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ueve años, seis meses y quince días es el tiempo que exactamente lleva derivada en Buenos Aires Evelyn Crespo, la niña atropellada a fines de 2002 sobre la calle Vernet al 2400 de Ushuaia. La menor, que actualmente tiene 13 años, padece de una neurología positiva evolutiva y se encuentra estable con asistencia respiratoria en la Clínica del Niño y la Familia de la ciudad de Quilmes, donde hace más de seis años se le niega el alta sin argumentos clínicos que justifiquen tamaña decisión.
En su larga estadía, la paciente fueguina fue tratada en varios establecimientos sanitarios, entre ellos el prestigioso Instituto FLENI, que emitió un documento que constata la indicación de internación domiciliaria, como mejor opción para promover una óptima recuperación de la menor.
Ante esta situación irregular, los padres de la damnificada han solicitado al área social del Ministerio de Salud de la Provincia que tome urgente intervención en el caso; sin embargo, a la fecha no han logrado que la paciente sea nuevamente traslada a la capital fueguina.
Cansado de no obtener respuesta al desesperado pedido, Adrián Crespo mantuvo un extenso diálogo con EDFM donde exhibió un frondoso archivo con escritos y fotografías que acreditan la dramática situación que vive la familia fuera de a la provincia; como así también otras numerosas demandas judiciales iniciadas contra el instituto de salud privado en el que es asistida por estos días y que cobraría alrededor de 60 mil pesos mensuales por mantener a la chica internada. Incluso, la familia denunció hace un año y medio un presunto abuso sexual cometido hacia la adolescente que se encuentra postrada, por parte de un enfermero del establecimiento sanitario privado.
Una “prisión terapéutica”
Adrián Crespo arribó a Ushuaia hace unos días y se presentó ante la Defensoría de la Justicia fueguina para solicitar colaboración en el caso. El demandante aseguró a este medio que “mi hija está en una prisión terapéutica porque la mantienen estable por un bien económico y lucrativo de la clínica” que según dijo “seria de propiedad de un empresario de la salud de aquí de la ciudad y como no tengo pruebas no puedo decir el nombre”. Alertó que “en esta situación no se garantizan los derechos del niño y los progenitores, porque en los últimos seis años nunca tuvimos en mano una carpeta médica, se nos oculta la información y no existe un seguimiento serio por parte de los profesionales”.
El entrevistado enfatizó: “No puedo entender por qué el Gobierno sigue pagando 60 mil pesos mensuales a la clínica, más los gastos de alojamiento, sin calcular que ya se erogaron millones de pesos en estos años sólo en nuestro caso y no prefieran que nos instalemos nuevamente en nuestra provincia con internación domiciliaria” ya que anotó “gracias a Dios nos dieron una vivienda del barrio Pipo”, que aclaró dicha adjudicación se concedió “porque nosotros teníamos un departamento en las 36 viviendas, y cuando tuvimos que irnos por la derivación, nos obligaron a entregarlo”.
El padre de Evelyn insistió diciendo que “acá lo que está fallando es la práctica y la ciencia porque están negociando con la salud de mi hija”. Así afirmó que “la nena está mal atendida, no tiene servicio de rehabilitación, está obesa por la mala alimentación que recibe y tras denunciar la violación fue golpeada y fractura por el personal de la clínica y tengo miedo que me la terminen matando”, hasta el punto que aseguró “la última vez, la encontramos llorando tirada en el piso, conectada al respirador”.
El drama de una familia
La familia Crespo–Gómez vive en un Hotel ubicado en el barrio de Chacarita, Capital Federal, en condiciones precarias. Hacinados en una habitación convive la pareja de padres y otros tres chicos, mientras que Evelyn se encuentra hospitalizada a una distancia que implican dos horas de viaje, según relató el consultado. “Antes teníamos dos habitaciones y ahora solo una, y la comida nos dan para una sola persona y con eso tenemos que arreglarnos”, repudió.
Adrián Crespo contó que desde aquel fatídico 17 de diciembre de 2002, el día que ocurrió el accidente, la vida les cambió por completo. Durante todo este tiempo afuera de la provincia vivió un verdadero suplicio ya que, en muchas oportunidades, tuvo que penar por conseguir la atención necesaria para su hija. Aprendió a la fuerza sobre derecho, medicina; peregrinó por pasillos de numerosos juzgados, la policía; recurrió a la Defensoría del Pueblo Nación y a diversas instituciones de salud en busca de ayuda y hasta se encadenó en varios de sus reclamos. En 2005 viajó a dedo desde Buenos Aires a Ushuaia, por tramitaciones judiciales, tras no lograr que el Estado lo ayudara con los pasajes para volver a la isla.
Ante la difícil situación económica dijo que hizo “changas para subsistir” y no le da vergüenza contar que en el peor momento salió a juntar latas para “venderla como los cartoneros”. Otra desgracia que golpeó a la familia fue la muerte del hijo mayor, que en 2008 perdió la vida en un terrible accidente de tránsito en la provincia de Santa Fe, donde todavía no hubo condenados y responsables. “Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta que a pesar de nuestra humildad, nosotros éramos muy ricos con nuestros hijos sanos”, expresó entre lágrimas.
Una mala representación para los fueguinos
El hombre de 40 años también mostró varios expedientes que exponen los malos tratos sufridos por parte del personal de la Casa Tierra del Fuego, el lugar de referencia donde regularmente la familia realiza las tramitaciones correspondientes a la derivación, atención médica, y costos de alojamiento que son cubiertos por el Gobierno de la provincia. Al respecto, acusó que “hay abandono de persona por parte de la Casa de Tierra del Fuego que es la representante de los fueguinos” puesto que “cuando voy a pedir, por ejemplo, un tubo de oxígeno para poder sacar a mi hija afuera, me hacen sacar con la policía, a los golpes y nos acusan a nosotros de conflictivos, cuando siempre atentan contra nosotros, nos discriminan, nos cortan las prestaciones y la comida para la familia”. “Hay muchos fueguinos que sufren de estos malos tratos, y amenazas, hay muchos testigos que pueden acreditar lo que digo”, aseveró.
En ese sentido Crespo repudió a las autoridades de la representación oficial de Tierra del Fuego en Buenos Aires, que –asegura– junto con la clínica del Niño y la Familia “hicieron informes maliciosos y mentirosos contra nosotros, con una cautelar fabricada que finalmente no prosperaron porque no pudieron probar nada”.
Por último, manifestó que “yo me animo a hacer esta denuncia porque estoy jugado, no tengo nada que perder”, pero reconoció a su vez que “tengo miedo de que le hagan algo a mi hija o de tener alguna represalia por parte de por la gente que está en el poder, porque me trajeron muchos problemas”, concluyó.
