E
l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, dio por demostrado que en el interior del local nocturno Black & White se ejercía la prostitución, y que las mujeres que allí se desempeñan eran “explotadas sexualmente con ánimo de lucro” por los responsables del negocio.
Además, el magistrado comprobó (con los límites de esta primera instancia judicial) que diez de las mujeres fueron captadas mediante engaños en otros lugares del país y trasladadas a la ciudad aprovechándose de su “vulnerabilidad social”, para luego ser sometidas a circunstancias como la retención de sus documentos, restricciones a la libertad ambulatoria, imposibilidad de acceder al dinero que ganaban y endeudamiento a través de un sistema de multas y servicios pagos del que no podían salir por voluntad propia.
Así se desprende de los fundamentos de la resolución dictada por Calvete para procesar a los implicados en el caso por el presunto delito de “trata de personas agravado”. Se trata de cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos Víctor Morales, el propietario del local nocturno.
A pesar de que la figura delictiva que se les atribuye tiene penas de entre cuatro y diez años de cárcel, todos seguirán en libertad mientras avanza la causa judicial.
Las piezas del fondo
Según la resolución judicial, aunque Black & White estaba habilitado como local nocturno, “se logró comprobar que allí funcionaba, en realidad y en la práctica, un prostíbulo, donde “las chicas” realizaban, aparte de shows y bailes, “copas”, es decir, venta de tragos, y “pases” o “servicios”, esto es, prestación de servicios sexuales a los clientes a cambio de una suma dineraria; actividades éstas por las cuales eran explotadas sexualmente con ánimo de lucro por Víctor Morales ya que se obtenía un porcentaje de ganancias y rédito económico, que se quedaba “la casa” sobre ello”.
El juez concluye que si bien a veces los pases se realizaban fuera del local, en otros casos se hacían “en las habitaciones ubicadas en la parte trasera, tal como fue testimoniado por las propias empleadas “alternadoras” de Morales”.
De todo ello se concluye que si bien el local estaba habilitado de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes, lo cierto es que dada la situación de hecho demostrada y fehacientemente probada, no se cumplían las mismas, sino todo lo contrario, las infringían con una actividad ilícita”, sostiene el magistrado.
En tal sentido, describe que cuando fue allanado el lugar, encontraron “dos habitaciones con cama matrimonial”, cuyas puertas tenían la inscripción “vestuario”, aunque también había carteles con la leyenda “por favor arrojar profiláctico en tacho de basura. Gracias por ser limpio y educado”, y se encontraron preservativos usados en los cestos de residuos.
De acuerdo al fallo, Morales era el que “administraba, regenteaba, controlaba y decidía sobre todos los aspectos” que hacían al funcionamiento del local. También era quien “captaba” a las mujeres “mediante la publicación de avisos publicitarios, se encargaba de contactarlas telefónicamente y seducirlas con propuestas de una oferta laboral segura y con excelente remuneración económica, generando ilusiones en las mujeres que, generalmente convencidas engañosamente, acudían a ellas por su situación de vulnerabilidad”.
También le imputa “facilitar su traslado al abonarles los pasajes aéreos y demás gastos necesarios para ello; pero, generando así en las damnificadas un endeudamiento; situación ésta por la que hacían sentir a las mujeres sujetas a sus decisiones y control”.
En relación a la trata de personas, el juez cita, entre otros, el caso de dos jóvenes que huyeron haciendo dedo de Ushuaia, luego de haber llegado a la ciudad captadas mediante los avisos y haberse asustado porque les pidieron que entregaran sus documentos y que se quedaran encerradas en un domicilio.
Morales declaró en la causa que el pedido de los documentos obedecía a la necesidad de tramitar la libreta sanitaria para que pudieran trabajar.
Otra joven de nacionalidad paraguaya fue rescatada mientras lloraba en el Aeropuerto porque no tenía cómo irse, y decía que los dueños del local le exigían la devolución del dinero con el que habían pagado el pasaje de ida.
El dueño de Black & White también explicó que el dinero que le correspondía a las mujeres por su trabajo era guardado por él para evitar robos, “muchas veces entre ellas mismas”.
Para el juez Calvete, el consentimiento que prestaban las víctimas para someterse a estas prácticas “está viciado” por “resultar la necesidad económica de las mismas, una causal de afectación de la autodeterminación y plena libertad de elección, que las puso en una situación de alto riesgo que las llevó a aceptar las propuestas de sus captores”.
