P
or decisión unánime, la Legislatura sancionó un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para toda persona que represente oficialmente a Tierra del Fuego en foros internacionales a sostener el reclamo de soberanía argentina sobre las Malvinas y a cuestionar la ilegítima ocupación de la Islas por parte de Gran Bretaña.
La iniciativa del bloque del Justicialismo no fue el único asunto vinculado a la cuestión Malvinas que se abordó en la sesión, ya que los parlamentarios aprobaron una declaración de repudio a los dichos del primer ministro británico, David Cameron, que acusó a la Argentina de “colonialismo” por su insistencia en reclamar soberanía sobre el archipiélago austral, como así también un pedido de informes referido a la aplicación dada por el Ejecutivo a la denominada Ley Gaucho Rivero.
Este proyecto presentado por el radicalismo fue el único asunto de los tratados ayer que generó debate entre los parlamentarios. El presidente de la bancada de la UCR, Pablo Blanco, cuestionó a la administración Ríos por la, a su entender, falta de coherencia demostrada por el Ejecutivo al prohibir a fines de febrero el ingreso a puerto del crucero Star Princess, cuando “la Ley había sido sancionada el año anterior y éste buque ya había ingresado a la Provincia” sostuvo. Agregó que se debe ser respetuoso de las leyes y “no aplicarlas cuando nos convenga, por fechas cercanas o por hechos que se dieron en la Provincia que no hacen acordar que tenemos una Ley sobre el tema”. Indicó, además, que esta situación ponía en evidencia “la falta de planificación de las autoridades provinciales referidas a una actividad tan importante como es el turismo”.
Los dichos de Blanco motivaron la encendida réplica del oficialista Fabio Marinello que defendió la decisión adoptada por la gobernadora Ríos, consideró infundados los cuestionamientos del radical y cuestionó que “alguno actores que, quizás se han visto perjudicados en cuestiones económicas, no se acercaron a discutir esta misma iniciativa al momento de sancionarla”.
Éste fue el único “cruce” que se registró en esta primera sesión ordinaria ya que los restantes asuntos, unos 60, resultaron aprobados en rápido trámite y caso todos por unanimidad.
Así por ejemplo, fueron sancionados los proyectos de ley de creación de la comisión especial de análisis y reforma del IPAUSS; de modificación del artículo 117 del código fiscal; de fomento e incentivo a la actividad privada para la financiación de proyectos culturales, como aquél por el que se reconoció el sistema provincial de cursos de formación y capacitación de profesionales de grado y técnicos de la salud.
Pedidos de informe a libro cerrado
Para no dilatar en exceso la duración de la sesión, los legisladores resolvieron tratar en paquete y a libro cerrado todas las ratificaciones de resoluciones de presidencia y convenios que habían sido incorporadas al orden del día, y, tal vez, para evitar que se suscitaran nuevos cruces dispusieron adoptar esa misma mecánica para aprobar cerca de 20 pedidos de informe sobre diversos temas.
De acusadores y juzgadores
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Provincial, en esta primera sesión ordinaria la legislatura procedió a integrar por sorteo las salas acusadora y juzgadora de juicio político. La primera de ellas que conformada por Juan Carlos Arcando y Héctor Tapia (FPV); Amanda del Corro (PSP); Damián Löffler (MPF); Susana Siracusa (PJ); Liliana Martínez Allende (UCR) y Adrián Liendo (PP). En tanto que la Juzgadora se integró con Jorge Lechman y Claudia Andrade Tenorio (MPF); Juan Rodríguez y Pablo Blanco (UCR); Myrian Martínez (FPV); Eduardo Barrientos (PJ); Laura Rojo (PPP) y Fabio Marinello (PSP).
Por último se acordó que la segunda sesión ordinaria se realice el jueves 19 de abril.
