E
l juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, procesó ayer a los seis implicados (dos hombres y cuatro mujeres) en el presunto caso de trata de personas derivado del allanamiento en el local nocturno Black & White, el pasado 27 de abril.
La resolución judicial consideró “prima facie” demostrado el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado” en perjuicio de diez mujeres jóvenes que se prostituían en el negocio ubicado sobre la calle Antártida Argentina 173.
El magistrado le imputó el delito al dueño de Black &d White, Víctor Antonio Morales, además de a Mauro Luciano Morales Ledesma, Cristina Patricia Ramírez, María Cristina Ledesma, Daniel Alejandra Morales Ledesma y Mirta Jorgelina Pulgia.
Todos ellos continuarán en libertad porque el juez considera que no existe riesgo de fuga y se valora el antecedente de la causa Díaz Bessone, que considera el principio de inocencia hasta el momento que exista una sentencia firme, explicaron fuentes del juzgado.
El auto de procesamiento dictado por Calvete coincide en términos generales con el requerimiento efectuado por el fiscal Federal Juan Soria, en cuanto a la calificación del delito y la cantidad de víctimas existentes. Este último punto estaba sujeto a controversia porque en este tipo de ilícitos sucede que las propias damnificadas no se consideran como tales. Inclusive varias de las mujeres realizaron declaraciones públicas sosteniendo que ellas trabajaban por propia elección y que no eran explotadas.
Según trascendió, el pronunciamiento del juez es de carácter minucioso. Tiene setenta páginas de extensión y describe con precisión a las maniobras investigadas.
Por los inspectores, a la provincia
El caso también desató una polémica sobre las normas que regulan el funcionamiento de los locales nocturnos y acerca de los controles que lleva a cabo la Municipalidad.
De hecho la Fiscalía Federal pidió la indagatoria de los seis inspectores municipales que realizaron controles en Black & White en los primeros meses del año, y que no detectaron la presencia de dos habitaciones posteriores del local donde se ejercía la prostitución cuando las ordenanzas lo prohiben en forma expresa.
Los investigadores solicitaron que analice el presunto incumplimiento de deberes de estos funcionarios o la eventual connivencia con los dueños del local.
En el fallo donde procesó a los supuestos responsables de la trata, el juez Calvete también se declaró incompetente para intervenir en la investigación del accionar de los inspectores, por lo que esa parte de la causa será remitida a la jurisdicción provincial.
Sin embargo, el magistrado tomó el mismo camino que la Fiscalía y resolvió enviar una nota al Concejo Deliberante de la ciudad solicitando la modificación o derogación de las ordenanzas de locales nocturnos, en el entendimiento de que favorecen la explotación sexual y la trata de personas.
De la novela al procesamiento
La situación de Morales y su familia se había complicado el último viernes a partir del testimonio brindado en Buenos Aires por una mujer de nacionalidad paraguaya, que dijo a las autoridades haberse escapado de Black & White en 2009, cuando todavía era menor de edad. También denunció haber estado encerrada en una casa de donde no la dejaban salir y que le retuvieron el documento de identidad, además de señalar la presencia de otras chicas también menores.
En el caso también tomó intervención la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y la oficina de rescate dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ambos casos avalando la tarea desplegada por las autoridades judiciales locales.
Por su parte Morales había brindado una conferencia de prensa esta semana en Azul Bar, junto a su abogado Guillermo Gowland (ex defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la provincia) donde el titular del local nocturno acusó al fiscal de “armar una novela” y de “acusarlo sin pruebas”.
