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Guillermo Worman
La política provincial se ha resentido como hace algún tiempo no sucedía y gran parte de la responsabilidad recae en los integrantes del Gobierno provincial, que han comprado la ilusión de gobernar como siempre se ocuparon de criticar. Los anuncios de diálogo luego de la reelección de la gobernadora Fabiana Ríos quedaron en la nada, al punto que ayer se confesó que los grandes acuerdos políticos se realizan sin necesidad de acudir al parlamento provincial.
Dos temas entran en discusión: la reducción presupuestaria y el camino que tomó el gobierno para implementarla. No hay dudas sobre la necesidad de replantearse roles institucionales y revisar cargas entre gobierno y municipios. Para todo esto hay procedimientos y espacios dentro de la democracia provincial. Por excelencia, las comisiones legislativas son el ámbito natural para el estudio y discusión de normas. Para qué están sino.
A pesar de tener la oportunidad de democratizar el debate en torno al futuro de las responsabilidades de gobierno, municipios y las áreas complementarias entre sí, se ha llegado a destino sin conocer cuál ha sido el recorrido y, en el trayecto, se han fundado nuevos y aparentes acuerdos políticos de los que nadie puede dar cuenta en público.
En la mente feliz de los dirigentes provinciales se auto obsequian el haber obtenido los acuerdos políticos necesarios y saborean la ilusión de tener, por primera vez, su propia mayoría automática. Se entusiasman con votar leyes a libro cerrado, continuar eligiendo jueces y magistrados a su medida, cerrar acuerdos multimillonarios con la explotación de hidrocarburos, dividir en porciones los espacios de poder para repartirlos como una torta entre los integrantes de la nueva logia y festejar como propios los logros que se aprecian como cola de cometa del gobierno nacional.
La chicana como método
Algunas de las consecuencias se ven a simple vista. Un ejemplo es la ferocidad del intercambio entre el gobierno y los municipios, como consecuencia del acuerdo paralelo que el gobierno dice mantener con sectores que le garantizarían los votos para coronar su ambición de podar los presupuestos municipales por cifras que promedian los veinte millones de pesos.
El debate político no sólo se ha empobrecido por la ausencia absoluta de propuestas, la deficitaria planificación del perfil de desarrollo provincial y el lenguaje chicanero que han adoptado algunos de los referentes emblemáticos del actual gobierno provincial, porque el gobierno aprendió que le resulta más fácil hacer uso y abuso de la chicana que sentarse a mantener niveles de dialogo que se esperan de la dirigencia que tiene enormes responsabilidades dentro de la gestión de una provincia.
En el medio hay una comunidad que espera cosas muy distintas de una conducción política que se aísla de la realidad y se sumerge dentro del microclima que reina dentro de la Casa de Gobierno como un grupo cerrado de autosatisfacción.
A varios ministros y secretarios les cuesta entender que tienen un alto nivel de exposición a la crítica pública y que deben tolerar como algo asociado e intrínseco a la función que ocupan. La única herramienta que tiene la ciudadanía en relación a sus autoridades es el derecho de expresar, cosa no menor, su indignación o malestar ante decisiones que se perciben como perjudiciales.
No caben dudas que estamos ante una nueva crisis institucional y política en la provincia que tiene mayores condiciones estructurales para vivir y disfrutar de los más altos niveles de bienestar. Y nada de todo esto alcanza.
Otra vez, como un relato que se repite cíclicamente, los intentos por retener coparticipación de manera compulsiva estalla como un conflicto que amenaza con llevarse puesto todo lo que se tope por delante.
El nuevo ingrediente es el bastardeo como modo de devolución de gentilezas. Hay un principio básico que los funcionarios provinciales tienen dificultad de entender. Mientras que la ciudadanía tiene todo permitido salvo lo expresamente prohibido, desde el Estado sólo se puede hacer lo expresamente reglado, fundamentado en bases razonables, sin margen de discrecionalidad ni discriminación posible. Por lo tanto, el margen de maniobra se les cierra a los procedimientos que tienen habilitados. Ese es su límite.
Si el Gobierno maltrata desde el discurso, si baja los niveles de discusión y los funcionarios operan como punteros, el camino que se vislumbra por delante no parece muy promisorio.
¿Acaso hubo alguna discusión racional o el intercambio epistolar se redujo a los 140 caracteres, cargados de chicanas y mensajes sobradores?
La dirigencia, ahora, tiene que levantar sus niveles de deliberación. Mal o bien, lo que se reclama es que cumplan los compromisos de racionabilidad que asumieron en la campaña que hace poco acaba de terminar. Si no, todo habrá sido para la puesta en escena para los debates televisivos.
