L
os últimos días de noviembre del año pasado, Piedrabuena SA, la empresa que proponía hacerse cargo de la deuda que mantenía el Estado Provincial con la constructora Ormas - Andrade Gutiérrez, para culminar con inversión propia el inconcluso proyecto de un puerto de aguas profundas en la Zona Norte de la Isla–, reconocía que los inversores franceses que aglutinaba el Instituto Francés de Estudios Financieros –IFEFI– había presentado la quiebra, y que las supuestas inversiones que estaban dispuestos a realizar a cambio de una concesión privada por un periodo de 40 años, ya no existían.
La información que difundió EDFM el 30 de noviembre de 2011, reflejaba el contenido de una nota que el Bloque de Legisladores de Encuentro Popular le había remitido horas antes a la Gobernadora Fabiana Ríos, solicitándole a la mandataria que constatara la situación de IFEFI ante la Justicia gala, ya que según información recibida, esta había abierto un proceso judicial de esa categoría.
En simultáneo, el Gobierno a través del por entonces Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Alejandro Berola, aseguraba desconocer esta situación, al igual que el propio presidente de Piedrabuena SA Pedro Trucco. Sin embargo a las pocas horas, la advertencia de los legisladores de EP, tomaba consistencia y el proyecto que venía impulsándose desde 2010 y que no había sufrido hasta entonces ningún cuestionamiento de magnitud, generaba un fuerte embate público y político.
Y aunque en marzo de este año, el propio Trucco generaba una nueva expectativa al indicar que había logrado seducir a “un nuevo grupo de inversores regionales”, interesados en financiar la continuación del puerto en Caleta La Misión, nada de ello ocurrió y el proyecto ingresó en un cono de sombra que terminó de opacar cualquier ilusión puesta sobre la Provincia y en especial en la ciudad de Río Grande.
No obstante ello, un nuevo hecho conocido ayer parece hacer retrotraer a foja cero al proyecto, toda vez que EDFM pudo saber que al agotársele a la UTE los tiempos legales de la demanda presentada hace 1 año y medio atrás, por cobro de improductivos, la constructora reanudará el proceso judicial y correrá traslado de la demanda contra el gobierno, para intentar cobrar esos 25 millones de dólares, que al cambio superarían los 100 millones de pesos.
El paso legal que dará ahora Ormas - Andrade Gutiérrez cierra casi por completo cualquier posibilidad de negociación entre el Ejecutivo Provincial y Piedrabuena SA, ya que esta última nunca cumplió su compromiso entre privados, de pagar la deuda reclamada por la UTE al Estado; hecho que le quita al Puerto Caleta la Misión, el optimismo que le ponía el año pasado la gestión ARI, previo al proceso electoral, que le dio la reelección a la Gobernadora Fabiana Ríos.
