C
on importantes aportes técnicos del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora, que conduce entre otros el viceministro de economía de la Nación Alex Kicillof, los máximos referentes provinciales de esa agrupación kirchnerista, Walter Vuoto y Martín Pérez junto a jóvenes profesionales que componen la fuerza; realizaron desde el viernes hasta anoche, un pormenorizado análisis sobre las implicancias que tiene para provincia, el decreto presidencial 751, mediante el cual la Nación quita los beneficios impositivos a la explotación petrolera que se realizan dentro del territorio fueguino, y elaboraron un extenso documento denominado “La 19640 está garantizada en Tierra del Fuego”.
El escrito de 5 páginas, que será distribuido hoy a todos los medios de prensa de la provincia, está destinado a rebatir y poner claridad a las críticas realizadas, tanto desde la propia gestión de Fabiana Ríos como desde la oposición, y a reafirmar lo que ellos entienden como política del gobierno nacional a favor de la Tierra del Fuego.
Bajo esa concepción, expresan en primer término que el régimen de la 19640, sancionado en el 1972, ha sido prorrogado numerosas veces, pero que “la prórroga más importante fue concedida por el presidente Néstor Kirchner al firmar el decreto 1234/2007”, mediante la cual se extendió la vigencia de la ley 19.640 hasta el año 2023. Medida “que se enmarcó en un plan estratégico, tanto para el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego como de la Nación Argentina, y a su vez, teniendo en cuenta, el desenvolvimiento y el futuro de la integración latinoamericana, mediante el MERCOSUR”, indican.
En paralelo, y analizando el proyecto de recuperación energética del país para el crecimiento industrial de la Argentina, desde La Cámpora se observa también que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, “sancionó el decreto 751/12, por el cual se dejan sin efecto (…) los beneficios impositivos y aduaneros, previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus normas complementarias, para las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo, decretando igualdad de condiciones en la actividad para todo el país. Hecho este que se viene a complementar “el sentido que establece el artículo 1 de la ley 26.741 de 2012 (Nacionalización de YPF) cuando estipula; “Declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y regiones”.
Ante ello, los jóvenes detallan como actividades que dejaran de estar beneficiadas por la ley 19.640 –por imperio del decreto 751–, la extracción de petróleo crudo y gas natural, las actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección, y los servicios geológicos de prospección.
Sobre el impacto fiscal en la provincia
“Para realizar una estimación del impacto real de la medida se requiere de la reglamentación de la misma”, expresa el documento. Sin embargo también opina que “resulta facultad del gobierno provincial continuar o modificar el esquema fiscal que actualmente percibe por la tasa de certificación de origen en la Provincia”, por el cual el Estado fueguino cobra el 2% “sobre el valor FOB de los hidrocarburos procesados en la provincia y exportados al continente y al exterior cuando se requiera”.
“La sanción de este Decreto, quizá motive la renegociación de los contratos que tienen las empresas extractivas o de servicios de estas actividades en la Provincia, en relación a si contemplaban o no, la no modificación de los impuestos (o beneficios) obtenidos al momento del acuerdo, ya que éstas empresas tendrán que comenzar a pagar el 21% de IVA y el 35% del impuesto a las Ganancias, cuando antes del Decreto 751/12 no lo hacían”, deducen los jóvenes.
Sobre el impacto económico de la medida
“De los decretos 1234/07 (Prorroga de la 19.640 hasta el 2023) y 751/12 (Equiparar las importación y exportación al resto del continente), se desprende que siempre se tuvieron en cuenta tres ejes a la hora de evaluar las medidas relacionadas con la ley 19.640, 1) la recuperación y desarrollo del país; 2) mantener y fortalecer el bienestar de toda la población argentina y 3) fomentar el empleo y proteger a los trabajadores. En este sentido la Presidenta consideró que el petróleo y el gas no pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación —como fue el oro en la época de la colonia, cuando en Sudamérica la actividad industrial, productiva y comercial era mínima; y entonces se trataba de venir a explotar los recursos naturales de nuestros países como si fueran simplemente materia de exportación para llevárselos a los países centrales—, sino que debe otorgárseles un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población, relatan cómo objetivo político de la medida.
El Decreto 751/12 no afecta a los fueguinos
“El decreto 751/12 no afecta a los habitantes de Tierra del Fuego, dado que para estos siguen vigentes todos los beneficios amparados en el régimen de la 19.640. El régimen especial del que goza Tierra del Fuego para las actividades previstas en la Ley 19.640, tiene como objetivo asegurar el desarrollo de la región y el establecimiento permanente de población argentina, atendiendo a su peculiar situación geográfica extremadamente austral. Una primera referencia a esta cuestión es que la cantidad de trabajadores empleados por las empresas petroleras que explotan el recurso en la provincia es muy baja en comparación con otras actividades promovidas por dicho régimen”, se expone en el documento.
