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poco del inicio de su primer mandato, la gobernadora Fabiana Ríos posicionó como uno de los objetivos prioritarios de su gestión la industrialización de los recursos naturales de la Provincia.
La ambiciosa apuesta para modificar de raíz la “matriz económica” de Tierra del Fuego era terminar con el perfil netamente extractivo del sector hidrocarburífero que opera en la isla, dando valor agregado a los recursos obtenidos por las empresas concesionarias.
La herramienta elegida para ello fue elaborar, desarrollar y concretar un polo petroquímico en el norte provincial, a partir de la llegada de capitales extranjeros. Y el puntapié inicial lo dieron el entonces ministro de Economía y actual vicegobernador Roberto Crocianelli, y el entonces secretario de Hidrocarburos, Eduardo D’Andrea, viajando a la República Popular China, concretamente a la provincia de Shaanxi.
A partir de ese momento comenzó un largo e intrincado proceso de negociaciones, que se caracterizó por estar envuelto por un manto de sospecha y oscuridad, y que finalmente alumbró la firma de un convenio entre Ríos y un conocido operador de negocios asociado con la familia Macri, llamado Fernando Lin, quien se constituyó en el presidente de la flamante Tierra del Fuego Energía y Química SA, para la construcción de una planta productora metanol.
El depreciado valor del insumo principal para esa industrialización, que el gobierno de la provincia negoció por el gas de regalías, generó los principales cuestionamientos a la iniciativa.
La lógica del Gobierno era redonda. La Nación paga regalías por el petróleo y gas que recibe desde la isla, por lo que la gestión Ríos pidió percibir una proporción de las mismas en especie, es decir, recibir gas en vez de dinero.
A su vez, vendería ese gas a TFEQ por un monto superior a las regalías que habría obtenido de la Nación. Pero, paralelamente, a valores sensiblemente inferiores a los de los mercados internacionales, incluso a los que el propio Gobierno nacional pagaba por el gas que exporta, por ejemplo, desde Bolivia.
Lo cierto es que el derrotero que siguió el proyecto estuvo jaqueado por marchas y contramarchas, acusaciones y desmentidas, irregularidades al por mayor, sospechas de sobornos, y mucho más. No por nada, ese viaje primigenio de los funcionarios fue objeto de denuncias por presunto cohecho.
Lo que se comprometió y no cumplió TDFEQ
El repaso de la historia del convenio obliga a hacer un recorte debido a la profusión de noticias generadas por las idas y venidas del proyecto. Por eso, la recorrida hace hincapié en los hechos más destacados a partir de la aprobación del primer acuerdo que suscribieron Ríos y los representantes de los inversores chinos.
* Diciembre de 2008: La Legislatura aprobó el convenio para la construcción de la planta de metanol, desoyendo objeciones del fiscal de Estado y del Tribunal de Cuentas.
Además, esto daba luz verde al ingreso a las arcas provinciales del primer pago por parte de la empresa china por la compra anticipada del gas de regalías. El único voto negativo en esa ocasión fue del legislador radical Gabriel Pluis.
Días después Ríos desestimaba los pedidos de licitación para la venta de gas ya que a criterio del Ejecutivo provincial “no hay nada para licitar ya que no estamos vendiendo nada, sino que estamos negociando nuestras propias regalías”. Y advertía que si bien “me parece muy bien que se pida toda la información que se quiera pedir, la empresa se va a instalar en la provincia con nosotros o sin nosotros” porque “se trata de una inversión absolutamente privada, y Tierra del Fuego ha comprometido en esta carta acuerdo la provisión a partir de 2010 del 10% de la producción diaria de gas sobre el cual cobra regalías y nada más, por lo que en función de esto la empresa estaría dispuesta a pagar esas regalías por adelantado al Gobierno de la Provincia”.
* Mayo de 2009: Tras las objeciones del Tribunal de Cuentas al convenio, el vocal del organismo Luis Caballero señaló que “pensábamos que iba a venir mejor armado el expediente, nos sorprendió bastante tener que analizar eso. Es una operación sospechosa”.
“El dictamen tiene una serie de observaciones a la documentación que remitió el Gobierno, que oportunamente se le había solicitado en noviembre de 2008. Luego de analizada la documentación, que entró la semana pasada, surge que faltan fojas, que están mal foliadas, las copias no están certificadas, algunas escritas en idioma chino, otras traducidas pero no por un traductor oficial”, describió. Y agregó que “es una operación sospechosa, así la llama la ley de lavado de activo, acorde a la documentación que tuvimos a la vista. No se demuestra cómo una empresa que tiene un activo por 100.000 pesos (por TFEQ) puede hacer una operación de esta envergadura”.
* Junio 2009: La Justicia allanó la Secretaría de Hidrocarburos y el Archivo General de la Provincia en Río Grande, y en ese marco se secuestró el expediente original de la venta de gas de regalías a la empresa china Tierra del Fuego Energía y Química SA. Fue por un pedido del Tribunal de Cuentas y el procedimiento fue ordenado por la jueza María Cristina Barrionuevo.
Según se informó entonces, el expediente contenía 31 fojas más que el original que el Gobierno envió el 11 de junio a la Legislatura, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado. Se habrían agregado fojas cuando el expediente supuestamente estaba archivado.
* Julio 2009: La entonces electa diputada nacional Liliana “Chispita” Fadul reclamaba una consulta popular para que, a partir de la misma, los legisladores rechacen la prórroga pedida por TFEQ para hacer frente al primer pago anticipado por la compra de gas de regalías. Dos meses después ingresaba en el Parlamento un petitorio avalado por más de 15.000 firmas. “Espero que la voluntad popular sea tenida en cuenta”, manifestaba Fadul.
* Septiembre 2009: La gobernadora Ríos firmó al acta acuerdo con los representantes de TFEQ, a ratificar por la Legislatura, y pidió formalmente la prórroga del pago que debía efectuar la empresa.
El legislador Ricardo Wilder (FPV) sostuvo que “el convenio chino está incumplido porque el vencimiento del pago fue el 30 de abril, y no hubo un instrumento legal que avale una prórroga”.
“Hay que recordar que la Legislatura de la provincia en el mes de diciembre aprobó una ley donde se marcaban diferentes pautas para que el Gobierno lleve adelante un convenio con la empresa para la instalación de la planta de metanol. Y en el artículo 3º se especificaban los plazos de pago para la empresa”, argumentó el parlamentario.
“Es verdad que en la Legislatura hay un asunto 199, pero para nosotros no es tema que debemos tratar, porque refiere a un levantamiento de algunas observaciones que hizo el Tribunal de Cuentas al convenio original firmado entre el Gobierno y la empresa. Y allí se solicita una prórroga en el pago hasta el 30 de septiembre. Si el Gobierno quiere que esto se modifique, debería remitir a la Legislatura una modificación de la ley original prorrogando la fecha de pago. Esto no ha ocurrido, no hay proyecto del oficialismo en este sentido y por lo tanto para nosotros este tema no tiene tratamiento. En todo caso la Legislatura debería devolver este expediente al Ejecutivo para que estas observaciones sean remitidas al Tribunal de Cuentas. Y con respecto a la prórroga, deben plantear vía ley una modificación a la ley original. Y esto no existe actualmente”, sentenció.
Ante ello, Ríos retrucó que “la pelota está sobre el campo de la Legislatura” ya que “la parte que yo tenía que hacer, la hice”.
Días después dijo que el Gobierno “sufrió una actitud de virulencia y un nivel de conflictividad inusual” a raíz del polémico convenio, y acusó a los objetores del proyecto de utilizar “elementos ciertos para sostener premisas falsas”, lo cual “hace muy difícil la comprensión de temas que, por las características técnicas que tienen, deben ser abordados con seriedad en la celeridad que implica la comunicación. Lo que se termina comunicando son los titulares sean estos a favor o en contra, y por lo tanto se divide a la sociedad a favor o en contra”.
La Legislatura envió a comisión el proyecto de iniciativa popular rechazando la prórroga del pago anticipado de gas de regalías.
* Octubre de 2009: El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, presentó una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia, en la que solicitó a ese órgano que “dicte medida cautelar inaudita parte imponiendo al Poder Ejecutivo Provincial abstenerse de llevar adelante cualquier acto vinculado a la oferta suscripta por la Sra. Gobernadora el 28 de abril de 2009 hasta tanto brinde su aprobación el Tribunal de Cuentas de la Provincia, y luego la Legislatura acuerde su aprobación modificando la ley N° 774 oportunamente”.
El renunciado vicegobernador Carlos Bassanetti dijo estar “totalmente convencido sobre la inconstitucionalidad de seguir adelante con esta contratación directa” con TFEQ para la venta de gas de regalías, ya que no medió proceso licitatorio. “Acá nadie está planteando que tiene inconvenientes en industrializar el gas y nadie discute que la radicación de esta inversión en la Provincia puede ser el punto de inicio del desarrollo de polos petroquímicos. Pero hay una cuestión primera y es que si esto se está haciendo o no de acuerdo a lo que manda la Constitución, y mucha gente cree que no”, expresó.
* Noviembre de 2009: Fernando Lin aseguró que “falta poco para que el dinero entre a la provincia”.
“Como es una inversión de empresas del Estado hace falta su debido trámite. Pero lo más importante es que el proyecto está muy firme y la inversión está decidida hace mucho tiempo”, afirmó el presidente de TFEQ, y sobre las demoras para el depósito por la compra anticipada del gas de regalías indicó que “en China hay un organismo de control de divisas, para eso se necesita una aprobación del Gobierno nacional que toma los recaudos de revisar la inversión. Y eso es lo que está demorando todo, pero no hay ningún problema”.
“Prometimos que íbamos a adelantar el dinero, es un adelanto, no es una deuda, nosotros no le debemos nada a nadie”, reafirmó.
* Diciembre de 2009: El Superior Tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 774 que habilitó, por vía de excepción, la operación de venta directa de gas de regalías a TFEQ. El fallo de la Corte se dio luego que el fiscal Oscar Fappiano se expidiera en el mismo sentido.
Tras ese fallo la gobernadora afirmó que “el Gobierno va a seguir trabajando en todo lo que signifique industrializar recursos propios”, y señaló que “las normas hay que dictarlas, revisarlas y si reciben alguna observación habrá que buscar otras. Lo que tiene que quedar claro es que esas obras seguirán estando. Eso lo tenemos que resolver si no es por esta vía será por otra porque la responsabilidad de la política es resolver los problemas”.
Julio de 2010: Tras la declaración de la inconstitucionalidad de la ley 744, el Gobierno licitó la venta de gas de regalías, y TFEQ fue la única empresa oferente.
* Septiembre de 2010: El legislador Manuel Raimbault, en un principio acérrimo defensor del proyecto chino, advirtió que su bloque no contaba a esa altura con una copia del convenio de partes.
“No tengo conocimiento que el convenio chino se trate en la próxima sesión”, y puntualizó que “de hecho hasta el momento no lo hemos visto”.
* Octubre de 2010: En un cambio absoluto de su postura original, Raimbault reclamó un plebiscito sobre los nuevos términos del convenio con TFEQ a partir de la licitación del gas de regalías.
Ya escindido el ARI y con su sector fuera del Gobierno, el parlamentario planteó que “la cuestión de industrialización de los recursos naturales tiene que ser también merituada en base a estos términos, y el plebiscito, la referencia de participación popular que a veces se intentó evitar, me parece que es inevitable en estas decisiones”.
Por su parte, el fiscal Martínez de Sucre pidió a la Legislatura modificaciones al convenio rubricado entre el Gobierno y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química para la industrialización de gas de regalías. Entre ellas, incluir una cláusula de rescisión para el caso de que la firma no cumpla con la inversión prometida, y establecer otras causales para rescindir el contrato como el agotamiento de las reservas o la indisponibilidad de la percepción en especie de las regalías hidrocarburíferas.
La diputada Fadul presenta un nuevo petitorio con 23.000 firmas insistiendo ante el Parlamento el llamado a consulta popular sobre el convenio chino 2.
El 18 de ese mes la Legislatura aprobó el proyecto por 11 votos contra 3, para alborozo del Gobierno. El dirigente del PJ Esteban “Chiquito” Martínez planteó una posible compra de votos: “Esto es como las brujas, dicen que no existen, pero que las hay, las hay”. Y agregó: “Creo que el tiempo será testigo de estas cosas, cada uno evaluará y verá cómo evoluciona el patrimonio de cada uno de los integrantes de la Legislatura”. Esto fue negado por el Legislador Wilder, quien propuso acompañar al veterano dirigente a hacer la denuncia a la Justicia.
* Noviembre de 2011: Ríos promulgó mediante el decreto Nº 2.848 la Ley Provincial 828, que “aprueba en todos sus términos el convenio celebrado entre la Provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química Sociedad Anónima para la venta de gas proveniente de regalías”.
El Ejecutivo argumentó mediante un comunicado oficial que “desde el descubrimiento de los hidrocarburos en 1949, jamás existió una industria dispuesta a procesarlos y agregarles valor en la provincia. El Gobierno de Fabiana Ríos, en cambio, decidió avanzar en la creación de las condiciones necesarias para atraer inversiones privadas significativas, sumando dinamismo a la economía fueguina y generando nuevas fuentes laborales”.
* Mayo de 2012: El vicegobernador Crocianelli declaró ante la prensa que, en su carácter de delegado de la Provincia ante la intervención de YPF, informó en esa instancia sobre el convenio chino. “Es uno de los temas que informamos con toda la situación de la provincia. Está expuesto y lo que queremos es que nos permitan darle valor agregado, bajo la figura que se determine. TFEQ estaba esperando asociarse con una petrolera antes de la sanción de la ley del Congreso, y quizás esto lo pueda retrasar unos días”, describió.
“De parte del Estado nacional ven con buenos ojos que esto sea así. No puedo hablar de la constitución de la asociación porque no la conozco. En su momento era una asociación con Repsol y alguna otra empresa minoritaria, y ahora sería un socio local”, añadió.
Posteriormente, ratificó que el nuevo objetivo era la fabricación de urea: “Hay una gran evasión de divisas en concepto de importación de urea y, si esta planta llega a feliz término, podría llegarse al autoabastecimiento”.
*Julio de 2012: El Gobierno analiza si otorga una tercera prórroga de 60 días a TFEQ, para el depósito de la segunda cuota del pago anticipado de gas de regalías, que venció en diciembre del año pasado.
Mientras tanto, la empresa busca asociarse con Fabricaciones Militares (empresa del Estado nacional) para destrabar la llegada de insumos importados que le permitan concretar la obra en el norte provincial.
El Ejecutivo provincial reitera que la obra se llevará a cabo por más que haya rescisión del vínculo contractual ante el incumplimiento de los inversores chinos, y que en ese caso TFEQ deberá comprar el gas a las empresas privadas.
