T
res personas mayores detenidas y siete mujeres que podrían ser víctimas del delito de trata de personas fue el saldo de un allanamiento realizado ayer en el local nocturno Sheik, ubicado en la esquina de las calles Gobernador Paz y Roca.
El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, a raíz de una investigación que vienen realizando en conjunto el juzgado y la Fiscalía Federal a cargo del fiscal Juan Arturo Soria.
La medida judicial se llevó a cabo a partir de la madrugada de ayer y fue cumplida por una veintena de efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes permanecieron en el lugar cumpliendo dirigencias hasta pasado el mediodía.
El caso es por el mismo tema aunque diferente al que dio origen a un allanamiento en el local Black and White, el pasado 27 de abril, que concluyó con la detención y posterior procesamiento de seis personas, entre ellos el encargado del negocio, Víctor Antonio Morales. Durante ese operativo fueron liberadas unas quince mujeres, pero en sólo diez de los casos se verificó que eran víctimas de trata.
La causa judicial por la actividad en Sheik se sustanciaba de manera paralela y sin conexión con la otra, si bien el delito investigado y en muchos casos el modus operandi de los involucrados es similar, revelaron fuentes cercanas a la investigación.
Los dueños y la encargada
Según trascendió, la Gendarmería con supervisión de la Justicia Federal venía realizando tareas investigativas desde hacía varios meses sobre el local de Sheik.
La sospecha principal es que por el lugar circulaban mujeres jóvenes traídas desde otras provincias y que desempeñaban la prostitución atadas a reglas de dependencia que configuran el delito de trata.
Si bien no eran obligadas a prostituirse por la fuerza, como en el caso de Black and White debían devolver el dinero de pasajes aéreos, pagar el alquiler y otras obligaciones generadas por los empleadores de manera que nunca pudieran saldar por completo las deudas ni disponer de su dinero.
En estos casos la Justicia también evalúa la situación socioeconómica de las mujeres, su nivel de comprensión de la actividad que realizan y la oportunidad en que fueron reclutadas en distintos sitios del país.
Los investigadores contarían con decenas de grabaciones telefónicas y copias de mensajes de texto a través de los cuales reconstruyeron el vínculo entre las supuestas víctimas y los responsables del local nocturno.
De los tres detenidos, dos serían los propietarios del lugar y una la encargada de regentearlo, aunque la Justicia avanzaba aún en las presuntas responsabilidades que le caben a cada uno por su participación en los hechos.
De todas maneras, quedaron detenidos e incomunicados hasta el momento en que presten declaración indagatoria ante el juez Calvete. Recién entonces habrá más precisiones sobre la modalidad delictiva que se les atribuye.
En relación a las mujeres rescatadas del local, ayer fueron sometidas a una ronda de declaraciones testimoniales para que cada una contara su propia historia sobre la forma en que llegaron a la isla y el tipo de tarea que desempeñaban.
Según fuentes allegadas al caso, algunas vivían en un cuarto pequeño situado al lado del negocio, sobre la calle Roca, donde se sospecha que en algunos casos también se ejercía de la prostitución.
Un antecedente cercano
Por el caso de Black and White, el juez Calvete consideró que los dos hombres y cuatro mujeres que fueron procesados cometieron el delito de “trata de personas con fines de explotación sexual agravado”. De todos modos quedaron libres mientras se tramita el proceso.
El fallo judicial que ahora puede servir de antecedente fijó postura sobre este tipo de ilícito, ya que se trata de hechos donde, muchas veces, las propias damnificadas no se consideran como tales. Inclusive varias de las mujeres de aquel operativo realizaron declaraciones públicas sosteniendo que ellas trabajaban por propia elección y que no eran explotadas.
A raíz de ese caso intervino la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y la oficina de rescate dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ambos casos avalando la tarea desplegada por las autoridades judiciales locales.
Por su parte, tanto el juez Calvete como el fiscal Soria requirieron al Concejo Deliberante la prohibición de funcionamiento de los locales nocturnos, lo que derivó en que el organismo suspendiera el otorgamiento de nuevas habilitaciones, pero sin proceder al cierre de los actualmente en funcionamiento.
A su vez, la Justicia inició una causa por presunto incumplimiento de sus deberes contra los inspectores municipales que habían controlado Black and White sin notar nunca la parte de las instalaciones donde se ejercía la prostitución.
