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Guillermo Worman
Somos testigos de un lamentable retroceso en términos políticos. A todos nos cabe algún tipo de responsabilidad. Algunos por acción, otros por indiferencia y desaprensión. A pesar del ruido que provocó, el problema no se focaliza en las advertencias que esgrimieron desde el gobierno en el intento (aún no se sabe qué va a suceder) por reducir los fondos coparticipables que reciben los municipios.
Sobre los roles que deben cumplir el Estado provincial y los municipales, allí no hay debate alguno, sino la intención de imponer la construcción de poder por acumulación de votos en la legislatura. De esa manera, alterar el sistema de transferencias coparticipables en perjuicio de las gestiones locales.
Si bien gobierno y municipios han mostrado argumentos contrapuestos para defender sus posturas, nada de toda la discusión se ajusta a un proyecto económico o político que justifique afectar procedimientos históricos. Entonces, los debates terminan por tener gusto a poco, porque, en definitiva, nada sustantivo se está discutiendo y sólo de debaten mezquindades que no salen a la luz.
El otro episodio que mostró falta absoluta de deliberación pública fue la decisión de alterar la estructura tarifaria que corresponde a la actividad industrial. Otra vez, un sector de la dirigencia política hizo sólo uso de su poder para demostrar que puede imponer decisiones, ya que alcanza con sumar la cantidad de votos necesarios para lograr el objetivo. Las explicaciones del caso aparecieron después de los hechos consumados, tanto en el intento por recortar los fondos coparticipables, como en la nueva ley tarifaria.
Si bien los sistemas de representación implican que grupos reducidos llevan la voz y decisión de las mayorías, de ninguna manera se habilita a que las grandes resoluciones se tomen en una composición de silencios y secretos. Gobernar, por lo tanto, no es sólo alcanzar resultados. Se necesita de un proceso en medio de las grandes decisiones en donde, justamente, se pongan en marcha mecanismos de deliberación para arribar a decisiones que afectan a la comunidad. ¿En qué se gasta?. ¿Cuánto se recauda, quiénes tributan y quiénes no?. ¿Cuánto esfuerzo hace cada sector para sostener el gasto de las prestaciones públicas? De eso se trata la equidad.
En esa línea cobran importancia los derechos íntimamente asociados de acceso a la información y de libertad de expresión. Uno funciona como materia prima del otro, y ambos son absolutamente necesarios para que cualquier sistema republicano tenga sentido. En lo que a la tarifaria respecta, la información apareció después de la decisión votada y nada pudo decirse en ese pacto de silencios.
Por el contrario, tal como está pasando, si el poder se ejerce sin información y sin deliberación pública, estamos frente a un sistema democrático llevado a su mínima expresión. Son los debates y no los silencios los componentes que concuerdan con un sistema ideado para la participación e involucramiento de las mayorías.
Otro aspecto que salta a la vista, por sus propias contradicciones, es la falta de un proyecto político. No alcanza con amenazar en profundizar los canales de libertad de expresión y que, en el mientras tanto, legisladores y funcionarios den por cerrados todos los canales para informarse, debatir y participar sobre los grandes temas que son agenda de la provincia. Democracia no es escribir frases cortas en las redes sociales y libertad de expresión no es jugar a debatir los temas permitidos y aquellos que no generan riesgos.
Por el contrario, se asemeja más a poder ejercer el derecho de intervenir sobre temáticas públicas, muchas veces incómodas para sectores que resuelven en minoría sobre temas que impactan en la vida de muchos.
Si la política es deliberación e intervención sobre asuntos públicos, lamentablemente estamos asistiendo a un oscuro momento de la historia política fueguina. Para no caer en confusiones, gobernar no es el mismo verbo que gerenciar. Uno hace referencia a la toma de decisiones políticas y a la necesidad de construir constantes equilibrios entre numerosas tensiones que hay que gestionar. El otro, la gerencia, es más cercano a la definición y logro de resultados.
Estamos, una vez más, ante un dilema histórico de nuestra forma de gobierno y hay que optar entre lo cómodo y la posibilidad de construir nuevos procesos sociales. Los silencios, entonces, sólo terminan siendo cómodos y funcionales a los prepotentes.
