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omo documentación adjunta al proyecto de ley de presupuesto 2013, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento copia de la nota de contestación al reclamo efectuado por el Municipio de Ushuaia por la detracción de 60 millones de pesos del total de recursos de coparticipación federal dispuesta para ser destinados a solventar el pago de la sentencia judicial que condenó a la provincia a pagar 56,5 millones de pesos de deuda histórica previsional al IPAUSS.
E acuerdo a la presentación efectuada el pasado 18 de septiembre por la Gobernadora ante la Legislatura, el intendente de Ushuaia objetó la decisión del Poder Ejecutivo de disponer dentro del proyecto de ley de presupuesto provincial para el 2013 la detracción de 60 millones de pesos, en forma previa la distribución secundaria, del monto total estimado de recursos de coparticipación federal para cumplir con el plan de pago propuesto al IPAUSS en el marco de sentencia judicial que condenó a la Provincia a pagar al Instituto 56,5 millones de pesos en concepto de deuda histórica provisional.
Para la Gobernadora la decisión tiene debido respaldo legal, por cuanto sostiene que fue el Poder Legislativo quien por ley 478 determinó que ese el Estado Provincial responsable de la cancelación de la denominada deuda histórica con el sistema previsional del personal de la administración pública de Tierra del Fuego. En la nota remita por el intendente Sciurano a Ríos el 13 de septiembre, el intendente capitalino sostiene que “ha causado sorpresa” la detracción prevista en el proyecto de presupuesto 2013 por cuanto “no existe razón alguna que justifique la misma”. Refiere que la deducción en cuestión se vincula con una sentencia judicial referida “a deudas del Estado provincial con el IPAUSS, y por tal motivo totalmente ajena las Municipalidades de esta Provincia. Por lo tanto, la detracción que se promueve a través del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2013 carece de todo sustento.”
Al día siguiente, 14 de septiembre, la gobernadora Ríos respondió al Intendente su inquietud señalando la sentencia en cuestión está relacionada con el pago de los 208 millones de dólares que el IPAUSS tenía depositados en plazo fijo en el BTF y que el banco no pudo devolver por haber respaldado con ellos créditos otorgados sin las garantía suficientes a actores privados, Ríos recuerda en su escrito que en el año 2000 la Legislatura aprobó la ley 478 “que de alguna manera estatizó la deuda privada” y puso como responsable del pago de la misma al Estado Provincial con la garantía de recupero que realizara el Fondo Residual de la cartera morosa del BTF que fuera excluida dentro del proceso de saneamiento de esa institución bancaria. Y que por ley 676 la Legislatura dispuso como garantía de pago de esa deuda que “la Provincia de Tierra del Fuego ceda al IPAUSS, en forma irrevocable, la parte de sus recursos de la coparticipación federal de impuestos establecidos por la ley nacional 23.548.”
Agrega que “el juicio, a través de la sentencia ordenada por la Justicia provincial, obliga a pagar esa deuda, y pone en cabeza del Ejecutivo Provincial la demanda, en tanto representante constitucional del Estado Provincial, pero en modo alguno, se trata de deudas originadas por aquél”, por lo que sostiene que ante circunstancia “nos encontramos el ejecutivo provincial, los ejecutivos municipales, el ejecutivo comunal y la totalidad de entes y demás poderes del Estado en igualdad de condiciones frente a la circunstancia que supone reintegrar (al organismo de la seguridad social) ese dinero que fue solicitado y no cancelados por privados…”, a la vez que califica como forzada la interpretación del municipios capitalino de pretender que “Estado y Poder Ejecutivo sean sinónimos”, cuando el segundo es una parte de las partes que integran el primero.
