res meses después de interpuesto el reclamo contra el aumento dispuesto en el cuadro tarifario del servicio de agua, la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios rechazó por improcedente la presentación efectuada por un vecino de Ushuaia, argumentado para ello la condición de inquilino del reclamante.
De esta manera, el organismo estatal deja sin posibilidad alguna de defender sus derechos a quienes, por las ya conocidas dificultades de acceso a la tierra y la vivienda, no son propietarios del inmueble en que viven o desarrollan su actividad comercial. Según el último censo nacional, en Ushuaia son más de 10.000 las familias que alquilan su vivienda. A ese número hay que sumarle una cantidad no precisada de empresas, comercios y profesionales que para el desarrollo de su actividad alquilan locales en la capital provincial.
La respuesta, que aparece como absolutamente discriminatoria, se dio en el marco de la presentación que realizara Víctor Díaz contra la decisión de la DPOSS de disponer un aumento tarifario, cuando se encuentra en plena vigencia la ley de emergencia del Servicio de Producción y Suministro de Agua Potable, que dispuso dejar sin efecto el reajuste tarifario mientras dure la misma.
