E
l Ministro de Economía y el Secretario de Ingresos Públicos reconocieron ayer ante los legisladores que integran la comisión de Presupuesto no haber participado en la formulación de la ley tarifaria aprobada el pasado jueves 27 de octubre.
Consultados sobre el impacto que la reducción estipulada para la alícuota de tasa de verificación para algunas actividades industriales y productos electrónicos en particular, dijeron que podría generar una merma de ingresos que rondaría como máximo unos 60 millones de pesos, pero se aclaró que resultaba difícil determinar a priori sí efectivamente un efecto negativo o no sobre los índices de recaudación, ya que habrá que esperar a conocer el efecto que puedan tener las futuras inversiones que se concreten en la provincia.
El titular de la cartera económica, Cristian Ruiz sostuvo que “más allá de la reducción que redunda en un beneficio para las empresas, en realidad con la ley se trata de fomentar la inversión en la Provincia” y generar, así, más fuentes de trabajo. Apuntó que para “poder compensar esta merma estimada en los recursos por tasas de verificación” lo forma que tenemos de compensar éstas partidas que hoy estarían disminuidas” por la vigencia de la norma sancionada “tienen que ver con el inicio de nuevas políticas” emanadas desde la Secretaría de ingresos Públicos.
El responsable de esa área, Cristian Durrieu, adelantó que se está trabajando sobre un paquete de normas de corte fiscal tendientes a compensar un potencial efecto negativo de la reducción de tasas a la industria, entre las que se mencionó un nuevo mecanismo de avalúo para la determinación del inmobiliario rural; la implementación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y aplicación del impuesto de sellos a los consumos con tarjetas de crédito. Esta última alternativa ya fue planteada al inicio mismo de la gestión Ríos y rechazada por el Parlamento.
En el encuentro también se evaluó el grado de ejecución de programas financiados con recursos nacionales, el que se reconoció es bajo producto de que no se fueron transferidos la totalidad de los recursos comprometidos. Distinta situación se planteó en torno a la ejecución de los recursos provenientes del Fondo de la Soja, ya que en este caso se reconoció la percepción de algo más de 130 millones, de los cuales se destinaron únicamente 22 millones a financiar obra pública.
Sin encuentro con los intendentes
Tras la confirmación de que el Poder Ejecutivo convocó a los intendentes de Ushuaia y Río Grande para restablecer el diálogo político tras la controversia generada por la pretensión de la gestión Ríos de constituir fondos específicos con recursos que disminuirían la base de distribución de la coparticipación federal, los integrantes de la comisión de Presupuesto resolvieron, por mayoría, suspender la reunión de hoy a la que habían sido invitados los jefes comunales.
