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nbsp;Los ex funcionarios de la gestión colacista imputados en un caso de corrupción cruzarían acusaciones entre ellos como estrategia para defenderse de la presunta sustracción de 200 mil pesos destinados a actividades deportivas.
El juicio oral y público de alto voltaje político comenzará hoy a las 9 en la sala de audiencias de tribunales, en Monte Gallinero, y promete el conocimiento de entretelones sobre la liviandad con que se manejaban los recursos del Estado durante el mandato del ex gobernador Jorge Colazo.
El proceso bautizado como “el juicio del año” sobresale no sólo porque varios de los imputados son ex autoridades del Poder Ejecutivo, sino porque otros conocidos dirigentes declararán como testigos y porque en la nómina de abogados defensores también hay letrados de alto perfil público.
El ex ministro de Deportes, Julio Alday, y el ex secretario de Contrataciones, Rodrigo Dumé, son los principales imputados, aunque también se juzgará al director de administración financiera de la Cartera de Alday, Javier Marconi, al ex secretario de Despacho del Ministerio, René Arenas y al abogado y ex asesor ministerial Flavio de Mayolas.
Otras dos mujeres, Luciana Cabrera (pareja de Marconi) y Mónica Gimenez están sospechadas de facilitar sus cuentas bancarias para que se depositara parte del importe sustraído.
La lista de testigos “notables” incluye al ex legislador y ministro Alejandro Vernet, el actual ministro de Trabajo, Marcelo Echazú, al abogado Raúl Aciar, a la ex ministra de Acción Social Miryam Francisquini, a la ex subsecretaria de la Juventud, Lilian Corvalán y al ex subsecretario de Deportes, Federico Rodríguez, entre otros.
Por su parte intervendrán como defensores el denunciante del juicio político que terminó en la destitución de Colazo, Alejandro de la Riva (quien defiende a De Mayolas) el ex secretario Legal y Técnico, Raúl Paderne (defiende a Cabrera y a Marconi) y los abogados Félix Santamaría y Mariano Soler (defienden a Dumé y Giménez). En tanto ayer se especulaba con que la defensa de Arenas fuera asumida por el abogado de Río Grande Francisco Giménez, pero ello no pudo ser confirmado oficialmente y se mencionaba la posibilidad de que interviniera un defensor oficial.
El juicio que había sido suspendido a comienzos de año tendrá como jueces a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia: Roberto Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, y como representante del Ministerio Público al fiscal Mayor de Ushuaia Guillermo Massimi.
Cheques voladores
El caso que comenzará ventilarse fue denunciado por el ex secretario Legal y Técnico durante la gestión gubernamental de Hugo Cóccaro, Miguel Longhitano, e investiga lo ocurrido con una cuenta corriente del Banco Nación (Nº53520140/20) donde la Secretaría de Deportes nacional depositó $219.907,18 para solventar el viaje de deportistas fueguinos a La Rioja, Catamarca, y San Juan, entre los días 2 y 20 de octubre de 2005.
Mediante decreto 2233/05, se habilitó para operar esa cuenta al entonces ministro Alday y al director Marconi.
Después, como el dinero no llegaba a tiempo, Alday solicitó un anticipo a Economía de 200 mil pesos, y a través del decreto 3524/05, de fecha 23 de septiembre de 2005, se autorizó una transferencia por ese importe con la condición de que una vez recepcionados los fondos nacionales, la suma adelantada debía volver a girarse a la cuenta del tesoro de la Provincia.
El 26 de septiembre llegaron los fondos de Nación, y al día siguiente se acreditó la transferencia de la provincia. Doscientos mil pesos fueron pagados a la empresa Rumbo Sur para cumplir con el fin legítimo de pagar los gastos de traslado de la delegación deportiva, pero el dinero restante se pagó en varios cheques a nombre de los imputados, por un valor de $219.100.
Según la Fiscalía, ello se hizo “sin respaldo legal ni documento alguno, pasando ilegítimamente esos fondos a la esfera privada”.
“Asimismo, resultan partícipes del hecho cometido en perjuicio del Estado provincial quienes, a sabiendas, resultaron ilegítimamente beneficiarios de los cheques librados”, afirma el Ministerio Público.
De los extractos bancarios surge que Arenas cobró cheques por $129 mil; Giménez por $50 mil; Cabrera por $26.300; Alday por $9 mil y de Mayolas por $4800.
Un dato curioso es que se dispuso del dinero un día antes de que Colazo fuera suspendido del cargo por el juicio político.
