P
ara corregir un olvido deslizado al momento de aprobar la ley 792, mediante la que –entre otras cosas– se creó un Juzgado de Ejecución por cada distrito judicial de la Provincia, el Superior Tribunal de Justicia presentó un proyecto de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, para incorporar a los titulares de esos juzgados dentro del régimen de subrogancia de magistrados.
Según se desprende del proyecto elevado al Parlamento el pasado 10 de agosto, en la ley que fuera aprobada en septiembre de 2009 “se fijó el régimen de subrogancia del Juez de Ejecución en cuanto a su reemplazo” en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia “pero no así el respectivo al orden en que actuaría como suplente este Magistrado en los restantes tribunales y juzgados, correspondiendo entonces completar dicha regulación”.
La demora en “completar dicha regulación” parece haber tenida directa vinculación con el hecho de que los juzgados de Ejecución, instituidos en el marco del denominado régimen de flagrancia recién fueron cubiertos durante este año, es decir casi 3 años después de su creación.
Si bien en noviembre de 2010 el Consejo de la Magistratura había seleccionado al abogado Guillermo González para desempeñarse como titular del Juzgado de Ejecución con asiento en la capital provincial, la Corte recién le tomó juramento para el cargo en julio pasado. Hasta ese momento se venía desempeñando como juez Correccional con competencia en Ejecución.
En tanto, en diciembre del año pasado el órgano de selección de magistrados propuso a la abogada Patricia Incardona como Juez de Ejecución del distrito judicial norte (Río Grande),la que fue efectivamente designada en el cargo por el STJ el pasado 8 de febrero.
