E
n el fondo la cuestión es simple: el Estado provincial, cuyas finanzas se encuentran en “fino equilibrio”, desembolsará $21,7 millones para expropiar dos predios de 55 hectáreas cada uno, en la zona de la Margen Sur de Río Grande, de manera de regularizar luego los asentamientos irregulares que existen en el lugar.
El problema es que existen indicios muy serios de que el valor real de las tierras no sobrepasa los $6 millones, y de que se podría estar frente a una maniobra defraudatoria, en la que podría haber existido la sobrevaluación del precio de los terrenos para concretar un millonario negocio inmobiliario, sin descartarse la posibilidad de la complicidad de funcionarios públicos.
Por lo pronto las expropiaciones fueron aprobadas a través de dos leyes provinciales, la 847 y la 848, sancionadas por la Legislatura el 28 de mayo de 2011, poco antes de las elecciones generales.
Mediante la ley 847 se declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación” los inmuebles identificados como “macizos 49, 50, 51, 52, 53 y 151 de la Sección K del departamento Río Grande”, mientras que por la ley 848 se hizo lo propio respecto de los macizos 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69, con la aclaración de las parcelas correspondientes para cada caso.
En relación a la primera expropiación, el Gobierno difundió por gacetilla del 16 de abril de este año, la firma de un convenio con los dueños de los terrenos, cuyo representante fue el empresario Diego Navarro.
El documento fue rubricado por el ex ministro de Obras Públicas, Manuel Benegas, quien informó, sin demasiada precisión, que la operatoria involucraba “una cifra cercana a los 14 millones de pesos” de acuerdo al valor de las tierras fijado por el “Tribunal de Tasación de la Nación”.
El abogado Alejandro de la Riva denunció en mayo que el valor final de la expropiación había sido de $14,5 millones, pero que los dueños de los predios habían pagado por la parte expropiada 1,1 millones en diciembre de 2007, es decir, unas diez veces menos.
Pero De la Riva fue mucho más allá de eso. Dijo que las tierras pastoriles, sin accesos ni servicios, pertenecían antes a la ex Sociedad de Productores Ganaderos, y que el liquidador de esa entidad, el abogado José Luis Paños, logró que se las vendieran “a precio vil” a un pool de empresarios de Ushuaia y Río Grande, con el argumento de que ya se estaban registrando los primeros intrusamientos. En total se vendieron 115 hectáreas a 750 mil dólares. La mitad de esa superficie es la que fue expropiada después por el Estado a $14,5 millones.
“O sea que para comprarle los terrenos a la Sociedad de Productores, el desmérito era la intrusión, pero para venderle al Estado, el mérito es la intrusión”, razonó el letrado en aquel momento.
No sólo eso. De la Riva denunció que la ingeniera designada por el Tribunal de Tasación nacional para valuar el precio de los terrenos viajó a Tierra del Fuego “con viáticos y pasajes pagados por los dueños de las tierras”, y que para la tarea de tasación se utilizó como referencia “a la inmobiliaria de Navarro”.
El letrado realizó una denuncia penal ante la Justicia, en la que acusó de presunta defraudación a la administración pública a la gobernadora Fabiana Ríos, el ex ministro Benegas y los empresarios dueños de los terrenos, entre ellos Navarro, tal como informó EDFM el pasado 6 de junio.
La presentación fue realizada ante el fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, pero poco después se planteó una cuestión de competencia acerca de si el caso debía ser investigado en esa ciudad o en Ushuaia.
La discusión se demoró hasta el 31 de julio (casi dos meses) en que el Superior Tribunal de Justicia determinó la competencia del distrito judicial norte (Río Grande) con lo cual Quadrini realizó un requerimiento de instrucción y se abrió finalmente la causa número 18871 que tramita en el juzgado a cargo del juez Héctor Ochoa.
Según informaron voceros de la Justicia, el 8 de agosto Quadrini le pidió al juez que lleve a cabo una serie de medidas probatorias, y el 4 de septiembre (es decir hace ocho días) Ochoa libró oficio al Ministerio de Gobierno para que envíe copias de los expedientes de expropiación.
Pole Fueguina y El imperio
Sobre la segunda expropiación (fijada por la ley 848) el portal Reporte Austral publicó el 6 de septiembre el contenido del decreto 1958/12 mediante el cual se firmó un convenio con la empresa propietaria de las tierras, Pole Fueguina SA, cuyo presidente es José Daniel Chocrón.
El acuerdo fue rubricado también por el ex ministro Benegas, y allí el Estado se compromete a pagar $12,6 millones por el terreno de 549.325 metros cuadrados.
El convenio menciona el pago de una primera cuota de $6 millones a concretarse dentro de los 90 días posteriores a la suscripción del documento (que fue el 7 de marzo de este año) por lo que no se sabe si ese dinero ya ha sido depositado. Y señala un saldo de 6,6 millones que será cancelado “el otro año, con la aprobación del presupuesto 2013 o, en su defecto, con la reconducción del mismo, en caso que la Legislatura no apruebe la ley”.
Sin embargo, el caso tiene otras alternativas que sirven como indicio de una probable sobrevaluación de las tierras.
El 1 de octubre de 2010, cuando faltaban siete meses para la expropiación, Pole Fueguina le vendió casi la totalidad del predio (445.135 metros cuadrados) a la firma “El Imperio Inmobiliaria Construcciones”, según se desprende del boleto de compra venta asentado ese mismo día en la escribanía del escribano Javier Giacciani.
La operatoria se realizó por un total $3,5 millones, es decir a razón de $7,86 el metro cuadrado. Aún así, los terrenos que según sus propios dueños costaban ese valor (porque de hecho los vendieron a ese precio) fueron expropiados por el Estado provincial a razón de $22,93 pesos el metro cuadrado.
Tanto fue conveniente la expropiación para los propietarios, que lejos de accionar legalmente entre ellos o contra el Estado, Pole Fueguina y El imperio designaron un mismo apoderado (el abogado Francisco Ibarra Rodríguez) para aceptar el monto expropiatorio en conjunto, ya que al no haberse realizado la escritura, los terrenos seguían figurando a nombre de Pole Fueguina.
Claro que también queda por resolver un problema adicional. El Imperio pensaba llevar a cabo su propio proyecto de urbanización de la zona, y para cuando se supo de la posible expropiación, ya le había vendido terrenos individuales a ochenta y nueve vecinos de Río Grande. Estas personas pagaron su tierra pero nunca pudieron acceder a ella legalmente y tampoco les devolvieron el dinero. La promesa de los socios de la inmobiliaria que aún permanecen en ella es que cuando reciban el dinero del Estado (en realidad de Pole Fueguina) le reintegrarán los montos a los compradores, aunque muchos desconfían y creen que deberán accionar judicialmente.
Cuentas claras
En cualquier caso, se desprende de estos datos que la Provincia acordó pagar $14,5 millones por tierras de la primera expropiación que había sido adquiridas a $1,1 millones, de donde se deduce un supuesto perjuicio fiscal del orden de los $13,4 millones.
Por otro lado, en la segunda expropiación, estaría demostrado que el Estado pagará 12,6 millones lo que en realidad valía proporcionalmente unos $4,3 millones, lo que redundaría en un perjuicio de unos $8,3 millones.
En total, las arcas públicas desembolsarán $27,1 millones para expropiar terrenos cuyo costo real sería de unos $5,4 millones. La cuenta es sencilla: $21,7 millones de dinero cuyo origen y razón de ser deben ser investigados ahora por la Justicia.
