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espués de meses de negociaciones y a horas de que se conociera un fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre el tema, el Gobierno provincial y los Municipios acordaron ayer una salida política al conflicto sobre la distribución de fondos coparticipables basado en la interpretación de la ley 648 de financiamiento educativo.
Las partes rubricaron ayer el denominado “Documento Río Grande” mediante el cual se establecieron las pautas para asegurar una superación consensuada del diferendo que sostenían, y que al parecer dejó conformes a los representantes de cada una de las administraciones.
A grandes rasgos, el acuerdo incluye una notificación al Superior Tribunal (que se realizará formalmente hoy a las 7) cuyo espíritu es impedir que los jueces dicten sentencia en el proceso de declaración de certeza abierto por el Gobierno sobre la interpretación de la ley 648. Si bien no habrá un desistimiento expreso, el espíritu del acta indica que se alcanzó un acuerdo y que por lo tanto ya no hace falta un pronunciamiento judicial.
Por otra parte, se desprende del documento que los municipios no verán recortados sus fondos coparticipables tal como se pretendía originalmente desde el Ejecutivo provincial, y en su lugar se buscarán otros mecanismos para financiar los servicios elementales del Estado como la Salud y la Educación.
En ese contexto, la Municipalidad de Ushuaia se comprometió a retirar de la consulta popular convocada para el 28 y 29 de este mes la pregunta referida al recorte de fondos coparticipables.
Puntos centrales
El “Documento Río Grande” fue suscripto por ministro jefe de gabinete Guillermo Aramburu, por el intendente de Ushuaia Federico Sciurano, por el intendente de Tolhuin Claudio Queno y por el intendente de Río Grande Gustavo Melella.
En una especie de declaración de principios, las partes acordaron primero “abordar las diversas problemáticas que afectan a todos los ciudadanos de la provincia y reconocen la necesidad de encontrar herramientas legislativas y políticas que garanticen acciones conjuntas para la efectiva prestación de los servicios públicos. En este sentido, las partes expresan la férrea convicción de que las políticas de Salud, Educación y Seguridad son transversales a todos los niveles de gobierno, sea en un rol provincial o municipal”.
Después, el acta menciona prioridades para encarar el proceso hacia esos objetivos, a saber:
1– Establecer mecanismos de financiamiento del Estado provincial, tendientes a incrementar los recursos actuales con el objeto de garantizar los servicios básicos indelegables.
2– Propiciar la creación de fondos de afectación especifica (tomando como base los oportunamente propuestos en el proyecto de ley de presupuesto 2011) destinados a la prestación servicios esenciales.
3–Elevar a la Legislatura alternativas superadoras que eliminen las dificultades en la aplicación de la Ley 648 en lo que refiere al cálculo del financiamiento de los servicios educativos y no comprometa el normal funcionamiento de los municipios, reconociendo al espacio político como el medio natural para la resolución de conflictos en la materia. En este sentido y este efecto, el Municipio de Ushuaia se compromete a retirar la pregunta 2 de la consulta popular de los días 28 y 29 de noviembre.
Por último, las partes disponen elevar copia del documento al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Poder Legislativo de la Provincia, Tribunal de Cuentas de la Provincia, Fiscalía de Estado, Concejo Deliberante de Ushuaia, Concejo Deliberante de Río Grande y Concejo Deliberante de Tolhuin.
