Derivaciones del operativo en Black & White

La trata de personas ya no incluye secuestros, pero sí engaño y manipulación psicológica

07/05/2012
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a mayoría de las víctimas del delito de trata de personas en el país son mujeres jóvenes con hijos a cargo, sin recursos económicos, con historia previa de abuso sexual o violencia y sin contención familiar.
Casi todas son captadas mediante engaños, y no a través de secuestros, mientras que la falsedad de lo que le prometen no necesariamente se relaciona con la actividad que van a desarrollar, sino con las condiciones laborales y el dinero que van a cobrar.
La forma en la que son sometidas incluye, en forma preponderante, la afectación de su autonomía económica, mediante la retención de su salario y la generación de deudas, aunque también suele ocurrir la retención de documentos y la restricción de su libertad ambulatoria.
La mayoría son argentinas, que luego de ser trasladadas a ciudades de menos de 70 mil habitantes, pasan a desempeñarse en whiskerías y pubs, por lo general legalmente habilitados donde la explotación sexual suele ser una actividad “invisibilizada” y muchas veces protegida por el propio Estado que debería controlarla.
En cuanto a los tratantes de personas, cerca de la mitad (un 43%) son también mujeres, producto de un fenómeno llamado “de reconversión”, mediante el cual las víctimas pasan a ser integrantes de la red de trata, en la mayoría de los casos pequeñas organizaciones sin profesionalización ni demasiado alcance territorial.
Todos estos datos surgen de un informe realizado en forma conjunta por la Unidad Fiscal de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), dependiente del Ministerio Público Fiscal (MPFi) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
El trabajo fue encarado en el marco del proyecto “Lucha contra la trata y explotación sexual de niños, niñas y jóvenes en Argentina y Paraguay”, motivado en el acuerdo firmado entre el MPFi y el INECIP el 13 de octubre de 2010.
El texto que puede ser consultado completo en Internet (www.mpf.gov.ar) se titula “La trata sexual en Argentina. Aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito” y permite conocer las últimas tendencias en materia de investigación sobre el tema, en momentos en que la Justicia Federal de Ushuaia se encuentra abocada al análisis de un caso puntual en la ciudad.
De hecho la UFASE es uno de los organismos que monitoreó la investigación que culminó con los procedimientos del pasado 27 de abril en el local nocturno Black & White, donde se detuvo a seis personas (luego liberadas) y se rescató a quince mujeres, ocho de las cuales podrían ser víctimas de trata. El otro organismo participante, además de la Fiscalía y el Juzgado Federal, fue la oficina de rescate dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Un delito legitimado

El informe relevó todos los autos de procesamiento dictados por juzgados federales del país en causas por trata de personas desde la sanción de la ley nacional 26.364 (que persigue el delito) en abril de 2008, hasta abril de 2011 inclusive.
La UFASE fue informada de 169 casos de trata a marzo de este año, de los cuales 122 son con finalidad sexual y 47 para explotación laboral. Sin embargo, dentro del período que abarca el estudio, existen 95 causa judiciales con procesamientos, y de ellas se han analizado 74, con 216 víctimas y 228 implicados.
En relación al origen común de las víctimas, el informe señala que si bien “en la mayoría de los procesamientos no se reconstruye la historia personal de cada una, los operadores judiciales incluyen algunas de sus declaraciones para definir la situación de “vulnerabilidad” en la que se encuentran”. Y de allí se desprende, como factor común, “ser madres, con hijos a cargo, y con graves problemas económicos”, además de presentar “problemas familiares serios, antecedentes de abuso sexual y de violencia familiar”.
Por otra parte, un 49% fue captada a través de “engaños”, y no mediante secuestros, y si bien a muchas les aclararon cuál iba a ser la actividad a desarrollar, las engañaron respecto del “monto de dinero que obtendrían y de la metodología del trabajo, esto es, jornadas de descanso, remuneración y adelantos de dinero”.
La investigación explica además que “dentro de las modalidades de sometimiento más utilizadas, se observa una preponderancia de la
Afectación a la autonomía económica, visualizada a través de la retención de salarios y la deuda económica”, ya que “el sistema de endeudamiento promueve modalidades de sometimiento y de explotación extremas que pueden ser largamente sostenidas en el tiempo”.
Según el relevamiento, “la deuda se inicia a partir del pago de los pasajes para el traslado por parte de los/as tratantes y un adelanto de cobro, además de descuentos que se aplican por alojamiento, comida, limpieza y vestimenta”. Después, las deudas se alimentan por la aplicación de “diversas multas dinerarias, por “faltas” al régimen de vida impuesto en los prostíbulos: llegar tarde, no tener limpia la habitación, “peleas entre las chicas”, quejas del “cliente”, etc. Esto sumerge a las víctimas en un círculo o burbuja de coerción del cual les resulta imposible salir, en tanto nunca logran “cobrar”, y todo lo que producen se ve destinado a pagar la constante deuda que mantienen con los tratantes”.
Otro dato significativo es que casi la mitad de los detenidos por trata (un 43%) son mujeres. El informe destaca al respecto “el rol delictivo de alta exposición que suele asignarse a las mujeres dentro del
Proceso de trata (en general como captadoras o regentes de whiskerías o privados)”, lo que conduce a la teoría de que muchas de las víctimas del delito son “reconvertidas” para formar parte del “engranaje útil de las organizaciones criminales”.
Y respecto de las redes de trata, se las caracteriza como “no profesionalizadas, ciertamente poco estructuradas, sin una organización jerárquica, con poca diferenciación interna de roles, muchas veces de carácter familiar, y sin autonomía organizativa”.
Del análisis realizado por la UFASE sobre las causas judiciales, se concluye también que el 57% de las víctimas de trata fueron captadas en el país, siendo la mayoría argentinas (un 51%) y el resto paraguayas, dominicanas, colombianas y brasileñas.
En tanto, sobre los lugares de explotación, se establece que “existe una predominancia clara de las whiskerías, pubs y pooles (74%) por sobre los privados (22%)”.
La investigación sostiene que se trata de “lugares públicos, identificables, muchas veces inclusive habilitados por los municipios”.
“Sobre la base de esta información, es posible afirmar, preliminarmente, que la existencia de estos mecanismos institucionales que rodean la práctica de la explotación sexual, le otorgan una falsa legitimidad a la actividad y conducen a su naturalización. Tan es así que influyen en la percepción que las propias víctimas tienen sobre la actividad. Socialmente se desdibuja el límite entre lo legal y lo ilegal. Es sobre estas difusas fronteras que se erige la participación, connivencia o protección los grupos delictivos desde los a sectores que deberían prevenir y perseguir el delito”, asevera el informe.

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