P
lanteando en todo momento su inocencia respecto a la investigación que se le sigue, después de que su local nocturno fuera allanado y clausurado el viernes 27 de abril como consecuencia de un mega operativo de repercusión nacional ligado a la presunta trata de personas, que incluyó 50 gendarmes y la detención de seis personas, Víctor Morales, dueño del local nocturno Black & White, encabezó ayer a la mañana en un bar céntrico de la ciudad una conferencia de prensa junto a su abogado Guillermo Gowland, eligiendo al fiscal federal Juan Soria como blanco de sus acusaciones y responsable de que él se sienta “un muerto civil”.
El regente del local nocturno interpreta que la causa que se le originó en Buenos Aires “está armada de manera tal que aún sin pruebas, estuvo detenido durante 5 días”, y que la misma posee “una evidente propaganda política”, al haber quedado en el medio de “una guerra declarada del Gobierno (Nacional) con el diario Clarín”, por el hecho que ese medio gráfico publicó un aviso de Morales, convocando a mujeres para trabajar en su comercio, en contravención a la prohibición nacional de los avisos con contenidos sexuales que se publicaron durante más de una década como rubro 59, en ese y otros medios de prensa.
En la misma línea, su abogado interpretó que la imputación realizada por el fiscal Soria en contra de Morales “carece de sustento jurídico porque las presuntas víctimas tiraron abajo la acusación al negar que fueron secuestradas y desmentir que se encontraban bajo estado de vulnerabilidad”. Ello en referencia a que en la causa declararon como testigos unas 15 alternadoras que trabajaban en el Nighclub, quienes según Gowland, negaron en los estrados judiciales sentirse secuestrada y las que Morales encuadró como sus empleadas, al asegurar que al menos cuatro de ellas, se encuentran laboralmente en blanco.
“¿Cómo hago para blanquear a mujeres secuestradas y que encima obligarlas a trabajar. Es una cosa que no cabe en la cabeza más racional del mundo”, se preguntó Morales, quien ayer aseguró sentirse “un muerto civil” al estar viviendo por culpa del Fiscal, “una película de ciencia ficción”, que se complementa con que su local está cerrado, que él se encuentra privado de su libertad civil, que posee las tarjetas de crédito y cuentas embargadas y con sus autos incautados por Gendarmería Nacional.
El propietario del Black & White diferenció la actuación del Fiscal con la decisión del Juez Federico Calvete a quien le agradeció –a partir de lo que calificó de una “buena lectura” jurídica–, su libertad, al haberle admitido “la presunción de inocencia”. Aunque denunció que mientras estuvo preso le faltaron el respecto a su familia, al haber “torturado psicológicamente y físicamente”, a algunos de sus miembros. Y dando precisiones de sus dichos, responsabilizó de ellos a “los oficiales de la penitenciaría de Ushuaia y el mal manejo de la Gendarmería”.
Por último, Morales negó que en el momento del allanamiento se haya encontrado un alto monto de moneda nacional y extranjera. “Lo único que se secuestró fueron las libretas sanitarias de las mujeres y más o menos unos 15 mil pesos. De mi casa se llevaron no más de 85 mil pesos si no me equivoco porque hasta el día de hoy no hemos podido tomar vista de la causa”, dijo.
