Decreto nacional 751 y la promoción industrial

Ley 19.640: antecedentes del régimen aduanero y fiscal

28/05/2012
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or el Lic. Miguel Mastroscello, autor de “La economía del fin del mundo”

La decisión adoptada por el Gobierno nacional de dejar “sin efecto los beneficios impositivos y aduaneros, previstos en el Régimen Especial Fiscal y Aduanero de la Ley Nº 19.640 y sus normas complementarias, para las actividades relacionadas con la producción de gas y petróleo”, alcanzadas las relacionadas con la exportación de los recursos mencionados, generó controversias en torno a los efectos económicos que la medida tendrá para el fisco fueguino pero también diversas críticas, en el entendimiento de que el decreto 751/12 constituye un avance sobre la 19.640.
Si bien este último aspecto resulta cierto, no lo es menos que el régimen vigente en la provincia ha ido sufriendo, al ritmo de las diversas realidades políticas y económicas que vivió nuestro país en las últimas décadas, distintas modificaciones que acotaron sus alcances originales, la mayoría de las cuales pasaron casi desapercibidas para la mayor parte de la ciudadanía y de la dirigencia política fueguina.
En esta segunda entrega, el Licenciado Miguel Mastrocello, autor del libro “La economía del fin del mundo”, detalla los cambios que se fueron instrumentando respecto de la 19.640 y cómo estos impactaron al régimen.

Las vicisitudes

Los años siguientes a la vigencia práctica del régimen transcurrieron entre diversas vicisitudes que, más de una vez, amenazaron no sólo con modificaciones en el rumbo sino, también, con provocar perjuicios importantes. Por ejemplo, la crisis fiscal de 1988 alentó movimientos de la Secretaría de Hacienda para recortar los beneficios, que el gobernador Eseverri logró capear poniendo en juego su buena relación con el presidente Alfonsín.
Un año después, el gobierno de Menem suspendió todos los regímenes de promoción vigentes en el país, por lo que Tierra del Fuego dejó de recibir proyectos para nuevas instalaciones. A aquella medida se sumaron diversos recortes en los beneficios existentes, configurando –junto con la nueva apertura de la economía instrumentada por Cavallo– un cuadro bastante hostil para la Isla.
En 1995 se dictó el Decreto 479, relacionado con una importante limitación del sistema, cuyos beneficios se otorgaban por producto. Mediante esta norma, las firmas fueron habilitadas —bajo condiciones muy estrictas— para presentar proyectos de sustitución, mediante los cuales podían suplantar artículos que habían caído en la obsolescencia por razones tecnológicas o por cambios en las preferencias de los consumidores.
Si bien aquel decreto no dio los resultados esperados (sólo una veintena de proyectos fue aprobada en dicho marco), junto a la extensión del subrégimen industrial operó como una protección para las empresas radicadas. Estas, a su vez, comenzaron a incorporar en forma progresiva tecnologías capital–intensivas, apuntando a mejorar la competitividad de su producción ante la mercadería de origen extranjero que empezaba a ingresar en el país. La transición fue tan compleja en el aspecto técnico como gravosa en lo social, ya que las industrias, apuntando a rebajar sus costos, disminuyeron sus dotaciones de personal. La contrapartida de este duro proceso, fue que el sector —aunque con contratiempos y altibajos— pudo seguir colocando sus productos en el mercado nacional (ahora, desprotegido) a precios competitivos con los de los artículos importados. Se estima que la productividad del sector manufacturero entre 1995 y 1999 creció más de 50%
El siguiente cimbronazo se produjo con la crisis de fines de 2001, la cual descargó sobre la industria manufacturera dos formidables impactos, que cayeron al mismo tiempo sobre la estructura de costos y las ventas. Por un lado la devaluación de la moneda argentina elevó, de manera dramática, tanto los precios de sus insumos importados como el valor de su endeudamiento en divisas, pasivo éste cuya contraparte era una masa de créditos a cobrar denominada en pesos. En tanto, por el flanco de las ventas, se redujo también de modo drástico, hasta su virtual desaparición, la demanda del mercado interno nacional por los bienes de consumo durable elaborados por las principales plantas fueguinas.
Esto tuvo un efecto negativo sobre la demanda empresarial de empleo, que se desmoronó, y sobre el consumo privado en la Provincia, acentuando los problemas que venía soportando desde cuatro años atrás el comercio mayorista y minorista. La situación de deterioro general fue moderada en parte por el crecimiento del turismo, cuya demanda proveniente del exterior estaba alentada por la misma devaluación que había torpedeado a la industria. Esta, a su vez, empezó a recuperarse en 2003 al ritmo de la recomposición del consumo en la órbita nacional, aunque recién a partir de 2006 alcanzarían una escala comparable –incluso con ventajas– a las de épocas precedentes.
El Decreto 490 de 2003 habilitó una reapertura temporaria del subrégimen industrial entre ese año y 2005, posibilitando 75 presentaciones, tanto de ampliaciones como de proyectos nuevos; de estos últimos, hubo varios pertenecientes a cadenas de electrodomésticos nacionales, ya que muchos de los bienes que comercializaban se encontraban incluidos entre aquellos que el decreto habilitaba para su fabricación en Tierra del Fuego. Pero las excesivas demoras en las tramitaciones —en parte originadas por las prevenciones para no afectar actividades ya radicadas en el territorio continental— determinaron que fueran muy pocos los proyectos que llegaron a ponerse en marcha.
En 2007 y 2011, otras dos normas restringieron los beneficios promocionales cuando el fabricante vende directamente al mercado minorista, lo que en la práctica operó como una barrera para el ingreso de nuevos competidores. El subrégimen sólo estuvo abierto a nuevas iniciativas entre julio de 2010 y diciembre de 2011, lapso en el que fue posible presentar proyectos para la fabricación de notebooks, tablets, y cámaras fotográficas digitales. A la fecha, unos pocos han sido aprobados.
En todo el periodo que va de 2004 al momento presente, la recuperación de la ocupación en el sector electrónico fue importante, alcanzando los 8.500 operarios directos, como consecuencia del incremento en la producción destinada a un mercado interno en expansión –salvo un interregno durante 2009–, y suficientemente protegido de la competencia externa. Las restantes ramas industriales radicadas en Tierra del Fuego mantuvieron su actividad con altibajos, producto de la competencia externa, y más recientemente por las dificultades para acceder con regularidad a sus insumos importados. En tanto, la crisis europea se está haciendo sentir particularmente para el sector pesquero, cuyas exportaciones hacia aquel destino han caído verticalmente.

Consideraciones finales

–La importancia del régimen promocional para el desenvolvimiento económico local es decisiva; los datos sobre la evolución del producto bruto son elocuentes al respecto. Hasta principios de los años ochenta del siglo pasado, prácticamente la mitad de la riqueza generada en la Isla provenía de la explotación de los hidrocarburos, sector que asimismo proveía un muy importante caudal de recursos por regalías al fisco local.
–La industria fue el motor que durante la mayor parte de los últimos treinta años empujó a la economía provincial. Su desarrollo impulsó un notable crecimiento del producto provincial, induciendo además el desenvolvimiento de un entramado de actividades comerciales y de servicios que hasta entonces tenía una participación menor. Ello derivó asimismo en una oferta de bienes a la población más amplia y diversificada, al compás de cambios en la composición social muy significativos. En los períodos de depresión de la producción fabril, el cimbronazo se hizo sentir sobre el resto de la economía.
–El foco en el sector industrial no debería hacer perder de vista el carácter general del sistema promocional. En efecto, las exenciones impositivas (IVA, ganancias) alcanzan a todas las actividades de Tierra del Fuego y eventuales modificaciones en su mecanismo, podrían afectar no sólo a las empresas fabriles. La reciente medida gubernamental para las actividades del petróleo y el gas es un recordatorio de esta realidad.