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a jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, María del Carmen Battaini, posee una remuneración mensual de $57.398 pesos, en tanto que el integrante del mismo organismo Gonzalo Sagastume tiene un sueldo de $50.223,25 y su par Javier Muchnik uno de $44.483,45.
Las cifras oficiales surgen de la declaración jurada que realiza mes a mes la propia Corte provincial ante el IPAUSS, y se corresponden con la liquidación de sueldos de mayo de 2011, que fueron cobrados durante los primeros días de este mes.
Los ingresos reales de cada uno de los magistrados sirven para despejar la confusión que generó ayer un “comunicado de prensa” emitido por el máximo órgano de la Justicia, donde se difundieron “sueldos promedio” de los jueces.
Según aquel parte, “el sueldo de bolsillo de un Juez del Superior Tribunal de Justicia, con 25 años de antigüedad es de $39.174” mensuales.
Sin embargo, en los casos concretos se puede comprobar que al menos dos de los tres magistrados cobra “de bolsillo” más que el “promedio” difundido por el comunicado.
De acuerdo a la documentación oficial a la que accedió este medio, los jueces del STJ (como el resto de los empleados públicos) realiza aportes jubilatorios del 13% y del 3% a la obra social, lo que totaliza descuentos por un 16%.
Si a la remuneración “en bruto” de Battaini se le resta el 16%, el resultado es $48.214. Y se hace lo mismo con el sueldo de Sagastume, se obtiene una cifra de $42.187,53. En ambos casos los montos son mayores al “promedio” dado a conocer en el comunicado.
Pero, además, la mayoría de los abogados consultados por este tema coincide en que remuneración es la cifra “en bruto” que percibe cualquier empleado, dado que tanto el aporte jubilatorio como el de la obra social tiene el carácter de “personal” y redunda en beneficios concretos para la persona, tanto sea a corto como a largo plazo.
8 millones por mes
La declaración jurada presentada por el STJ al IPAUSS en mayo indica que el Poder Judicial paga un total de $7.922.351, 01 (casi 8 millones de pesos) en salarios cada mes.
Esa inversión se distribuye en un total de 431 personas, incluyendo jueces de todos los niveles, secretarios, fiscales, defensores, funcionarios de otras jerarquías y empleados.
Mensualmente la Justicia realiza aportes patronales (11% de jubilación y 6% de obras social) por 1.090.443,18 pesos y aportes personales (13% de jubilación y 3% de obra social) por $1.140.250, 52. También se liquidan asignaciones familiares por $191.762, 80 pesos.
De la nómina de remuneraciones surge que además de los jueces del Superior Tribunal, otros magistrados y funcionarios perciben sueldos que superan el tope salarial constitucional.
Por la acumulación del ítem antigüedad, el fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano, percibe el sueldo más alto del poder judicial: $59.541,16 pesos, mayor inclusive que el de los jueces de la Corte.
Los secretarios del Superior Tribunal, los camaristas, y los jueces de los tribunales orales también poseen los mayores ingresos del sistema, con cifras que superan los 40 mil pesos.
El tema de fondo
Más allá del nivel salarial de la Justicia, que no es el único poder de Tierra del Fuego donde se cobran sueldos altos, el debate que permanece inalterable es por qué los propios jueces que deben velar por el cumplimiento de la Constitución, perciben salarios superiores al sueldo de la gobernadora, cuando el artículo 73 inciso 4 de la Constitución lo prohibe expresamente.
La polémica se reabrió con los recientes fallos del STJ que, además, consideraron inaplicable el tope salarial para el resto de los empleados públicos, con el argumento de que el sueldo de la gobernadora se encuentra “indeterminado”.
De esta forma, ya no interesa tanto ser “magistrado” para cobrar sobre el tope (como estableció la Acordada 1/94) sino que como no se puede determinar cuánto gana la mandataria provincial, cualquier empleado puede superar el límite constitucional.
Lo curioso es que la propia Justicia aplicó el tope en los últimos años (para sus propios empleados) basándose en el sueldo fijado por ley para el gobernador, y ahora sostiene que ese mismo sueldo (o remuneración) se encuentra indeterminado.
