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a Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande confirmó los procesamientos del ex presidente del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Ángel García Casanovas, y del ex secretario de actas del organismo, Néstor Omar Sierra, en la causa judicial que investiga el escándalo de la empresa fantasma Glisud SA.
A su vez, la Cámara todavía sigue sin resolver la situación de los otros tres procesados que tuvo el caso en primera instancia: el ex presidente de Glisud, Rolando Enrique Pinto, y los ex apoderados de la compañía, la contadora Graciela Teresa D´adamo (apodada Gatúbela por las fotografías en que apareció disfrazada como el personaje de la serie Batman) y el abogado Francisco José Martín Grondona.
Glisud es la empresa fundada por dos ancianas indigentes y con domicilio en un prostíbulo de Buenos Aires que operó durante el gobierno del ex gobernador Carlos Manfredotti para quedarse con propiedades del Fondo Residual del BTF.
Según resolvió el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, en abril de este año, las autoridades del Residual actuaron en connivencia con integrantes de la firma fantasma para incorporar documentación falsa al concurso público mediante el cual se vendieron créditos del Fondo, el 30 de diciembre de 2002. El magistrado dio por demostrado que el objetivo de la supuesta operación fraudulenta fue producir un lucro indebido a favor de Glisud (que se quedó así con las deudas hipotecarias de Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano) generando un perjuicio al organismo.
De Gamas Soler también dio por probado que la oferta presentada por la empresa en el concurso era falsa, y que probablemente los papeles fueron falsificados dentro de las oficinas del propio Fondo Residual.
Suerte diversa
Las apelaciones al pronunciamiento del juez de primera instancia presentadas por los cinco imputados de la causa corrieron distinta suerte procesal.
En el caso de García Casanovas, el procesamiento quedó firme porque los jueces (tanto De Gamas Soler primero como los camaristas después) consideraron que el recurso había sido presentado en forma extemporánea.
En cuanto a Sierra, en cambio, los integrantes de la Cámara de Apelaciones Jorge Luis Jofré, Walter Tabárez Guerrero y Josefa Martín fallaron ratificando el criterio de la instrucción del caso, en un pronunciamiento dictado el 3 de septiembre. Sierra es defendido en el expediente por el defensor oficial Juan Carlos Assan.
Por su parte la situación de Pinto, D´adamo y Grondona, a quienes defiende el abogado (y ex juez) Luis Felipe Ricca, aún sigue sin definirse en ámbito de la Cámara. Ello es así porque la defensa presentó un pedido de nulidad del procesamiento basado en una cuestión procesal, y ante la negativa del juez De Gamas de aceptar el planteo, el letrado se dirigió en queja ante el órgano de apelación que abrió esa instancia pero aún no la resolvió.
Según indicaron fuentes judiciales, Ricca cuestiona la supuesta imposibilidad de haber elegido libremente un perito de parte para que interviniera en las pericias dispuestas por el juez, algo que el magistrado rechaza con el argumento de que se le permitió seleccionar a un especialista entre los incluidos en un listado oficial del juzgado.
La investigación que se inició en 2004 a raíz de la denuncia presentada por el abogado Javier Da Fonseca, se reactivó en 2011 a partir de las pruebas aportadas por el testigo Víctor Tela, a quien el mismo grupo de gente defraudó para quedarse con un predio en las inmediaciones de Tolhuin, según se investiga en una causa judicial distinta que tramita en Buenos Aires y que está en condiciones de ser juzgada en juicio oral.
La investigación personal de Tela logró reunir datos fundamentales para el caso Glisud, como por ejemplo que la compañía había sido fundada por dos ancianas indigentes y transferida luego a Pinto (un ex empleado del ex diputado y vicegobernador Daniel Gallo) o que el domicilio legal de la compañía (Corrientes 1888 en Buenos Aires) era un prostíbulo regenteado por D´adamo (o Gatúbela) quien además fue asesora de Gallo en la Legislatura.
Por otra parte, los bonos utilizados para la compra de créditos del Residual fueron adquiridos por Pinto a una sociedad uruguaya, llamada Crider Trading SA, de la que él mismo era representante. El origen de esos fondos está siendo investigado en otra causa por presunto lavado de dinero que tramita en el mismo juzgado de De Gamas.
La hijastra de Pinto y vicepresidente de Glisud, Tamara Melina Solari, a quien también se investigaba en el expediente principal, fue beneficiada por una “falta de mérito”, aunque todavía continúa ligada a la causa.
En tanto, otro grupo de tres compradores de créditos del Residual por la misma metodología (por concurso de precios y utilizando bonos de la deuda pública como forma de pago) fueron directamente sobreseídos.
La causa, considerada un emblema de las irregularidades cometidas en el organismo que tiene como misión recuperar dinero para saldar la deuda histórica con el IPAUSS, tuvo siempre un alto impacto político. La gobernadora Fabiana Ríos, quien colaboró con la investigación cuando era diputada nacional, aludió al caso como parte de la “burocracia de la Justicia” durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el último 1 de marzo.
