no implicaba cambio alguno para aquellos trabajadores ya despedidos, en tanto que la propuesta de EP si avanzaba sobre esa situación.
Esto llevó a que la emergencia declarada feneciera antes de nacer, ya que los legisladores reconsideraron ese proyecto y resolvieran reemplazarlo por el que era pedido por el gremio. En concreto, el parlamento aprobó una norma que busca regular el procedimiento de conciliación obligatoria.
La iniciativa determina que las empresas beneficiarias del Régimen de Promoción Económica establecido por la Ley nacional 19.640, y sus decretos reglamentarios, que no acaten la conciliación obligatoria dispuesta en el marco de un conflicto colectivo de trabajo o no respeten plenamente sus alcances; que incumplan las demás resoluciones de la autoridad pública laboral, nacional, o provincial, emitidas en el mismo marco, de conciliación obligatoria; que adopten conductas que sean calificada como discriminatoria por autoridad administrativa o judicial, o produzcan despidos masivos incumpliendo con las disposiciones que rigen el procedimiento preventivo de crisis, serán sancionadas con la no emisión de los certificados de origen; certificación de la verificación de procesos productivos y pérdida de todos los beneficios fiscales que pudiera haber otorgado la Dirección General de Rentas de la Provincia.
Para contemplar el caso puntual de los despedidos por BADISUR y Sueño Fueguino se estableció que “en caso de despidos anteriores a la entrada en vigencia de la presente, las sanciones previstas serán de aplicación a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas que se mantengan a dicha fecha, hasta tanto se observe, en cada caso, el cumplimiento estricto de las resoluciones de la autoridad administrativa del trabajo, el cese de la conducta discriminatoria o la indemnización correspondiente a la misma o hasta tanto se retrotraigan los despidos y, en su caso, se inicien los procedimientos especiales correspondientes”.
No al traspaso
Los parlamentarios también resolvieron involucrase de lleno en la controversia generada entre el Poder Ejecutivo y ATE por los Centros Infantiles Integrados. Ante el anuncio de la gestión Ríos de avanzar en transferir esos centros del ministerio de Desarrollo Social a la órbita de la cartera educativa, sindicato, agentes y padres de niños que concurren a los mismos manifestaron su oposición.
Para poner punto final a esa decisión política del Ejecutivo, los legisladores aprobaran un proyecto de “promoción y regulación de los centros infantiles” que determina que la autoridad de aplicación “será la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social”.
El único que se opuso a la aprobación fue justamente el oficialista Fabio Marinello, por lo que el Parlamento contaría con los votos necesarios para insistir en la sanción del proyecto en caso de un potencial veto del Ejecutivo.
