E
l presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande, Horacio Chávez, confirmó ayer que los ex soldados denunciantes de torturas y vejámenes durante la guerra de Malvinas acudirán esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de que los delitos investigados sean considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
La causa fue iniciada en 2007 ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herráez, pero la investigación se paralizó ante el planteo de los abogados de los militares acusados que consideran que las figuras delictivas se encuentran prescriptas.
Chávez explicó que tras los numerosos testimonios brindados por ex combatientes, la jueza estaría en condiciones de indagar a cerca de cincuenta integrantes de las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales todavía se encuentran en actividad.
El titular del Centro de Veteranos de Guerra riograndense recordó que en la causa trabajan especialmente los miembros del CECIM (Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas) con sede en La Plata, provincia de Buenos Aires, a pesar de que la mayoría de denunciantes son ex soldados residentes en las provincias de Chaco y Corrientes.
“Por supuesto que cuando nuestros compañeros y camaradas vinieron a hacer las denuncias en 2007, nosotros los acompañamos. Necesitaban llegar hasta la jurisdicción a donde pertenecen las islas y contar todo lo que les había pasado”, señaló Chávez.
También dijo que no sólo en esta causa se investigan maltratos a soldados durante la guerra, ya que conoce el contenido de denuncias similares presentadas en tribunales de la provincia de Chubut y en la provincia de Buenos Aires.
“Ojalá que en el marco de estos 30 años que están por cumplirse, todas estas situaciones se definan. Nosotros hemos mantenido siempre una posición y queremos que se deslinden responsabilidades y se haga justicia”, enfatizó.
En el mismo sentido, Chávez consideró que más allá de estos episodios dolorosos, “Malvinas sigue siendo una causa noble que une a los argentinos. La verdad real de lo que sucedió en el campo de batalla no va en detrimento del reclamo de soberanía, sino todo lo contrario”, aseguró.
Por otra parte, el presidente del Centro mencionó que ya “está casi todo listo” para la tradicional vigilia del 1 de abril. Precisó que el 26 de marzo se inaugurará la carpa habitual que contiene a los ex soldados durante la conmemoración y que, sin confirmación oficial, se especula con la visita del canciller argentino Héctor Timerman y el ministro del Interior Florencio Randazzo para acompañar a los veteranos en esa jornada.
“La visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kichner el 2 de abril, para participar del acto central en Ushuaia, le otorga el marco que corresponde a esta fecha tan significativa”, señaló Chávez.
La causa
La investigación que fue iniciada en Río Grande hace cinco años contempla desde maltratos a soldados durante la guerra, hasta torturas, los famosos estaqueos y presuntos homicidios.
La discusión sobre si los delitos están prescriptos llegó hace poco a la Cámara de Casación Penal, organismo que no sólo se pronunció a favor de esa posibilidad, sino que le denegó a la fiscalía acudir en apelación a la Suprema Corte por la vía ordinaria.
Ante ello, el fiscal Javier De Luca se dirigirá al máximo órgano judicial del país mediante un recurso de queja. Los jueces de casación Raúl Madueño y Luis María Cabral coincidieron en que “se pide una nueva investigación y un nuevo pronunciamiento sobre un tema ya decidido”, en referencia a que en 2009 el Tribunal ya había declarado que esos delitos no son de lesa humanidad, y por lo tanto prescriben con el paso del tiempo. Pero un tercer juez, Mariano Borinsky, votó en disidencia, y sostuvo que la definición del caso “debe ser valorada y resuelta por la máxima autoridad judicial del país, la Corte Suprema de Justicia”, y por eso entendió que debían “concederse los recursos interpuestos” tanto por la fiscalía como por los querellantes en la investigación.
Fuentes judiciales confirmaron que al llegar a la Corte por la vía de una queja, “hay menores chances de que tenga aceptación y que sea tratado (el caso) por los jueces”.
Entre los testimonios de ex combatientes brindados en Río Grande, muchos admitieron haber matado a ovejas u otro tipo de animales que se encontraban en campos desérticos de las islas para poder sobrevivir a las hambrunas, y dijeron que la situación respondía a una mala distribución de los alimentos que llegaban para la tropa argentina mientras los altos mandos tenían asegurada su ración. En tanto, los soldados que eran descubiertos matando animales eran castigados con estaqueos o con guardias a la intemperie.
La primera causa que llegará a la Corte está caratulada “Taranto, Jorge Eduardo”, el nombre de uno de los militares imputados que aún no fue ni siquiera indagado.
