L
a suerte judicial del presunto represor Manuel Ángel Cambeiro, cuyo testimonio de identidad reservada se conoció a través del programa televisivo Punto Scotia, de Canal 11 de Ushuaia, depende ahora de lo que resuelva el juez federal Federico Calvete, a instancias de la Fiscalía que dirige Juan Soria.
Los investigadores aguardan todavía la respuesta a oficios enviados a diversos organismos nacionales, entre ellos la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) para seguir recolectando elementos de prueba sobre las afirmaciones realizadas por Cambeiro a la TV. Allí habló sobre su participación en hechos de represión ilegal durante la última dictadura militar en la provincia de Córdoba.
Esa información se sumará al análisis de los objetos secuestrados durante el allanamiento efectuado el lunes en la vivienda del actual empleado de una empresa de seguridad, sobre la calle Los Cauquenes 870 del ex barrio Bintrup.
Personal de Gendarmería Nacional se llevó del domicilio documentación, fotografías, computadoras y teléfonos celulares, luego de esposar a Cambeiro en el inicio del procedimiento porque se negaba a la requisa.
El fiscal Soria le confirmó al diario cordobés la Voz del Interior que en el allanamiento fue secuestrada una credencial que acredita que el hombre estuvo en la base aérea de Córdoba, además de retenerse otros papeles sin firma.
Sin embargo, el mismo medio gráfico precisó que en el Archivo de la Memoria de esa provincia no figura ningún dato sobre las personas desaparecidas aludidas por Cambeiro durante el reportaje que concedió al programa de Yámana Producciones.
En su relato, el sujeto menciona a un médico de apellido “Busi” o Bussi” y a otro de apellido Medina, mientras que en el registro sólo aparece el nombre de “José Eulodoro Medina”.
Tampoco hay datos sobre el sacerdote con el que según el ex suboficial de la Fuerza Aérea “se confesaba periódicamente” hasta que un día fue secuestrado por un grupo de tareas.
En Córdoba se conoce la causa por el secuestro de un sacerdote estadounidense y otros seminaristas, pero “fueron todos liberados”, publicó La Voz.
Según Soria, la Conadep podría tomarse hasta 30 días para contestar el oficio girado desde la Fiscalía de Ushuaia, lo que demoraría una eventual determinación de la Justicia sobre el caso.
Testigo o imputado
Fuentes allegadas a la investigación coinciden en que juez y fiscal deben resolver primero si existen elementos para imputarle a Cambeiro algún tipo de participación en delitos de lesa humanidad, que por sus características son imprescriptibles.
Si se convencen de que el sujeto fue cómplice o partícipe de los secuestros y torturas que relata, podrían citarlo a prestar declaración indagatoria y hasta disponer su detención.
De lo contrario, si las pruebas indican que sólo vio lo que ocurría, entonces pueden citarlo en calidad de testigo.
En el medio está el tema de la declaración de incompetencia. Como los hechos sucedieron en Córdoba, en algún momento la causa será remitida a un juez de esa jurisdicción, aunque no se sabe si antes o después de tomar medidas relacionadas con la participación en los hechos de quien ahora cumple funciones como guardia de seguridad en el Ushuaia Shoping.
Los medios cordobeses especulan con el que el expediente recaería en la la Fiscalía Federal Nº3 y el Juzgado Federal Nº3 de esa capital provincial, lugar adonde ya realizó una presentación el abogado de la asociación HIJOS y familiares de desaparecidos de Córdoba, Claudio Orosz.
Mientras tanto Cambeiro, que también fue empleado de la ex Aurora Grundig y luego formó parte de Metalúrigica Renacer, continúa en libertad aunque se descuenta que la Justicia adoptó medidas para evitar que abandone la provincia hasta que su situación sea definida.
