E
n función de optimizar los recursos financieros del Poder Ejecutivo Provincial y racionalizar la administración del gasto público, la gobernadora Fabiana Ríos dispuso “establecer la no percepción por parte de la suscrita, del Vicegobernador de la Provincia y de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Provincial de los ajustes retroactivos, pendientes de liquidación al 1 de noviembre del corriente año, generados por la modificación en las remuneraciones de los señores Intendentes y la aplicación de lo establecido en la Ley Provincial N° 855”.
De esta manera, mediante el decreto 2645, dictado el pasado 22 de noviembre y publicado el viernes 30 de ese mismo mes, el incremento salarial del 13% dispuesto en agosto para el Municipio de Río Grande y del 10% escalonado en octubre en el de Ushuaia (5% en octubre y 5% en enero) no afectarán los actuales niveles remunerativos que perciben a la fecha los funcionarios electos y designados del Poder Ejecutivo Provincial.
La medida alcanza las remuneraciones de la Gobernadora; Vicegobernador; Ministros; Secretarios de Estado; Secretarios; Presidentes de Entes; Subsecretarios; Jefe de Policía; Director Provincial del Servicio Penitenciario; Escribano General; Directores Provinciales; Contador y Sub Contador General; Tesorero y Sub Tesorero General; Auditor General y Auditor Legal, en tanto que quedan por fuera de la limitación los Coordinadores y los agentes de gabinete categoría A a F.
A fines del mes de octubre fuentes gubernamentales habían indicado que la decisión política de no aplicar los últimos aumentos salariales dispuestos por los intendentes de Ushuaia y Río Grande, y que por aplicación de la ley de dietas impactan directamente en los niveles remunerativos de la planta de funcionarios políticos provinciales ya estaba tomada, y que sólo restaba definir la forma de implementarla.
El congelamiento también alcanzaría a los legisladores
Teniendo en cuenta que la decisión de la Gobernadora de no trasladar los últimos aumentos salariales percibidos por los intendentes Sciurano y Melella a las remuneraciones de las autoridades del Poder Ejecutivo alcanza a la retribución del Vicegobernador, el decreto en cuestión actuaría también como una limitante en los haberes de los parlamentarios.
Ello por cuanto la ley 855 fijó la dieta de los legisladores “en una suma equivalente al 90% de la remuneración total dispuesta para el Gobernador por todo concepto”. Es decir, al no aumentar el haber de referencia, las dietas deberían mantenerse inalterables. Pero aún en el caso de que se pretendiera hacer otra lectura de la ley dietas aprobada de hecho en octubre de 2011, los legisladores encontrarían otro escollo para verse beneficiados con los aumentos de los sueldos de los Intendentes, ya que el artículo 95 de la Constitución Provincial determina que la dieta que, por todo concepto ellos perciben, no puede exceder la acordada para el Vicegobernador, que es equivalente al 95% de la de la Gobernadora.
En igual situación se encontrarían los miembros del Tribunal de Cuentas, los que a partir de la sanción de la ley 861 (modificatoria del Presupuesto 2011) tiene su haber referenciado al 90% de la remuneración de la mandataria provincial.
