E
l pasado 4 de abril asumió la conducción del Fondo Residual el abogado riograndense Sebastián Marchisio, quien se convirtió así en el quinto administrador que es designado por la gobernadora Fabiana Ríos al frente de ese organismo.
Hasta el 14 de diciembre del año pasado, el ahora funcionario de la gestión Ríos asesoró a la por entonces concejal riograndense del Partido Social Patagónico y actual ministro de Desarrollo Social, Marisa Montero.
Marchisio reemplaza en el cargo a Fernando Ibarra Rodríguez, quien tuvo un fugaz paso por el Fondo Residual, ya que se desempeñó como administrador entre el 17 de diciembre del año 2011 y el 4 de abril pasado.
Rodríguez había sido nombrado para suceder en la conducción del cuestionado organismo a Guadalupe Colmeiro. Esta abogada había asumido el 14 de diciembre de 2009 y renunció dos años después.
Con anterioridad a esa designación, la administración del Fondo había estado desde el 30 de octubre de 2008 y hasta el 14 de diciembre de 2009, en manos del actual Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Alejandro Berola.
El primer administrador designado por Fabiana Ríos fue Sergio Tagliapierta, quien estuvo al frente del organismo entre el 18 de diciembre de 2007 y el 10 de octubre de 2008.
El 23 de marzo del año 2000, durante la gobernación del justicialista Carlos Manfredotti, la Legislatura aprobó por mayoría el proyecto de ley de transformación del Banco de Tierra del Fuego en Sociedad Anónima y de creación de un fondo residual para que administrara “los activos, pasivos y créditos eventuales o contingentes que asuma como propios el Estado provincial” tras ser excluidos del patrimonio del BTF.
En el mencionado proyecto, el estado provincial asumió “el carácter de deudor con el Instituto Provincial de Previsión Social hasta la suma de $ 208.000.000, monto que proviene de los créditos que tal Instituto posee contra el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, garantizándose su cancelación con los importes que, entre otros, provengan del Fondo Residual por la realización de los inmuebles y el recupero de la cartera crediticia que el mismo lleve a cabo, activos que recibiera en virtud de lo establecido” en el proceso de exclusión de cartera “como así también de las utilidades que el Estado provincial podría percibir por su participación accionaria en el Banco Tierra del Fuego Sociedad Anónima”.
La iniciativa contó el voto afirmativo de los legisladores justicialistas Sergio Cejas, Rubén Sciutto, Rita Fleitas, Angélica Guzmán, Nélida Lanzares y Alejandro Navarro; de los mofopistas Damián Löffler, Miguel Portela; Mónica Mendoza; Horacio Miranda y Luis Artesano y de dos de los integrantes del bloque de la Alianza, Alejandro Vernet y José Barrozo. Los otros dos integrantes de esta bancada, Hugo Ponzo y Fabiana Ríos votaron por la negativa.
Si bien el proceso de transformación del BTF en Sociedad Anónima nunca se concretó, se transfirió para su recupero al Fondo Residual parte de la cartera de deudores morosos o incobrables de la entidad bancaria, por un monto cercano a los 190 millones de pesos.
El 22 de agosto del 2000, por ley 486 se estableció el régimen de funcionamiento del Fondo Residual. Desde aquél entonces y al día de la fecha se desconoce a ciencia cierta cuál fue el monto de recupero logrado por el organismo. De acuerdo a la información publicada en el Boletín Oficia, entre 2006 y 2011 se le transfirieron al IPAUSS solamente cerca de 17 millones de pesos, mientras que la justicia fueguina sigue investigando posibles irregularidades cometidas dentro del Fondo para el recupero de cartera.
En agosto de 2009, mediante la ley 783 el Parlamento dispuso el régimen de liquidación del Fondo Residual. La norma estableció “la transferencia a favor del Estado provincial de los bienes inmuebles cuya titularidad dominial le corresponda al Fondo Residual, Ley 478” y que “habiéndose cumplido con la regularización de todas las deudas posibles, la transferencia de los bienes y considerando la imposibilidad de promover nuevas acciones de cobro, se procederá a la liquidación del Fondo Residual, Ley 478, en los siguientes términos:
a) El Poder Ejecutivo nombrará dos Síndicos Liquidadores, uno de ellos deberá ser abogado y el otro contador público o licenciado en Economía, quienes en forma conjunta con el Administrador llevarán a cabo el proceso de liquidación de la persona jurídica de carácter privado que gira bajo la denominación de "Fondo Residual, Ley 478", según la legislación vigente en la materia;
b) los convenios de regularización de deuda, serán transferidos al Poder Ejecutivo, quien mediante convenio designará al Banco de Tierra del Fuego su agente financiero para la realización de las cuotas hasta la cancelación total de las mismas;
c) sobre los juicios en trámite que en virtud de sus estados procesales, monto, insolvencia del deudor y demás circunstancias justificadas, resulte gravoso para el Fondo Residual su prosecución, éste podrá desistir de la pretensión, previo contralor de la Comisión de Seguimiento Legislativo, conforme los alcances establecidos en el artículo 14 de la presente ley;
d) los créditos reclamados en los juicios en trámite contemplados en el inciso “c)” del presente artículo, serán cedidos al Poder Ejecutivo Provincial en el estado procesal en que se encuentren, quien podrá encomendar su prosecución al Banco de Tierra del Fuego, o por su intermedio a los letrados que al dictado de la presente, ejerzan representación judicial del Fondo Residual, Ley 478”.
