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Guillermo Worman
No es el caso. La presidencia Cristina Fernández de Kirchner no está planteando el recorte de la coparticipación nacional, ni proyecta quitar los beneficios impositivos a la provincia. Cristina no ensaya cercenar los fondos que recibe la administración de Fabiana Ríos con una trampa de eufemismos tan inentendibles como interminables. La promoción electrónica, que tanto ha incidido en la vida fueguina, seguirá en vigencia y con todos sus beneficios activos. Hay certidumbre delante.
Ríos y su gabinete no tendrán que transpirar para cumplir con todas sus proyecciones y compromisos para el 2012. Nadie le está tratando de vender gato por liebre.
Lo cierto es que el gobierno no se verá obligado a alterar su lógica de duplicar servicios que prestan los municipios y podrán seguir con el timing actual de negociación con los sindicatos estatales. No habrá miles de malas noticias porque no se alterará la estructura tributaria y no habrá mayor esfuerzo en pos de mejorar la eficiencia recaudatoria. Claro, basta con recortar los presupuestos municipales.
El re-verso de los fondos específicos
Actualmente, una en Río Grande y otra en Ushuaia, ambas gestiones radicales van por su continuidad frente a las administraciones municipales. Algo similar sucedió con la gobernación, con la sutil diferencia de que Ríos no podrá ser re electa en el 2015. La mayoría legislativa podría verse, en el caso de concretarse, beneficiada con la reducción del margen de maniobra de los intendentes que pueden llegar mejor posicionados a la elección provincial 2015.
Tierra del Fuego ha accedido a un fondo de infraestructura millonario con la aprobación del multimencionado Fideicomiso Austral. Tal como han afirmado y prometido diversos referentes de la gestión Ríos, las obras de infraestructura se concretarían con los tan prometidos fondos.
¿No alcanza el Fideicomiso y vendieron una ilusión inexistente?
De aquí en más viene el atajo político. El gobierno (lo reconozca o no) ha impulsado el recorte de los presupuestos municipales sin acuerdo de partes con el argumento de formar fondos específicos y, de esta manera, atender necesidades que cualquier provincia media podría asumir con el millonario presupuesto público fueguino.
Río Grande y Ushuaia son dos ciudades ubicadas en una de las tres provincias más ricas del país. No son oasis en Formosa, Catamarca o Jujuy. Las llamadas ¨ciudades ricas¨ son la base urbana de ¨la provincia millonaria¨, desgravada y promocionada por excelencia.
Una posible alternativa a meter mano en presupuesto ajeno podría ser sólo cumplir con los anuncios que prometieron en los inicios previos de la gestión. En la memoria resuenan las palabras de terminar con la duplicidad de servicios en áreas como deporte, cultura y promoción social, entre otras tantas.
Otra vez, la ausencia de política
El gobierno tomó el camino unilateral. Se ha cansado de hacer y luego deshacerse en explicaciones que sólo siembran confusión. Se ha vuelto una máquina de cosechar tempestades. Cada iniciativa que ha impulsado en los últimos meses la ha tenido que aclarar y explicar por la torpeza de sus procedimientos.
Aducen, ahora, como arrepentidos, que deben gobernar y no cumplir promesas de cambio de cultura política que tanto fueron objetando en su andar hasta la gobernación. Era el gobierno de la construcción colectiva y se convirtió, en su andar dislocado, en un devenir hacia el autismo.
Pierden de vista que la autonomía municipal no es otra cosa que la profundización del federalismo a nivel local. Según este principio, se promueve que las decisiones públicas se tomen lo más cercano posible de la ciudadanía y que la descentralización pase a ser el camino correcto a transitar.
El re–verso de toda esta situación tendría que haber sido el armado de un amplío espacio de discusión para intentar solucionar los problemas que el gobierno pretende resolver en la más grande soledad.
Ahora bien, agotadas las vías de la búsqueda de consenso sólo, excepcionalmente, podría avanzarse en una decisión con tantos impactos para las administraciones municipales.
Los argumentos, mire por donde se mire, no justifican una decisión tan drástica y resistida. Porque, tal como están planteados los números presupuestarios públicos, lo que se pretende incautar a las ciudades es menos del 10% del déficit que ha proyecto la actual gestión de gobierno. Son, comparando números y cuentas, menos de 50 millones para un presupuesto provincial que supera los cinco mil millones anuales.
Di vueltas y vueltas para tratar de entender la situación y el re–verso no cierra por donde se lo mire.
