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a Legislatura fueguina recibió ayer a representantes de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS), que arribaron a la provincia para brindar asesoramiento técnico en torno a la polémica adhesión a la Ley Nacional 24.901, que instituiría en el ámbito provincial un “Sistema de Prestaciones Básicas en Rehabilitación Integral a Favor de las Personas con Discapacidad”.
Entre los beneficios que contempla el proyecto –impulsado por un grupo de organizaciones de Ushuaia integradas por familiares de personas con discapacidad– se incluye la cobertura al 100% de las prestaciones médicas por parte de las obras sociales, el acceso a la rehabilitación profesional, terapéutica, servicios educativos y de formación laboral para aquellos jóvenes/adultos que actualmente están desescolarizados.
El encuentro realizado en el marco de la Comisión Nº 5 de Salud y Acción Social, la directora de CONADIS, Susana Sequeiros, contó a los parlamentarios y funcionarios de Gobierno presentes los resultados de la normativa que es ejecutada en diecinueve jurisdicciones del país y que incluso, en este momento, permanece en proceso de modificación en el Senado de la Nación en busca de lograr una norma superadora. En diálogo con EDFM la referente nacional destacó: “Vengo en nombre de la comisión nacional asesora, que determina que las provincias son autárquicas” por lo cual “lo único que hicimos fue informar técnicamente para que se tomen las decisiones con la mayor amplitud y conocimiento posible”, aclaró.
En ese sentido Sequeiros insistió que “ésta decisión tendrá que tomarla la provincia, a través de sus representantes, pero cualquier sea la postura, mientras se garantice la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad, la Comisión va a acompañar la iniciativa”.
Durante su explicación la funcionaria nacional dejó de manifiesto que técnicamente no sería necesario proceder a la adhesión a la Ley 24901 puesto que se trata de una legislación de alcance nacional. “Por el sentido de federalismo todas las obras sociales, que están bajo el contralor nacional, incluidas en la Ley 23660 y 23661, están obligadas por la Ley 24901 a garantizar la cobertura de salud del 100% a las personas con discapacidad”, aseguró; sin embargo precisó “quedarían exentas las obras sociales provinciales” razón por la cual exhortó que la discusión debe darse localmente. Sobre éste planteo muchas de las ONGs presentes en el debate expresaron que son numerosos los recursos de amparo iniciados en la Justicia de Tierra del Fuego ante la falta de cobertura de salud de los prestadores nacionales, a las personas con discapacidad en la provincia. Por eso el grupo fue invitado a formalizar los reclamos correspondientes ante la CONADIS, con el fin que el organismo intervenga en cada caso de incumplimiento.
Por otra parte, Sequeiros ejemplificó citando que “hay otras estrategias que se implementaron en otras jurisdicciones del país, en función de su realidad y la particularidad de cada lugar”, al anotar que “la provincia de Buenos Aires no adhirió a la 24901, pero si generó un marco normativo en un trabajo conjunto realizado en el año 2000, en una actividad conjunta entre prestadores, Ministerios de Salud, Educación y el IOMA la obra social de la provincia de Buenos Aires, donde se armo un menú prestacional muy semejante a la 24901”, que –según dijo– se “ajusta a las necesidades de la población, con un modelo asistencial propio”, adujo.
Visto bueno
Por su parte, al final de la reunión, la presidenta de la comisión N 5, la legisladora del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Claudia Andrade, evaluó que “el recibimiento de la CONADIS fue muy fructífero, en cuento a la información que nos dieron”. Del mismo modo manifestó que el organismo “no brindarán una opinión sobre qué tiene que hacer la provincia, sino que esto dependerá de los legisladores, de optar por la adhesión o seguir trabajando en un marco normativo que sea propicio”.
“En cuanto a la obra social de nuestra provincia, el IPAUSS” consideró la mopofista “dejaron en claro que el IPAUSS no correría ningún tipo de riesgo, en tanto y en cuanto se coordinen políticas de distintos estamentos para dar respuesta a las personas con discapacidad”.
En ese punto Andrade reconoció que “la adhesión no perjudicaría en nada, por lo que vamos a ver qué sucede la semana que viene, si sale un dictamen favorable respecto a la adhesión a la ley”.
En tanto, extraoficialmente trascendió que el proyecto contaría con una mayoría en el seno del cuerpo legislativo por lo cual se cree que la iniciativa podría prosperar en la próxima sesión, que tendría lugar el 17 de mayo.
Cabe destacar que además de la presidenta de la Comisión, participaron en la reunión los legisladores Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ); Amanda del Corro (PSP); Laura Rojo (PPP); Myriam Martínez (FPV) y Liliana Martínez Allende (UCR). También asistieron por el Gobierno Provincial, la ministra de Salud, María Grieco, la Directora Provincial de Discapacidad, Mónica Frola y asimismo estuvieron presentes padres y representantes de ONGs vinculadas a ésta problemática y Myrian Garuchino, coordinadoras general de la Unidad de Proyectos de CONADIS.
