P
or
J. Daniel Guzmán
De la Redacción de
el diario del Fin de Mundo
Con fundamentos y antecedentes comprobables, muchos desconfían del boom industrial que hoy se vive en Tierra del Fuego, y en principio sienten que éste es solo un viento pasajero. Y es que hay elementos suficientes para sostener que esta hipótesis puede ser cierta.
Pero de la misma manera que es evidente que falta una planificación logística, que los privados disfrutan de este resurgir empachándose de ingresos impensados; que existe desinterés de parte de sectores del propio Estado de trabajar en conjunto para que el crecimiento sea armónico; que la Secretaría de Promoción Económica y Fiscal –por más que lo reclame–, no posee el personal para controlar que los empresarios estén cumpliendo efectivamente con los proyectos de radicación industrial, para que la producción y la mano de obra se vayan consolidando…, hay otros –tal vez los menos–, que se empeñan en trabajar de manera coordinada, en desafiar a los errores y frustraciones del pasado y en mirar un poco más allá del Estrecho de Magallanes y darse cuenta de que el objetivo de un Polo Tecnológico en Tierra del Fuego es parte integrante de un proyecto nacional industrial que ha generado los anticuerpos suficientes como para que la crisis financiera y económica mundial no nos afecte.
Hay que mirar hacia atrás. Es sano y saludable ver cómo y por qué hace 20 años atrás colapsaba el proceso industrial que puso en marcha la presidencia de Raúl Alfonsín.
Mirar hacia atrás es analizar la razón, el origen y el porqué, la ex planta de CM que hoy reabre sus puertas, permaneció algo más de 15 años cerrada y tan solo 8 abiertas. Algo más de 20 años de aquel impulso industrial que el alfonsinismo desperdició, que el Movimiento Popular fueguino sufrió, que el Peronismo de Manfredotti no pudo canalizar y que a la actual gestión de gobierno de Fabiana Ríos, le toca como responsabilidad, cuidar, sostener y consolidar.
Memoria de la gran estafa
La presidenta de la Nación recordará (porque vivía en Río Gallegos, y Santa Cruz era testigo en primera fila), de las grandes caravanas de camiones que venían a la isla con galpones que como destino tenían los Parques industriales de Río Grande y el de Ushuaia, y también de los cargamentos que iban desde Tierra del Fuego hacia los grandes centros de consumo con productos electrónicos, textiles y plásticos.
Seguro que Cristina Fernández de Kirchner tiene memoria del traumático final, de cómo colapsó el proyecto, cuando la fenomenal estafa por reintegro a las inversiones primero y a las exportaciones al continente en segundo término, ya eran inocultables; y las razones por la cual, la Nación cortó abruptamente los beneficios que sostenían el régimen.
Memoria debe tener también la gobernadora –quien por ese entonces ya vivía en Río Grande–, del desamparo de miles trabajadores que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo, de las múltiples marchas de operarios pidiendo la reapertura de esas empresas, cuyos dueños sin protocolo ni consideraciones, decidieron cerrar las plantas dejando adentro desde las maquinarias hasta las tazas de café, las lapiceras y los sacapuntas, porque el negocio de la plata fácil se había acabado.
Una cadena interminable de actores, permitieron que ese proceso industrial colapsara y dejara a las ciudades de Tierra del Fuego y a sus habitantes, frente a una crisis social y económica sin precedentes.
En primera fila de responsables (o irresponsables), los funcionarios de la Aduana, los despachantes y los miembros que integraban por entonces la Comisión de Área Aduanera Especial, en segundo lugar los transportistas y tercer término los representantes de los trabajadores.
Nada debió haber pasado si hubiera existido una buena administración aduanera, e imperado el celo fiscal; si las señoras y señores despachantes de Aduana habrían actuado con responsabilidad empresarial y sin hacerle gambetas a la Ley; si los miembros de la comisión del Área Aduanera (algunos aún sobreviven), exigían transparencia y control, si las empresas transportistas no se prestaban para el festín, y si los gremios –que eran advertidos por sus propios trabajadores sobre como daban vuelta los componentes entre la isla y el continente con estampillas incluidas–, denunciaban semejantes aberración y robo al Estado Nacional.
Si hubieran existido menos avaricia y egoísmo, nada de lo que sucedió a fines de los 80 hubiera ocurrido, como para que hoy una parte importante de nuestra sociedad vea con ojos de cortoplacismo este nuevo impulso que la gestión de Cristina Fernández le está dando a la Tierra del Fuego, no como una decisión aislada, sino como parte integrante de un proyecto macro, donde la provincia incorpora su aporte tecnológico.
Pocos interesados y muchos oportunistas
20 años después del comienzo de aquella debacle, a 15 del cierre de las puertas lo que fue la gran planta de Aurora Grundig en Tierra del Fuego y a casi 3 del reimpulso de las capacidades industriales con beneficio fiscal por parte de Nación, para contrarrestar el comercio de los productos electrónicos que venían del exterior, la presidenta viene a hoy a ver por si misma los resultados de esa medida que impulsó contra viento y marea, y que las corporaciones calificaron de “impuestazo tecnológico”. Viena a certificar que ese proyecto está en marcha, y que en su reabrir de puertas, da mano de obra a miles de trabajadores argentinos que habitan este confín del País.
Sobre cómo colapsó el régimen industrial que se puso en marcha en los 80, hay algunos memoriosos, varios responsables y muchos distraídos. De cómo se sostiene y se garantiza el actual crecimiento, muy pocos preocupados y demasiados oportunistas. Para estar inquietos, con los vaivenes del mercado, sería suficiente.
