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as escuchas ilegales admitidas durante el juicio que se lleva a cabo contra ex funcionarios colacistas podrían ser investigadas en el futuro por la Justicia Federal, una vez que concluya el proceso iniciado el pasado viernes en Tribunales, informaron ayer fuentes ligadas al caso.
Es que por el tenor de lo declarado en audiencia por el ex funcionario del Ministerio de Deportes, René Arenas, el presunto delito a investigar excedería el ámbito de la justicia ordinaria y correspondería la declaración de incompetencia y el giro de las actuaciones a un tribunal nacional, dijeron las fuentes consultadas por este medio.
Arenas afirmó el viernes, al ser indagado en el juicio donde se investiga la sustracción de 210 mil pesos de fondos públicos, que gran parte de ese dinero lo percibió como contraprestación por haber realizado tareas de espionaje a pedido del ex gobernador Jorge Colazo.
Ante ello, la Fiscalía constituida por el fiscal Mayor Guillermo Massimi y la fiscal Karina Echazú impulsará una investigación por separado, una vez que finalice el actual proceso en que se juzga a cinco ex funcionarios (incluido Arenas) y a la mujer de uno de ellos, por el destino de una partida que debía usarse para solventar el viaje de una delegación deportiva en 2005.
Entre los imputados en ese caso también se encuentra el ex ministro de Deportes, Julio Alday, quien en su propia indagatoria del pasado viernes también avaló que Arenas se encargaba de realizar escuchas ilegales a dirigentes opositores, entre los que nombró a la actual gobernadora Fabiana Ríos, al ex gobernador Hugo Cóccaro, al ex ministro Alejandro Vernet, al ex ministro julio del Val y al ex intendente Jorge Garramuño.
Según Arenas, la gestión de Colazo estaba siendo “extorsionada” por otras escuchas ilegales, y como reacción lo contrataron a él para que descubriera a quienes efectuaban esa extorsión “y lo sacaran del camino”.
“Ese dinero que me dieron era porque yo hacía inteligencia para el Gobierno de Colazo”, fueron las palabras textuales que utilizó el ex colaborador del Ministerio a cargo de Alday, y también dijo que para realizar las escuchas “gastó mucho dinero en equipamiento”.
Aunque Alday no lo dijo, además de políticos de la oposición, Arenas habría grabado a integrantes del Poder Judicial, entre ellos fiscales y jueces.
Hoy los alegatos
Tras la jornada del viernes caracterizada por las indagatorias de Arenas, Alday, el ex secretario de Contrataciones Rodrigo Dumé, el titular de la Dirección de Administración Financiera, Javier Marconi, el abogado Flavio de Mayolas y la mujer de Marconi, Lucía Cabrera, el juicio se reanudó ayer a la mañana con los primeros testigos.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, integrado por los jueces Roberto Magraner, Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía, ya había determinado que la séptima imputada, Mónica Giménez (esposa de Arenas) será juzgada por separado al renunciar a su defensa pocos antes del comienzo del juicio, que ya había sido pospuesto anteriormente por una razón similar.
Las preguntas a los testigos tuvieron como eje determinar cuál era el rol de los funcionarios implicados dentro del gobierno de Colazo, y en especial cómo se manejó el movimiento de fondos relacionado con la partida que se sustrajo.
Alday y Marconi firmaron los cheques que luego cobraron Arenas, De Mayolas y las mujeres que aportaron sus cuentas bancarias, el día antes de la suspensión de Colazo por juicio político.
Sin embargo, el ex ministro de Deportes declaró en el juicio que Dumé era “un superministro” que tomaba todas las decisiones económicas, y que incluso el secretario fue quien le pidió que firmara los cheques a nombre del resto de los imputados.
En cambio Dumé negó tener trato con Alday, Marconi y Arenas, y relativizó la ascendencia que supuestamente tenía en el gabinete.
En ese sentido, los testigos oscilaron en adjudicarle mayor o menor poder al secretario en las decisiones económicas.
Por ejemplo el ex ministro Vernet, quien declaró en horas del mediodía, hizo hincapié en que “todo gasto debía tener autorización de Contrataciones”, y consideró a Dumé como parte de “la runfla” a la que cabe adjudicarle responsabilidad “por la debacle del gobierno” de Colazo.
Vernet dijo que en el gabinete había una división entre quienes habían participado del proceso de llegada al gobierno y los que habían llegado después por su grado de afinidad con el gobernador. En ese marco, calificó a Arenas como “un paracaidista”.
Tras la ronda de testimonios que concluyó pasadas las 18, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 14 en que se escucharán los alegatos de las partes, incluido el actor civil representado por abogados del Tribunal de Cuentas de la provincia.
