E
l abogado de Río Grande Francisco Giménez confirmó ayer que presentará un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Mayor de esa ciudad, Guillermo Quadrini, por su actuación en la causa judicial que investiga torturas contra dos jóvenes en el interior de una comisaría y en los pasillos del Hospital.
Giménez anunció que realizará la presentación correspondiente ante el Consejo Provincial de la Magistratura luego de que se conociera la decisión de la Cámara de Apelaciones de la provincia de apartar al juez de la causa, Héctor Ochoa, tras constatar una serie de irregularidades en el desarrollo del procedimiento.
Si bien los camaristas no apartaron a Quadrini por entender que no era de su competencia hacerlo, aludieron también a una serie de deficiencias por parte de la Fiscalía que casi terminan con un policía acusado de un delito menor si no fuera por la apelación que realizó la parque querellante en el caso, encabezada por Giménez.
La causa que conmocionó a la provincia comenzó en febrero del año pasado, cuando dos jóvenes, Franco Torres y Federico Sosa, denunciaron haber sido golpeados y lesionados durante su detención en la comisaría tercera de Río Grande y en el interior del Hospital Regional de esa ciudad.
Luego de una serie de dilaciones, Ochoa detuvo a cuatro policías y dictó un primer pronunciamiento en el que procesó por torturas a dos de ellos, y a otros les atribuyó delitos menores, los sobreseyó o les dictó falta de mérito.
La Fiscalía apeló los sobreseimientos pero a través de un escrito que tenía falencias técnicas y la Cámara lo hizo notar y confirmó el fallo de primera instancia.
Después, cuando el juez dictó una segunda resolución sobre el caso, Quadrini directamente no apeló y solo lo hizo la querella, quien considera que allí se configuró otra falta grave y constitutiva de mal desempeño funcional.
“Es evidente que estamos ante una de las causales de jury de enjuiciamiento. No es posible que un fiscal mayor de la provincia primero apele con fallas técnicas elementales y luego directamente no apele”, afirmó Giménez ayer, en dialogo con un periodista de EDFM.
Al respecto, deslizó que le pedirá al Consejo de la Magistratura que se averigüe “dónde estaba Quadrini cuando corrían los plazos para apelar, si estaba de licencia y por qué lapso. Porque yo creo que estaba fuera de la provincia y que volvió tarde. Tenía que regresar un lunes y volvió un miércoles”, señaló.
También dijo que solicitará saber si el fiscal instruyó a un colega suyo para que presente la apelación, y en todo caso porqué la presentación no se llevó a cabo.
Según el letrado que además presidente el Colegio Público de Abogados, la intervención fallida del fiscal debería motivar, además, una actuación por parte del fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano, quien “no solamente es su superior, sino que es un especialista en Derechos Humanos y por lo tanto debe seguir de cerca la marcha de esta investigación”.
En cuanto a las observaciones realizadas por la Cámara de Apelaciones, Giménez explicó que el organismo “se cuidó mucho de no criticarlo expresamente, aunque dejó claro que si no fuera por la querella, el fallo hubiera quedado consentido”.
“No era atribución de la Cámara apartarlo de la causa, pero si lo hubiera sido seguramente lo apartaban”, consideró el letrado.
El juez en situación distinta
A su vez, en relación al desempeño del juez Ochoa, Giménez distinguió su situación respecto de la del fiscal Quadrini.
“El juez ha tomado resoluciones en la causa. Uno puede no estar de acuerdo, y de hecho ha recurrido a la instancia superior para revertirlas. Pero no es una actuación irregular”, aseveró.
Sin embargo, detalló que los camaristas lo apartaron del caso tras corroborar las reiteradas observaciones realizadas, inclusive, por ese mismo organismo a lo largo del proceso. Por ejemplo en noviembre de 2011 la Cámara instruyó al juez para que ordenara la detención de los posibles responsables del delito de tortura, y el magistrado no cumplió la orden hasta nueve meses más tarde.
“Nosotros no esperábamos esta resolución y tampoco la habíamos pedido. Pero los jueces hicieron sus propias evaluaciones y este es el resultado”, indicó Giménez.
La causa tiene en este momento a un solo procesado por el delito de torturas, el sargento César Gómez, mientras que el oficial ayudante Cristian Verón, acusado del delito consistente en “la omisión de hacer cesar o evitar” el hecho principal, fue excarcelado.
Por su parte el jefe de guardia de la Comisaría fue procesado por supuestas vejaciones. Este es el pronunciamiento que solo apeló la querella y que la Cámara anuló en la misma decisión donde apartó al juez Ochoa. Ahora será el nuevo magistrado del caso, Eduardo López, quien deberá resolver una vez más la situación procesal del uniformado, a quien la querella también tiene como sospechoso de torturas.
La situación de todos los efectivos implicados en el caso se complicó después de un estudio realizado por peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se desprendió que las lesiones sufridas por los jóvenes torturados eran compatibles con el paso de energía eléctrica a través del cuerpo.
