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or medio de la presente, los profesionales de la Administración Pública Provincial agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales Universitarios Fueguinos del Estado (ASPUE – ASPUFE) y la Asociación de Profesionales de la Administración Pública (APAP), ponemos en conocimiento de la sociedad fueguina la política de desprofesionalización del Estado que lleva adelante la gestión que encabeza la Gobernadora Fabiana Ríos, y las consecuencias que esta política deliberada y planificada de vaciamiento tiene para la comunidad en su conjunto.
El mejoramiento en la calidad del recurso humano de la administración estatal permite responder a un contexto dinámico y cambiante y trae aparejado el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, posibilitando dar continuidad y coherencia a las políticas públicas, aportar al bienestar social, contar con capacidad técnica que contribuya a optimizar la calidad de los servicios y la eficiencia del gasto público y mejorar la transparencia y el control de la corrupción.
El nivel salarial con que esta gestión procura remunerar la labor profesional no sólo provoca el desinterés de los colegas en ingresar a la Administración, prueba de ello la cantidad de concursos que han quedado desiertos, sino que también nos empuja a migrar ante alternativas laborales mucho más atractivas. Hoy sólo somos 293 cuando hace dos años superábamos los 330.
Resultan llamativamente notorias las asimetrías salariales existentes dentro del propio sector público, lo cual resulta violatorio del principio de igual remuneración por igual tarea consagrado en el artículo 16 de la Constitución Provincial. En efecto, hoy por hoy, un profesional que ingresa a la Administración lo hace con un sueldo de $ 7.100, valor que no sólo es insuficiente para cubrir la canasta básica conforme lo señalan las propias estadísticas oficiales, sino que resulta ser menos de la mitad de lo que percibiría si ingresase en alguno de los organismos de control provinciales.
Pero esto no es casual sino que forma parte de una acción deliberada. Vamos camino a un Estado sin ingenieros forestales y por lo tanto a un bosque nativo sin control, sin arquitectos ni ingenieros que diseñen escuelas y centros de salud, sin informáticos que desarrollen y mantengan los sistemas y por lo tanto sin información, sin transferencias de propiedad puesto que no habrá agrimensores que aprueben las mensuras, sin licenciados en trabajo social que se ocupen de las personas más vulnerables, en definitiva, un Estado cada día más desprofesionalizado e incapaz de resolver los problemas de los fueguinos.
Y decimos deliberada y planificada porque de otra manera no se explica el permanente ninguneo, la mentira y la mala fe negocial, que impiden y conspiran contra un diálogo franco que permita arribar a una solución consensuada y detener la sangría permanente de profesionales. Desde el momento de entrada en vigencia del escalafón, hemos sido objeto de un manoseo permanente y de un incumplimiento sistemático respecto de los acuerdos arribados.
Nos argumentan que “no hay plata” para jerarquizar nuestra labor, pero no nos explican por qué mientras los recursos que administra el estado crecieron en más de un 85%, desde enero de 2010 (momento de entrada en vigencia al escalafón) a la fecha, el salario promedio de un profesional varió sólo un 47%.
Pero donde en mayor medida se pone de manifiesto esta intencionalidad de sortear los mecanismos de selección transparentes que aseguran independencia e idoneidad, para disponer en su reemplazo el ingreso de familiares, amigos y el pago de favores políticos, es el incremento en este mismo período experimentado en el costo salarial mensual de la planta de funcionaros, que pasó de $ 1.767.302 a $ 8.381.185 lo que representa un extraordinario 734%.
A todas estas cuestiones se suman el permanente maltrato y discriminación que sufrimos los trabajadores pertenecientes al “Escalafón Profesional Universitario” de parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.
Por todo esto, por el creciente deterioro que percibimos en la gestión gubernamental y por las situaciones vividas en este último tiempo, nos sentimos obligados a poner en conocimiento de toda la comunidad la concebida intención de vaciar de profesionales las estructuras estatales, sustituyéndolos por amigos y obsecuentes que hagan la vista gorda y se callen la boca ante la innumerable cantidad de problemáticas que agobian cada día más a la Administración Pública Provincial.
La gobernadora ha dicho en oportunidad del Primer Congreso Provincial de Administración Pública que no hay neutralidad a la hora de pensar y hablar de la reforma y la modernización del Estado, uno de cuyos necesarios componentes pasa por su nivel de profesionalización.
Surge claramente entonces que el desprecio del que somos objeto, refleja una clara e intencional toma de posición respecto al valor y a la importancia que esta gestión la atribuye a la profesionalización de la gestión pública en el Estado Provincial.
