Tramitación ante el Superior Tribunal de Justicia

Coparticipación: Río Grande busca evitar un recorte de 100 millones de pesos

29/03/2012
E
n el marco de la polémica planteada en torno a la redefinición de roles y funciones de los estados provincial y municipal, el Ejecutivo de Río Grande realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia para que no se avance en la quita del 25% de los recursos de coparticipación que recibe el Municipio, ya que “afectaría seriamente a toda la administración, a la gestión de obras y a los servicios que presta”, advirtieron desde el norte provincial. Están en juego, remarcaron, más de 100 millones de pesos.
El trámite judicial fue efectivizado por el intendente Gustavo Melella; el secretario de Gobierno, Paulino Rossi; y el asesor letrado del Municipio, Daniel Garay.
El jefe comunal manifestó que “defendemos la autonomía municipal, la cual se va a ver seriamente afectada si esto avanza”, a lo que sumó que “hay muchas implicancias desde lo legal y lo técnico, pero también desde lo financiero y desde la gestión de todos los días”.
“Si esto prospera es un 25% de la coparticipación, lo que va a impactar directamente en los trabajadores pero también en los servicios que el Municipio brinda”.
Asimismo, pidió que “la Justicia sea justa y falle a favor de los Municipios” porque “el caos que se va a crear va a ser grande y no se va a resolver por otro lado el problema de la provincia”.
“Son más de 100 millones de pesos, es para entregarle las llaves de la ciudad a la Justicia y que se hagan cargo de gestionar porque va a ser muy complicado”, manifestó, mientras que en caso que la Justicia falle a favor de los Municipios “los Municipios siempre tuvimos la buena predisposición de sentarnos con la Provincia para colaborar y ver cuál es el problema estructural que tiene, y acompañarla”.
“Esto no es una guerra entre la provincia y los Municipios si no defensa de la autonomía municipal, es defender que hemos venido trabajando en un sinceramiento de nuestras finanzas”, enfatizó.
En cuanto al escrito, Garay precisó que está basado en “la ausencia de certeza en lo que el fiscal de Estado está peticionando, que en realidad está pidiéndose dilucidar una cuestión de interpretación de las leyes del Financiamiento Educativo que se fueron sucediendo en el tiempo y que fueron sancionadas las leyes por la Legislatura de la Provincia”, y que el fiscal de Estado “entiende que se le deberían deducir un porcentaje de los recursos que les corresponden a las municipalidades para financiar el Sistema Educativo”.
Para el Municipio “no hay de ninguna forma una falta de certeza porque la Provincia fue computando los presupuestos a partir de la sanción de las leyes de Financiamiento Educativo sin ninguna detracción a los Municipios”, y por ende “se comprende, y la Provincia lo entiende, que no tenía ningún derecho a practicar ninguna detracción o quita de recursos coparticipables a los municipios”.
Finalmente, el letrado destacó que para la presentación se trabajó conjuntamente con la asesoría letrada de la Municipalidad de Ushuaia ya que “hay cuestiones que son comunes, los intereses son comunes y por ende cada uno de los municipios, con diferentes matices, lo que está defendiendo es la autonomía municipal”.

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