E
l Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas acaba de emitir sus observaciones sobre la Argentina, a través de un documento fechado en Ginebra el 27 de septiembre pasado. Con relación a este tema, el diputado fueguino mandato cumplido Leonardo Gorbacz explicó que “el Comité está encargado de monitorear el cumplimiento de la Convención por parte de los distintos países que la han suscrito, como es el caso de la Argentina”, y que es “habitual que en los informes se señalen aspectos positivos y recomendaciones para cumplir con los compromisos asumidos ante la comunidad internacional”.
El punto 9 del documento reza textualmente en su último párrafo que “preocupa asimismo, que algunas provincias todavía no se hayan adherido a la Ley No. 24.901 sobre Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad” y en el punto 10 “insta a asegurar la adhesión de todas las Provincias a la Ley No. 24.901”. En ese sentido Gorbacz destacó que “afortunadamente luego de muchas resistencias Tierra del Fuego adhirió a la Ley 24901 hace muy poco, y este documento del Comité demuestra que la demanda de los grupos de padres era absolutamente acorde al derecho internacional vigente”. Cabe destacar la provincia adhirió a mediados de año a la ley en cuestión y el próximo 6 de marzo de 2013 se cumple el plazo por el cual el Ejecutivo deberá arbitrar las medidas necesarias para la implementacion de la normativa.
El dirigente de Encuentro Popular también destacó el reconocimiento que el Comité hace de la Ley de Salud Mental 26657, de la cual es autor, y explicó que “en el documento se reconoce que la Ley 26657 se centra en el modelo de derechos humanos de la discapacidad, y por eso le están pidiendo a la Argentina acelerar el proceso de desinstitucionalización de personas con discapacidad psicosocial, es decir, la reglamentación y aplicación efectiva de la ley”.
Un informe del CELS señala que en Argentina unas 25 mil personas viven durante años en manicomios, en franca violación a sus derechos humanos fundamentales. El documento de la ONU también solicita que el texto del nuevo Código Civil se adapte a la Convención, sustituyendo la figura de los curadores por un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad civil.
“Venimos trabajando junto a la Mesa Federal de Salud Mental y Derechos Humanos y a muchas organizaciones en realizar aportes que mejoren el texto del Código Civil y lo adapten a la Convención”, comentó Gorbacz, quien el 28 de agosto pasado expuso estos puntos de vista en el Senado de la Nación, ante la Comisión Bicameral presidida por el Senador Fuentes y la Diputada Diana Conti.
El ex diputado nacional y actual funcionario del Gobierno Nacional detalló que “debemos evitar por todos los medios que una persona con discapacidad psicosocial quede privada del ejercicio de sus derechos como sucede en la actualidad a través de la declaración judicial de incapacidad”. ”Estamos acercando propuestas para que la nueva legislación le brinde a las personas los apoyos que sean necesarios para ejercer sus derechos sin que su voluntad sea sustituida por la de otra persona”, finalizó Gorbacz.
