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a secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Andrea Cervantes, se refirió a los casos que hoy conmueven a la sociedad fueguina por tratarse de denuncias relacionadas con delitos de lesa humanidad y, para responder las críticas surgidas respecto de una supuesta falta de acción desde su cartera, aseguró que se realizaron distintas tareas en cada una de las tres causas más polémicas: las acusaciones de torturas en una comisaría de Río Grande, la aparición de un presunto represor como testigo encubierto en un programa televisivo y el informe periodístico que dio cuenta de que un ex integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego había sido juez de menores durante la última dictadura militar y había entregado en adopción a dos menores de hijas de desaparecidos aun sabiendo su origen. “Cuando ocurre algo de esto no corresponde ocultarlo ni negarlo”, dijo la funcionaria.
Cervantes declaró que jamás le pusieron límites de acción para estar al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, ni desde el Ministerio de Gobierno a cargo de Guillermo Aramburu ni desde la propia gobernadora Fabiana Ríos. “De ninguna manera vamos a legitimar nada que tenga que ver con apremios ilegales ni con tortura ni con nada que se haga por fuera de lo que corresponde”, expresó la funcionaria.
Sobre su gestión, en el marco de las denuncias de torturas a un joven por parte de efectivos de la Comisaría 3 de Río Grande, la integrante del gabinete provincial comentó que “el contacto lo tuvo el subsecretario de la ciudad de Río Grande, Carlos Roca, que se contactó directamente con el papá de este chico, también con él, y lo que plantearon en ese momento que no querían hacer la denuncia por escrito en la Secretaría, pero sí la Secretaría puso en conocimiento al Ministro de Gobierno y a la secretaria de Seguridad, se apartó a los policías que estuvieron involucrados en ese tema, para iniciar sumarios y la correspondiente investigación, y también una causa penal”.
Asimismo, Cervantes rechazó los cuestionamientos del abogado de la familia, Francisco Giménez, quien dijo que la funcionaria no cumple sus funciones en la provincia y que ocupa más tiempo en viajes a encuentros de trabajo. “Habla del desconocimiento de él hacia la actividad que yo realizó, y me parece que si hace acusaciones tan graves debería tener pruebas, porque está hablando de incumplimiento de funcionaria pública y debiera hacer una denuncia. Manejarse mediáticamente y solamente destacar la tarea que hace la legisladora (Verónica) De María en materia de derechos humanos me parece que esto no suma, muy por el contrario, en una situación tan grave, como la que se ha dado en la Comisaría 3, resta y divide”, señaló la secretaria, y agregó que “de ninguna manera hemos estado alejados del caso, o desentendidos”.
La Policía y la formación
“El hecho de que se formen como policías los transforma en funcionarios públicos con un arma, y creo que es fundamental que se pueda entender que el desempeño de la Policía en plena democracia tiene que estar ajustado a derecho”, indicó Andrea Cervantes, con relación a su interpretación del rol de la fuerza y ante la denuncia de golpizas y agresiones con picana eléctrica a un muchacho riograndense. En ese sentido, mencionó que su área presentó un anteproyecto de ley para crear un Tribunal de Conductas para evaluar la tarea de los uniformados y que, desde el año pasado, se comenzó a brindar una Formación en Derechos Humanos para los cadetes de la Policía.
“En lo que corresponde a nosotros inclusive presentamos nuevamente el anteproyecto para el Tribunal de Conducta de Policías y Penitenciarios en Actividad y Retirados –explicó la funcionaria–, con el sentido de poder involucrar al Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y a los colegios de abogados, para poder controlar o evaluar el desenvolvimiento y desempeño de los Policías ajustado a derecho”.
“Esto fue presentado el año anterior, no fue considerado en la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, que preside la legisladora De María, le hicimos las correcciones que entendíamos eran necesarias, cuestión de que sea una herramienta que se tenga, y que no nos quedemos en algo puramente declamativo, que una parte denuncia a otra o que vivamos tirando la culpa al otro, sino que como Ejecutivo nos hagamos cargo de lo que nos corresponde y también se hagan cargo el resto de los poderes”, indicó Cervantes, quien detalló que el anteproyecto de ley fue modificado y elevado hace alrededor de dos semanas al Ministro de Gobierno, para que sea presentado nuevamente en la Legislatura.
Por otra parte, la secretaria remarcó que, para los cadetes de la Policía de la Provincia, se brinda desde el año pasado una formación en derechos humanos. “Por el momento, lo que nosotros apuntamos es iniciar una formación hasta que podamos ingresar a la currícula de los cadetes una cátedra directamente”, sostuvo la funcionaria, y añadió que “como por el momento no está la cátedra, entre tanto, algo había que hacer y nosotros hicimos un convenio con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y se estaba brindando la formación a las fuerzas de seguridad, no solamente de la provincia sino también a las fuerzas nacionales con representación en la provincia”.
Caso del presunto represor
Con relación a la investigación abierta por el testimonio brindado en un programa de televisión por un hombre que habría sido miembro de Inteligencia y Logística de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, la titular de Derechos Humanos presentó un escrito y se entrevistó personalmente con el fiscal Federal Juan Soria: “Hicimos lo que nos corresponde por Secretaría de Estado, que es ponernos a disposición y brindar el asesoramiento y el acompañamiento a la causa”.
“No solamente presentamos el escrito al fiscal Soria sino también que lo socializamos en el reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos, donde participaron 21 provincias y donde también tomó conocimiento el Secretario de Derechos Humanos de Nación, el doctor Luis Duhalde, así que estamos haciendo y estamos acompañando”, sostuvo la funcionaria. “Nos ofrecemos como parte de la causa y, de trasladarse a la ciudad de Córdoba, la propia Secretaría de Derechos Humanos de Nación se va a constituir como querellante”.
“En este momento el juez (Federico) Calvete ha recibido un pedido del juzgado de Córdoba para que se le tome un interrogatorio a esta persona y en función de eso se determinará si se traslada a la provincia de Córdoba, si se mantiene acá, si se tiene que detener; obviamente sus dichos condicen con cuestiones reales, así que estamos al tanto y estamos involucrados directamente”, expresó. |
El juez del terror
Andrea Cervantes también se manifestó acerca de la situación del ex integrante de la Cámara de Apelaciones de la provincia, Mario Basso, de quien se supo en los últimos días que fue juez de Minoridad en la dictadura militar instaurada en 1976, y que había entregado en adopción a dos menores de hijas de desaparecidos a pesar de conocer sus identidades. “Yo creo que es de una gravedad extrema, que una persona acceda a un cargo, en este caso un juez, cumpliendo un papel activo dentro del terrorismo de Estado de la última dictadura, así que por supuesto como secretaría nos hemos expresado”, remarcó la secretaria.
“Tanto en el caso del juez como en otros casos, incluso de apremios ilegales en la ciudad de Río Grande, que hemos resguardado la identidad de las personas, pero no hemos hecho la prensa que por ahí sí es necesaria, porque si no parece que por ahí estamos metiendo la basura debajo de la alfombra, que nadie la vea, cuando en realidad tenemos una cantidad de expedientes abiertos”, señaló Cervantes, haciendo una autocrítica de su tarea pero en función de una falta de comunicación hacia la comunidad, y agregando que “se hace más de lo que se informa”. |
