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a gobernadora Fabiana Ríos entendió como “una presión hacia el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, de parte de la Municipalidad de Ushuaia, preguntar a los vecinos si están de acuerdo o no con “la quita del 25% como mínimo de la coparticipación municipal por la interpretación de la ley provincial 648 que realiza el Gobierno de la Provincia”, según reza textualmente el enunciado de la consulta popular.
A través de una gacetilla oficial, manifestó también que “en principio, una pregunta que se formula con una falacia, tendrá como respuesta una falacia”, y que a su entender “el planteo debería ser sí se está de acuerdo o no con que los recursos destinados a Educación sean detraídos previamente a la distribución de la coparticipación”.
Ríos criticó también al Municipio de Ushuaia por “haber instalado este tema como una quita del 25% de coparticipación, cuando la cuestión a discutir, y que tiene que ver con la acción declarativa de certeza, es que esos recursos irán a Educación, y sin embargo esa palabra no aparece en ningún lado” y reiteró que “el Estado provincial no pretende asfixiar ni ahogar a nadie. Si queríamos perjudicar a alguien, hubiésemos adoptado la interpretación que nosotros creíamos que había que adoptarse y que fueran otros los que judicializaran” la medida.
Manifestó su desacuerdo con el accionar de la gestión de Federico Sciurano, ya que dijo que “si uno se somete a jurisdicción de los Poderes del Estado, no puede en el medio generar una situación de consulta popular, que es claramente una presión hacia el Poder Legislativo y el Poder Judicial en términos políticos”.
Por otra parte, cuestionó que en el día de ayer el Municipio de Ushuaia haya presentado “ante el Superior Tribunal de Justicia una medida cautelar de no innovar para que no sentencien, cuando hace un mes el Municipio de Ushuaia de común acuerdo con el resto de los municipios, aceptó terminar de hablar y que se llame a sentencia por la cuestión de la 648”.

Patricia Bertolín: “La ciudadanía debe saber y poder expresarse” Desde el Municipio, la secretaria Legal y Técnica, Patricia Bertolín, ratificó haber presentado ante el STJ una cautelar solicitando “una medida de no innovar”, y también que la causa que tramita ante el máximo tribunal a partir del pedido de certeza planteado por el Ejecutivo Provincial respecto a los alcances de la 648, “se abra a prueba y no como quiere la gobernadora, que se expida ahora sobre la base del puro derecho”. “Los mismos argumentos que le planteamos a la ciudadanía en la consulta, son los que están escritos en la cautelar, porque si efectivamente el gobierno absorbe para educación y como mínimo el 25 por ciento, las municipalidades quedan a merced de ellos. La ciudadanía debe saber y poder expresarse, decir sí o no, sobre esta posibilidad”, argumentó Bertolín.

Ríos dijo “no entender” el sentido de poner en duda la nacionalidad argentina de los malvinenses La gobernadora Fabiana Ríos planteó “no entender” cuál fue el sentido de incluir en la consulta popular impulsada por la Municipalidad de Ushuaia la pregunta de considerar o no argentinas a las personas nacidas en Malvinas. Además criticó que “no se hayan merituado las consecuencias que esto iba a tener en términos de derecho internacional y del reclamo jurisdiccional que la República Argentina lleva adelante”. A través de gacetilla de prensa, la gobernadora de la provincia Fabiana Ríos hizo conocer también su opinión respecto a la primera pregunta sobre la cuestión Malvinas que horas después de proponerla fue retirada por Federico Sciurano. “No entiendo el sentido de la pregunta, siendo que vivimos en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas forman parte del archipiélago del Atlántico Sur, y hasta hemos entregado un DNI a través del Registro Nacional de las Personas, a un ciudadano nacido en las Islas Malvinas”, señaló la Mandataria. Ríos admitió que en principio recibió “con mucha preocupación” la inclusión de esa pregunta en la consulta popular; y luego “con mucha satisfacción” que se haya decidido eliminarla del cuestionario. “Preocupa que se haya incluido esa pregunta, porque es como poner dudas sobre una cuestión que está completamente resuelta”, y que además “puede generar antecedentes en el ámbito del derecho internacional”, observó. “Me parece que no se merituaron las consecuencias que esto podría a tener en términos de derecho internacional y de reclamo jurisdiccional que la Argentina está llevando adelante”, manifestó finalmente.