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a responsable del Área Legislativa del Concejo Deliberante de Ushuaia, Noelia Butt, se refirió a la medida cautelar dictada por el juez Laboral Guillermo Penza, mediante la cual quedó sin efecto el concurso de cargos jerárquicos realizado recientemente en la Institución.
En diálogo con EDFM, Butt manifestó la disconformidad de “una buena parte de los trabajadores”, ante la situación generada tras la presentación judicial de APEL que llevó al Juez a dictar la medida cautelar. “Más allá de ser afiliados a APELA y haber participado en el concurso, prevalece nuestra condición de empleados del Concejo Deliberante”, indicó, y aclaró que “no estamos cuestionando la decisión del juez Penza, que tomó en el marco de las funciones que la Justicia le otorga, sino el accionar de APEL, en la figura de su representante Raúl Salinas, quien inició las presentaciones para detener el proceso concursal y la implementación del Convenio Legislativo Municipal de Empleo (CLME)”.
En tal sentido, destacó que Salinas “hizo esta presentación ante la Justicia y logró que se paralice la implementación del CLME en la etapa más importante; el reescalafonamiento, la discusión del valor módulo y de nuestros ingresos salariales”, y afirmó que dentro del Parlamento local, “hay mucho enojo de una buena parte del personal, porque habíamos logrado avanzar y se cortó nuestro crecimiento en la carrera administrativa”.
En tanto, Butt recordó que “tras ocho años de mucho esfuerzo, conseguimos la aprobación del Convenio por parte de los concejales, representando a la Patronal, y entendieron que debe acabarse la dedocracia en las Instituciones públicas”, y posteriormente “nos expusimos a un concurso con evaluación de profesionales externos a la Institución, y comenzamos el diálogo con la Patronal para que se genere mayor capacitación para avanzar en la carrera administrativa”, pasos que se vieron frustrados al dejarse sin efecto el decreto de PCD Nº 141/10, el decreto PCD 019/11, el acta de comisión paritaria de fecha 12 de abril de 2011, las ordenanzas Nº 3940 y 3941, los decretos municipales 600 y 601 y los actos administrativos dictados en su consecuencia hasta tanto se resuelva la demanda contencioso administrativa presentada por APEL.
“Somos los empleados del Concejo, quienes sabemos realmente lo que nos costó lograr la aprobación e implementación del CLME”, consideró la responsable del Área Legislativa, y destacó que a su entender “la Legislatura nunca consiguió que se aprobara un Convenio Legislativo, ni el Concejo Deliberante de Río Grande, por las mismas acciones de Salinas”, adelantando que desde la planta permanente del Parlamento local, “no vamos a permitir que se quieran implementar esas actitudes en esta Institución, y tengamos que retroceder”.
En tanto, Butt reiteró que la oposición de los trabajadores no está referida a la decisión del Juez Laboral, sino al accionar de APEL, teniendo en cuenta el avance logrado desde la sanción de la ordenanza que generó el CLME. “Si se oponen al concurso, es porque quieren evitar la transparencia en el ámbito legislativo”, afirmó, y señaló que “es claro: si este Concejo Deliberante lleva adelante un concurso de cargos jerárquicos, respetando lo que indican las normativas vigentes, seguramente se exigirá a APEL que se siga el mismo camino en otros ámbitos que representa ese gremio, y si Salinas se opone, será porque no tiene la capacidad de llevarlo adelante, o no quiere que así sea”.
“Para los trabajadores de esta Institución, el concurso fue muy importante porque por primera vez se evaluó a los empleados, para determinar un orden de mérito, y es una forma de transparentar nuestra actividad hacia la comunidad”, sostuvo Butt, y finalmente consideró que “todo aquello que signifique frenar este proceso, tiene que ver con las ansias de no querer explicar a la población por qué ocupamos los lugares que nos han designado, y no querer saldar esta deuda con los vecinos de Ushuaia”.
La presentación de APEL
Cabe recordar que la medida cautelar adoptada por el juez Guillermo Penza, surgió a partir de una presentación del gremio APEL, y el magistrado consideró que APELA no podría haber integrado la Comisión Paritaria Permanente del Concejo Deliberante, porque quien tiene la facultad exclusiva de otorgar una inscripción gremial o Personería gremial a una entidad sindical es el Ministerio de Trabajo de Nación; y además el propio Convenio Legislativo Municipal establece la integración de la Comisión con empleados legislativos municipales de planta permanente representantes de cada una de las asociaciones u organizaciones gremiales con inscripción o personería gremial que actúen en el ámbito del Concejo Deliberante.
Finalmente, el Juez Laboral de la Provincia consideró que, en referencia al concurso interno recientemente realizado, la designación de los ganadores del concurso podría implicar un perjuicio hacia terceros, que no podría reponerse. A partir de ello, la etapa se declaró sin efecto.
